Un grupo de juristas pone una demanda para que el Cristo de Monteagudo sea desmontado

Al Cristo de Monteagudo lo quieren desahuciar. Y teniendo en cuenta que el principal impulsor de la demanda, el letrado José Luis Mazón, rara vez da una causa por perdida, más le vale irse preparando para un largo proceso judicial y, en último término, y por si acaso el insólito e inédito asunto llegara a prosperar un día, ir buscándose con tiempo otro monte o finca -mejor privadas- sobre el que erguirse con la misma majestuosidad con que lo ha hecho a lo largo de los últimos 50 años.
Este letrado, junto a una colega de profesión, Encarnación Martínez Segado, y la Asociación Preeminencia del Derecho, de la que ambos son presidente y vicepresidenta, han presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, por el que solicitan la «retirada de símbolo religioso de espacio público (el denominado 'Cristo de Monteagudo')».
La petición, que muy probablemente va a generar bastante controversia, se basa en la llamada 'jurisprudencia Lautsi' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que recientemente obligó al Estado italiano a retirar los crucifijos de las aulas de los colegios públicos. En concreto, este tribunal establecía que «la exposición obligatoria de un símbolo de una confesión concreta en el ejercicio de la función pública, respecto a situaciones específicas sujetas al control gubernamental, en particular las aulas, restringe el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, así como el derecho de los niños a creer o no creer».
El TEDH añadía que «esta medida (la colocación de crucifijos en las aulas de centros educativos públicos) vulnera estos derechos toda vez que las restricciones son incompatibles con el deber del Estado de respetar la neutralidad en el ejercicio de la función pública, en particular en el ámbito de la educación».
Un castillo musulmán
La actual demanda, presentada por Mazón, Martínez Segado y el grupo de juristas que en su mayor parte conforman la citada asociación, ha sido así presentada bajo la fórmula de «recurso especial de tutela de los derechos fundamentales» y el demandado es el Ministerio de Hacienda, como propietario formal del conjunto arquitectónico y de los restos del castillo musulmán sobre el que se asienta la espectacular figura del Cristo de Monteagudo.
Con carácter previo a esta iniciativa judicial, los impulsores de la misma se habían dirigido al Ministerio, recordando que la citada sentencia del TEDH «configura el derecho de libertad religiosa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, obligatorio en España», e instando a la Administración General, «en cumplimiento del derecho fundamental a la aconfesionalidad del Estado, del artículo 16 de la Constitución, a la retirada de la estatua del fundador del Cristianismo».
Recuerdan los demandantes que el Cristo, «desde la década de los años 50, y como reliquia del totalitarismo católico impuesto por el régimen de Franco, sobrevive sobre el castillo musulmán de Monteagudo, cuya belleza destroza, dicho sea de paso». Y justifica el hecho de haberse dirigido en primer lugar al Ministerio de Hacienda por ser el Estado «el propietario del citado monte, castillo y estatua de confesión religiosa».
Van mucho más allá Mazón y sus compañeros de la Asociación Preeminencia del Derecho al poner de manifiesto que «la citada estatua, aparte de constituir una enfermiza incrustación que profana el castillo hispano-musulmán del último rey islámico, y patrimonio histórico, está ubicada en terrenos propiedad del Estado, por lo que proyecta la identificación de éste (el Estado) con el credo católico del cual dimana (la estatua)».
Otra ya fue demolida
Señalan los impulsores de la iniciativa aconfesional que «en septiembre de 1936, bajo la Constitución republicana que proclamaba, como ésta de ahora, la aconfesionalidad del Estado, otra estatua parecida que allí existía fue demolida con buen criterio por el Ayuntamiento de Murcia. En pleno totalitarismo franquista, en 1951, y bajo el régimen dictatorial y confesional de generales y obispos, fue colocada la que ahora se encuentra sobre el Castillo de Monteagudo».
Tras esta exposición de hechos históricos, los demandantes solicitaban del Ministerio de Hacienda que procediera a «la retirada de la estatua que, por ser propiedad pública, una vez desmontada del sitio que ocupa debe de seguir el trato de un bien público que se retira de uso y que se halla establecido por los procedimientos legales».
Recordaban en el escrito dirigido a la Administración Pública, el pasado 15 de enero, que este organismo disponía de 20 días para contestar a la solicitud y ya anunciaban que, de ser negativa la respuesta, interpondrían un procedimiento judicial de tutela de derechos fundamentales.
Como en estos veinte días el Ministerio no ha respondido, Mazón, Martínez Segado y sus compañeros de andanzas judiciales han cumplido la advertencia y han interpuesto el mencionado recurso ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
Recuerdan los promotores de la iniciativa que es la Administración General del Estado la propietaria de la estatua y de los restos sobre los que se asienta, «pues los recibió por herencia de un particular». Y acaban indicando al tribunal que ésta es «una cuestión nítida de derechos fundamentales, libertad religiosa, igualdad y derecho a un Estado aconfesional, con un uso aconfesional de los espacios públicos».

Cristo Monteagudo Murcia

La imponente estatua del Cristo de Monteagudo, erguida sobre el castillo árabe. :: MARTÍNEZ BUESO

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