Un ciudadano reclama una Ley de Libertad de Conciencia

Excemo. Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero
                       Complejo de la Moncloa s/n
                       28071 MADRID

Madrid, 17 de mayo de 2009
Sr.  Presidente del gobierno:

La Ley Orgánica de libertad religiosa de 1980, que atenta gravemente contra la libertad de conciencia de los ciudadanos españoles, comienza con una mentira flagrante en sus artículos 1.1 y 2.1:
1.1 El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución…
2.1 La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución…
Pero si examinamos directamente el texto constitucional, veremos que lo que se garantiza en su artículo 16.1 es "la libertad ideológica, religiosa y de culto". A partir de este olvido intencionado de la "libertad ideológica", la mencionada Ley Orgánica permite conceder derechos positivos a las confesiones religiosas reconocidas por el Estado, derechos que son activamente sustraídos a cualquier otra opción de la libertad de conciencia cuyo contenido no sea estrictamente religioso.
Esto es particularmente grave en el ámbito de la enseñanza pública, donde la Ley Orgánica de 1980 reinterpreta el artículo 27.3 de la Constitución (que, a su vez, es un calco del artículo 26.3 de la Declaración Universal de 1948). Añade a estos textos: "Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones."
Por un acto inadmisible de prestidigitación política, la Ley de 1980 reinterpreta la Declaración Universal de 1948, la Convención europea de 1950 y la Constitución española de 1978.
1) Ninguno de estos textos afirma que el derecho a la enseñanza recogido en los artículos arriba citados necesite su inclusión en la escuela pública y deba ser sostenido con fondos públicos.
2) La Ley Orgánica de 1980 excluye, con respecto a este reconocimiento, toda convicción no estrictamente religiosa, reducida a la "no creencia" o "ausencia de convicción".
Si examinamos los textos de la Declaración Universal de 1948, veremos lo que el artículo 18 garantiza realmente: "la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión". La Convención Europea de 1950 expresa estos derechos en términos muy similares en su artículo 9.1: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos." Y, pese a las presiones durante su elaboración, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (diciembre de 2000) reproduce exactamente eso en su artículo 10.
Estos textos protegen, pues, sin que pueda caber ninguna duda, igualmente las convicciones religiosas y las no religiosas. Por lo tanto, la Ley Orgánica de 1980, así como la noción misma de libertad religiosa, interpretada abusivamente para reducir la libertad de conciencia a la "ausencia de convicción", se oponen frontalmente a los derechos humanos que deberían estar ampliamente reconocidos en la Europa del siglo XXI.
Sólo hay dos maneras de poner fin a esa fosa inadmisible en el ejercicio de los derechos fundamentales que separa a los creyentes de confesiones reconocidas y con acuerdos de estado de los creyentes de otras confesiones y de los ciudadanos cuyas convicciones y creencias no son de tipo religioso:

1) Hacer extensivo el privilegio de ciertas confesiones a todos los ciudadanos, para que realmente se contemple como un derecho universal. Así, sería necesario conceder a las organizaciones filosóficas, agnósticas, ateas, etc., los mismos derechos positivos que se conceden a las organizaciones religiosas. La imposibilidad de esta vía muestra con claridad las contradicciones de la noción de libertad religiosa superpuesta a la libertad de conciencia. ¿Dónde establecer el límite en el número de piezas yuxtapuestas en ese mosaico de convicciones religiosas y no religiosas que compartimentarían a los ciudadanos? El derecho a la libertad de conciencia (y, como caso particular dentro de ella, a la libertad religiosa) es, como derecho universal, reclamable por todos y cada uno de los individuos. Fundándose en él, cada madre y cada padre podrían reclamar que sus hijos fueran educados en la escuela pública según sus convicciones personales.
2) La otra vía, la única que se revela racional y eficaz en la práctica, consiste en suprimir los privilegios y devolver a la libertad de conciencia su sentido genuino, como un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos. En efecto, los individuos como tales son los únicos habilitados para elegir según su conciencia, y la protección de este derecho universal debe ser un compromiso prioritario por parte de los poderes públicos, amparando en estricta igualdad el ejercicio de las convicciones, religiosas o no religiosas, en la esfera de lo privado.
Ya que al gobierno de la nación compete elaborar las leyes y someterlas a la aprobación del Poder Legislativo, le instamos, señor presidente, a usted y a su gobierno, a tomar de inmediato las medidas necesarias para proceder a la necesaria reforma legislativa, con el fin de acabar con la actual injusticia y sustituir la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 por una Ley de Libertad de Conciencia que no discrimine ni compartimente a los ciudadanos en función de sus convicciones y restablezca este derecho fundamental.
Atentamente,

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