Un Estado laico y no confesional

La nueva ofensiva del cardenal Cipriani contra la píldora del día siguiente contradice al presidente Humala y confunde creyentes con ciudadanos.

Es bien sabido que una de las obsesiones del arzobispo de Lima y de los grupos fundamentalistas cercanos a su posición es la píldora del día siguiente y, en general, los métodos anticonceptivos, que son rechazados en bloque. Por eso cuando el presidente Humala declaró sobre la anticoncepción oral de emergencia (AOE) o píldora del día siguiente que “la posición del Estado es darles a todas (las mujeres) la oportunidad de acceder a los métodos anticonceptivos” de inmediato le salió al frente.

Y aunque empleó el eufemismo “sin ánimo de discrepar”, es obvio que pretendió zanjar la cuestión diciendo que no estamos ante un problema religioso sino que existe un fallo del TC que pone en duda si la AOE es abortiva o no. En su momento criticamos desde aquí la supina ignorancia manifestada por el TC en dicho fallo negador de la ciencia médica, pues está del todo comprobado, luego de 20 años de uso por millones de mujeres, el nulo efecto abortivo de la AOE y el carácter discriminatorio y regresivo de la posición del TC.

Pero hay más. El señor Cipriani pretende olvidar que el fallo que ahora cita como prueba evidente de que hay estado de derecho fue promovido por grupos católicos ultramontanos que hicieron lobby sobre el TC, cuyos miembros únicamente escucharon las posiciones contrarias a la AOE para redactar su discutible resolución, que invadió el derecho que toda pareja tiene de decidir el método de control familiar de su elección y utilizarlo, sin que la religión deba entrometerse en lo que corresponde a una política pública de un Estado cuya Constitución establece su carácter laico y no confesional.

La AOE impide la unión de los gametos masculino y femenino, por tanto al no darse tal unión no hay vida humana que se interrumpa. Pretender prohibirla, cuando al mismo tiempo se niega otras formas de planificación familiar, es pretender imponer al conjunto de la sociedad una visión retardataria de la sexualidad. No negamos el derecho de la jerarquía a hablar a sus fieles, pero no debe superponerse a políticas de Estado que están dirigidas a los ciudadanos, y no solo a los creyentes.

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