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Un colegio de Colombia considera la homosexualidad una falta grave en su manual de convivencia

La corporación Caribe Afirmativo denunció que un colegio en Barranquilla promueve “actitudes discriminatorias” contra la población LGBT. Se refirió a la institución privada Guillermo Carey, en el norte de la ciudad, que –según información a la que accedió– realizará una reunión de padres de familia en la que pedirá firmar un documento contra la adopción igualitaria avalada por la Corte Constitucional.

El colegio, añade la corporación en comunicado, “incluye en su manual de convivencia una serie de conductas sancionables de acuerdo con las directrices institucionales, que deben ser acordes con la Constitución y los derechos de todos y todas, sin embargo, sorprende la siguiente conducta de reproche, evaluada como tipo III, es decir, de las más graves dentro de la escala establecida:

‘3.4. Comportamiento homosexual (varones y hembras) dentro y fuera de la institución. No te echarás con varón como con mujer, es abominación’, Levítico 18:22”.

Caribe Afirmativo indicó que la institución Guillermo Carey promueve “actitudes discriminatorias” contra la población LGBTI al tener catalogado en su manual de convivencia “el comportamiento homosexual (varones y hembras) dentro y fuera de la institución” como una conducta causal para la pérdida del carácter de estudiante durante el año lectivo, para cancelar el contrato educativo y para la expulsión definitiva.

Noemí Janson, rectora del colegio, afirmó que no discriminan a los niños y niñas “al momento de ingresar a la institución”. “A ningún padre de familia le preguntamos qué tendencia sexual  tiene su niño, al momento de ingresar a esta institución, ni a ningún joven hemos sacado por su preferencia. Dentro del colegio trabajamos por los valores y los preservamos, porque nosotros tenemos el derecho constitucional de tener libertad de culto y libertad religiosa no es solo libertad de conciencia”, aseveró.

Sobre el manual explicó que cada año lo revisan para hacerle las modificaciones necesarias. “A nadie se le ha negado el derecho a la educación por sus tendencias. Respetamos a la comunidad LGBTI, creemos que Dios ama a la comunidad y nosotros no tenemos nada en contra de ellos como personas”, sostuvo.

La rectora indicó que mirarán qué cambios deben hacer para ajustarse a la sentencia T-428 de 2015, de la Corte Constitucional. En el texto de la jurisprudencia queda consignado que los manuales de convivencia escolares se encuentran limitados por la Constitución, donde Colombia se caracteriza por ser pluralista, en consecuencia, no pueden afectar la libre elección de los estudiantes de su orientación sexual o identidad de género.
La Corte también ordenó al Ministerio de Educación revisar los manuales de convivencia sean respetuosos de las orientaciones sexuales e identidades de género de los estudiantes.

El proceso que falló el órgano fue motivado por Alba Reyes a nombre propio y de su hijo Sergio Urrego. El joven sufrió actos de discriminación por parte de las autoridades escolares del colegio Gimnasio Castilla Campestre debido a su orientación sexual, por lo cual se suicidó.

El secretario distrital de Educación, Dagoberto Barraza, afirmó que la ley establece que no puede haber ningún tipo de discriminación: sea por género, credo, condición sexual, grupo minoritario, población vulnerable o de cualquier tipo.

“Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir discriminación en los colegios de la ciudad. La ley es clara en ese sentido”, manifestó Barraza.

El funcionario manifestó que mediante la oficina de Inspección y Vigilancia, la administración hace las investigaciones pertinentes para proteger los derechos de los niños, niñas y jóvenes, pero necesitan que haya una denuncia para poder actuar. “Estamos alerta ante cualquier situación irregular porque vamos a proteger a los jóvenes, para que reciban educación”, puntualizó.

Por su parte, Castañeda aseguró haber presentado una queja ante la Secretaría, solicitando que “tome las medidas pertinentes en este caso, actuando con celeridad para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta el interés superior de los niños, para que no ocurra otro caso como el de Sergio Urrego”.

Firmas. La corporación señaló también que se estaba presentando otra situación en la institución. “Desde la rectoría están promoviendo la recolección de firmas para el referendo que busca evitar la adopción igualitaria, están obligando a los padres a firmar”, afirmó el director.

Ante esto, Janson se defendió argumentando varias razones. “Nos estamos uniendo a la iniciativa de la senadora Vivian Morales que promueve el referendo. Hay tres cosas básicas que estamos promoviendo como institución: Lo respaldamos porque es un colegio confesional, estamos basados en principios cristianos y bíblicos; estamos defendiendo el derecho constitucional de nuestros niños, porque la Constitución dice que tienen derecho a tener un papá y una mamá; y estamos protegiendo la estructura familiar. No estamos exigiendo a nadie firmar”, puntualizó la rectora.


El Espectador

Mientras el colegio Gimnasio Castillo Campestre realizaba este miércoles el acto de desagravio para Sergio Urrego, joven que se suicidó el 4 de agosto del año pasado tras ser víctima de discriminación en esa institución por ser gay, la organización Caribe Afirmativo denunciaba que el colegio Guillermo Carey, en Barranquilla, discrimina a los homosexuales en su manual de convivencia.

Según ese documento institucional, el “comportamiento homosexual (varones y hembras) dentro y fuera de la institución” es una falta grave, una situación de “tipo tres”, lo que quiere decir que es “una agresión escolar que podría constituir un delito contra la libertad, integridad y formación sexual”.

Al conocerse públicamente dicha disposición, la polémica creció entre la comunidad LGBTI y defensores de derechos humanos porque hace cinco meses la sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional (en respuesta a una acción de tutela interpuesta por la mamá de Sergio Urrego, Alba Reyes Arenas, en la que solicitó un acto de desagravio por la violación de los derechos a la intimidad, igualdad y buen nombre de su hijo) ordenó al Ministerio de Educación, que en un plazo de un año, revise todos los manuales de convivencia en el país y garantice que sean respetuosos con la orientación sexual.

En ese mismo fallo, el alto tribunal reconoció que hay una falta de operatividad de la política pública de convivencia escolar y, por eso, dio órdenes como ésta tendientes a implementar mecanismos de detección temprana para que casos como el de Sergio Urrego no se repitan.

Aunque al Ministerio de Educación se le dio un plazo de un año para hacer esos ajustes, el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, asegura que “es claro que el espíritu de la decisión es prevenir cualquier tipo de violencia basada en la orientación sexual y, por tanto, es prioritario que se actúe desde ya. Por eso, le solicitamos oficialmente a la Secretaría de Educación de Barranquilla que se corte cualquier discriminación en los establecimientos educativos”.

El colegio Guillermo Carey, además, respalda el referendo promovido por la senadora Viviane Morales, que quiere prohibir la adopción por parte de las parejas homosexuales (avalada por la Corte Constitucional el 4 de noviembre), que está en etapa de recolección de firmas y que ya cuenta con el respaldo de 32 congresistas. La institución educativa repartió hoy el formulario para apoyar esta iniciativa en una reunión de padres de familia.
“El hecho de que el establecimiento educativo haga este proselitismo de firmar contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo sigue enarbolando las banderas de discriminación en el colegio y las hace más latentes”, agrega Castañeda.

En respuesta a las críticas, Nohemí Janson, rectora del colegio, afirma que éste no discrimina a nadie y que no se han negado cupos por estas razones. “Estamos en libertad de promover el referendo, ningún padre está obligado a firmar. Somos un colegio confesional basado en principios bíblicos y la Constitución respalda la libertad de conciencia y religiosa. Cuando se fractura la familia el primer afectado es el menor edad, promovemos que nuestros niños tenga el derecho constitucional de tener una mamá y papá, varón y hembra”.

Al respecto, Castañeda replica que “Colombia es un Estado no confesional, no hay ninguna afiliación religiosa en particular, y que la libertad de cultos no está por encima de la garantía de los derechos humanos. La razón de ser de un establecimiento educativo no es la libertad de cultos, porque para eso están los centros religiosos, es el derecho a la educación. Además se debe respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

Ante la pregunta de si consideraría modificar su manual de convivencia, Janson responde que éste fue impreso a principios del año pasado, pero que al final de cada año siempre se hace una revisión. Por lo que la comunidad educativa se reunirá y lo decidirá. “No tenemos problema en acatar las órdenes de la Corte”, concluye.

Olga Zaráte, vocera del Viceministerio de Educación preescolar, básica y media, le dijo a El Espectador que la entidad acompañará a este colegio en dos semanas para trabajar con este el manual de convivencia. “Es un colegio con características especiales porque profesa un credo cristiano. No queremos un escarnio público a los niños de ese colegio porque creen en su fe que eso que está escrito está bien. Queremos escucharlos. Queremos aclararle al país que son 18 mil manuales de convivencia que debemos analizar para asegurar la diversidad de género. Vamos a empezar a priorizar donde hay mayores dificultades: los colegios privados. Por ahí arrancaremos”.

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