Durante el periodo de la colonización española en América Latina, la corona instauró el denominado “Santo Oficio” de la Inquisición. En 1610 fue impuesto en Cartagena de Indias. Fue una práctica de la iglesia católica que consistía en un tribunal que se encargaba de castigar a las personas acusadas de cometer herejía o blasfemia. El castigo consistía en torturar al acusado hasta hacerlo confesar.
Durante el reinado de los reyes católicos, Fernando e Isabel, la práctica de la inquisición se había establecido con gran fuerza en España. Durante el mandato de Felipe II, esta práctica malévola llegó a Perú en América Latina. Posteriormente fue aplicada en Cartagena de Indias.
Desde entonces el denominado “Santo Oficio de la Inquisición” se dedicó a combatir a quienes denominaban herejes, persiguiendo a musulmanes y luteranos, a personas a quienes acusaba de practicar la bigamia, la blasfemia contra la inquisición y la religión católica, persiguió las creencias religiosas de los esclavos traídos de África, mujeres acusadas de brujería fueron quemadas vivas y sobre todo, a atacó a quienes acusaba de ser enemigos del rey. Es decir, ataco a todo aquel acusado de actos que amenazaran el predominio de la Iglesia Católica y el poder del monarca.
Entre 1560 a 1700 fueron acusados 49092 siendo juzgados por delitos los delitos de judaizantes (motivar a otros a practicar la religión judía), 5007 personas. Musulmanes (11 311); ofensas al Santo Oficio (3954); luteranos (3499); alumbrados (149); supersticiones (3750); proposiciones heréticas (14 319); bigamia (2790); solicitaciones (1241); varios (2575).
Cuando el movimiento revolucionario popular se fortaleció y reaccionó contra la corona española en América Latina, la reacción de la inquisición fue inmediatamente en defensa de la corona. Personajes importantes fueron víctima de la Inquisición. En 1774 el investigador y científico, José Celestino Mutis fue una de las víctimas de la inquisición, siendo investigado por sus adelantos científicos.
Antonio Nariño, quien publicó y difundió los derechos del hombre fue condenado a prisión y desterrado. El sacerdote revolucionario de Cartagena, Juan Fernández Sotomayor fue perseguido por profesar un catecismo donde reconocía los derechos de los pueblos a la libre determinación y la desobediencia al rey. Su obra fue prohibida como también las practicas populares por condenar las injusticias vigentes y por ser una blasfemia contra la religión y sus ministros.
Un intento de revolución ocurrido el 11 de noviembre de 1811 cuando el pueblo se volcó a destruir el “Santo Oficio” exigió a la Junta de Gobierno la abolición inmediata del tribunal. Aunque el tribunal fue derrotado, el ejército expedicionario español de Pablo Murillo lo reinstaló en Cartagena de Indias en 1816. En esta oportunidad se dieron a la tarea de perseguir el baile de los pueblos afro y la masonería.
En 1821 cuando transcurría el periodo de reconstrucción de la nueva república, se discutió sobre los procesos y sistema de Gobierno que se debía acordar. El 22 de agosto de ese año el congreso reunido en Cúcuta suprimió el Tribunal de la Inquisición, y estableció un gobierno popular, representativo y libre de todo poder extranjero.
Aunque los tribunales de la inquisición fueron abolidos, en la actualidad quienes ostentan el poder continúan generando mecanismos para perseguir a aquellas personas que denuncian las injusticias, la discriminación la inequidad y la violación de los derechos humanos.
