Un caótico inventario municipal

Las inmatriculaciones de la Iglesia evidencian el desorden de Córdoba con sus bienes. El Cabildo catedralicio ha registrado plazas enteras a su nombre

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), no se anduvo con medias tintas cuando calificó de "caótico" el paisaje que dibujaba el hecho de que el Cabildo catedralicio hubiese inmatriculado —inscrito por primera vez en el Registro de la Propiedad— un bien que aparece en el inventario municipal. Se trataba ni más ni menos que del Triunfo de San Rafael junto al puente romano. Pero es que la Iglesia también había registrado como propia la plazoleta que lo rodea, en pleno corazón del casco histórico. Durante los días posteriores, y como una gota malaya, otros casos de espacios públicos aparecían como propios de la Iglesia en el registro.

El concejal de Hacienda y Gestión, José María Bellido (PP), reconoció el viernes que en el inventario municipal de bienes hay "incongruencias". "Hay que aclarar la titularidad en sí de los bienes, qué actuaciones tiene que llevar a cabo el Ayuntamiento y la situación que se ha producido en el inventario", en el que, a su juicio, "hay que mejorar la gestión". Bellido espera que se aclaren con distintos informes que ha solicitado. El primero de ellos fue a causa de la titularidad última del Triunfo de San Rafael. Pero hay más.

Uno de los ejemplos más flagrantes es el de la plaza de la Fuensanta, en el barrio cordobés del mismo nombre, que fue inscrita en el Registro de la Propiedad por la Iglesia en 1987, a pesar de ser también un espacio (obviamente) urbano. En el inventario de bienes del Ayuntamiento también aparecen dos fuentes de la Mezquita: la llamada del Cinamomo y la del Caño Gordo. En el mismo listado de posesiones municipales se incluye el San Rafael que culmina la torre de la Mezquita. Este templo fue inmatriculado por el Cabildo en 2006, incluyendo esas dos fuentes y la escultura. Y la Iglesia también inmatriculó la ermita del Socorro, junto a la plaza de la Calahorra. Sin aparecer en el inventario municipal, esta capilla sí fue construida por el Ayuntamiento en el siglo XVII.

La inmatriculación de espacios que aparecen en el catálogo municipal ha llamado mucho la atención. Pero, más aún, que se hayan registrado plazas, como la de la Fuensanta, antes incluso de 1998. Ese año, el Gobierno de José María Aznar reactivó el artículo 205 de la ley Hipotecaria que había sido derogado tras la muerte de Franco y que permitía a la Iglesia inmatricular inmuebles. Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, reconoce que "es curioso y llamativo que estas cosas pasasen en aquel entonces, cuando la ley no era propicia a los intereses de la Iglesia, pero no es extraño: ha ocurrido más veces".

Para Torres, experto en el tema y bregado en mil batallas en Navarra —donde comenzaron a denunciarse los supuestos abusos de la Iglesia en la apropiación de bienes— el problema es que se ha otorgado a los obispos el papel de fiduciarios públicos. "En realidad son jueces y parte", añade.

El candidato de IU a alcalde de Córdoba, Pedro García, y la parlamentaria andaluza de la misma formación, Alba Doblas, denunciaron el viernes en la plaza de la Fuensanta "el mayor pelotazo urbanístico desde hace siglos". "Estos hechos que pueden ser constitutivos de delito y así lo investigaremos y pediremos a los poderes públicos que investiguen la falsedad y el intento de usurpación de bienes públicos", sostuvo Doblas. Alejandro Torres, por contra, no cree que el tema implique un problema de falsedad documental o usurpación. "Esto ocurre porque existen normas anacrónicas que se dan en un momento dado en un Estado que, aunque no lo reconozca, no es aconfesional", dice.

El escritor y abogado cordobés Rafael Mir Jordano llama a este proceso de apropiación "una contra desamortización de carácter desmesurado". ¿Y qué puede hacer el Ayuntamiento? "El alcalde ha de defender lo público. No le queda otra". El alcalde José Antonio Nieto (PP) tendría una vía abierta ya que los bienes públicos son, teóricamente, imprescriptibles. Es decir, siempre se puede recurrir la escritura del Registro de la Propiedad. Pero ahora viene lo más difícil, ya que es el Consistorio al que le toca demostrar que los bienes inmatriculados por los religiosos son en realidad públicos. "Eso se debe a que lo que se inscribe en el registro se supone que es exacto y se atiene a la verdad, por tanto, la carga de la prueba pasa al recurrente que ataca la inexactitud y que ha de demostrar la supuesta falsedad", explica Torres.

Pero la estrategia del Ayuntamiento ha sido hasta ahora cortar por lo sano y renunciar, implícitamente, a los bienes municipales inmatriculados por los religiosos. Así pasó con el Triunfo del San Rafael que, en la última actualización del catálogo de bienes del Consistorio ha desaparecido sin más explicaciones. Mientras tanto, Carlos Baquerín, el concejal díscolo del partido de Rafael Gómez, Unión Cordobesa, ha vuelto a separarse del discurso de su formación y ha denunciado a la Diócesis, al obispo Demetrio Fernández, al Cabildo, a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento y al alcalde por las inmatriculaciones de la Iglesia. Baquerín ha dirigido la denuncia a la Audiencia Provincial de Córdoba para que a su vez la remita al juzgado competente en investigar y abrir diligencias, en su caso. Por su parte, el PSOE también ha pedido este sábado al alcalde que "defienda el patrimonio público de la ciudad".

Plaza de la Fuensanta Córdoba inmatriculada

Plaza de la Fuensanta, en Córdoba, inmatriculada por la Iglesia. / J. Manuel Vacas

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