El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia obliga a una orden religiosa, a un médico, a un hospital y a una fundación a facilitar los datos de un posible niño robado.
El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia obliga a una orden religiosa, a un médico, a un hospital y a una fundación a facilitar los datos de un posible niño robado.
Así consta en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, que responde a la solicitud registrada por el presunto niño robado, quien pidió conocer sus orígenes biológicos, la identidad de su padre y de su madre, incluso aún sin contar con el consentimiento de los mismos.
Según ha explicado el letrado del solicitante, Enrique Vila, la “novedad” de la resolución es que se obliga a dar los datos no solo al hospital donde se produjo el parto, sino también a la orden religiosa de las Mercedarias.
El reclamante nació en el Hospital Virgen del Consuelo de València y su madre biológica estaba asilada durante el embarazo en el Santo Celo, de la calle Jesús, ha explicado el letrado.
En esta institución religiosa, ha agregado, “se acogía a madres embarazadas, la mayoría solteras, algunas de las cuales en la actualidad relatan supuestas coacciones y presiones para entregar a sus hijos en adopción. Alguna de ellas también ha relatado como llegó a reclamar a su hijo en varias ocasiones tras el parto, sin haber dado su consentimiento para la adopción, sin que se le devolviese el bebé”.
Así, el abogado estima que “hay indicios de supuesto robo de niños en dicha institución religiosa, sin que sin embargo se haya podido demostrar en tribunales hasta la fecha ningún hecho delictivo”, ha aclarado.
Las religiosas Mercedarias que regentaban esta institución, que en la actualidad tienen su sede central en Granada, “se niegan a facilitar datos de las madres biológicas, incumpliendo el artículo 39 de la Constitución y el artículo 180 del Código Civil, que reconoce este derecho a los hijos adoptados”, ha lamentado. Algunos afectados, ha añadido Vila, “sospechan que este oscurantismo en los archivos religiosos trate de ocultar supuestas irregularidades en las adopciones y adjudicación de niños”.
El letrado espera que esta “presión judicial” a las instituciones religiosas “logre por fin que la Iglesia se decida a aperturar sus archivos en los que constan la identidad del 80% de las madres biológicas de muchos adoptados y niños robados que buscan a sus familias”.
“La resolución judicial es modélica, recoge el espíritu de la ley, y es suficientemente amplia y concisa para que, si se logra ejecutar por la Generalitat, mi cliente encuentre a su madre biológica y conozca la historia de su adopción y si es una niño robado más”, ha apostillado el abogado.
