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Un año de “difícil” relación con el nuncio y la Iglesia

Una de las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez desde el inicio de su mandato fue la exhumación de Francisco Franco. Esa determinación de acabar con la exaltación a un dictador en una basílica ha marcado las relaciones del Ejecutivo con la cúpula de la Iglesia, frente a otras negociaciones pendientes.

La propia vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, interlocutora para ese cometido, afirmó ayer que la “injerencia” del nuncio del Vaticano, Renzo Fratini, que afirmó que el proyecto de los socialistas había “resucitado a Franco”, no le había “extrañado”. Calvo reconocía así, en una entrevista en la SER, que ya había tenido “alguna conversación difícil con el nuncio”. Otras fuentes gubernamentales precisan que la referida charla, telefónica, fue incluso “más que tensa” y que se produjo unos días después de que el pasado mes de octubre Carmen Calvo acudiera en persona al Vaticano para entrevistarse con su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

En aquella ocasión, Fratini, que el Gobierno sitúa en la línea más conservadora de los obispos españoles, expresó a Calvo su oposición a reabrir heridas con la salida del dictador del Valle del Caídos. El nuncio se alineaba así con la posición de la familia Franco, mientras la vicepresidenta esgrimía que la retirada de los restos mortales contemplada en la ley de Memoria del Parlamento español había sido aprobada sin votos en contra.

Desde entonces, no ha habido más encuentros directos con Fratini, que se despide hoy de su cargo tras 10 años en España. Al Ejecutivo le habría gustado ver en el Vaticano y en la cúpula eclesial en España una actitud menos “neutral” ante este asunto. Y los desengaños han sido varios, tanto en público como en privado.

El Gobierno quiso inferir de la cordialidad de Parolin en Roma que la cita había salido muy bien. Y así lo publicitó La Moncloa. Pero el Vaticano corrigió ese optimismo y en un inusual comunicado se limitó a subrayar que no se opondrían a la exhumación. El mismo mensaje que han trasladado a España en estos meses los máximos responsables de la Iglesia.

Fuentes gubernamentales insisten aún ahora con que cuentan con la buena disposición de Parolin en Italia. Y, en España, con la del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Calvo se ha visto varias veces en estos meses con Blázquez, y altos cargos de La Moncloa cercanos al presidente Pedro Sánchez han mantenido contactos con Osoro. Las mismas fuentes admiten, sin embargo, que Blázquez y Osoro les han reconocido en esos encuentros que dentro de la Conferencia Episcopal hay obispos contrarios a la exhumación. En la asamblea plenaria de la Conferencia hay 75 personas, 64 de ellas obispos.


Nuncio cesante

Editorial de El País

El Gobierno español decidió ayer lunes presentar una queja ante el Vaticano por las declaraciones del nuncio apostólico en España, Renzo Fratini, en el sentido de que el traslado de los restos de Franco habría reabierto un problema del pasado. Monseñor Fratini, cuya misión en Madrid concluye hoy, ha realizado consideraciones políticas acerca de una decisión del Estado ante el que está acreditado, vulnerando la primera y más elemental de las obligaciones diplomáticas. Con sus palabras fuera de lugar, el representante vaticano no sólo ha llevado a cabo un gesto inamistoso hacia España, sino que ha dejado en evidencia la posición de la Santa Sede. A esta le corresponde ahora aclarar si las opiniones de monseñor Fratini fueron a título estrictamente personal o, por el contrario, trasladaban una posición oficial.

En el primer caso, no bastaría con que Roma quisiera dar por zanjado el asunto con la salida del diplomático, puesto que su cese estaba decidido antes de que realizara las declaraciones. La injerencia de monseñor Fratini ha sido tan inexcusable que exige una reparación específica por parte del Vaticano, a fin de restablecer la confianza entre las partes y restaurar la credibilidad de la posición de neutralidad que Roma ha venido manifestando hasta ahora. La contención demostrada por la diplomacia española, evitando recordar que esa neutralidad resulta extraña cuando se refiere a un dictador que se sirvió de la Iglesia para dar cobertura a una Guerra Civil y una interminable represión, no puede recibir en contrapartida las consideraciones de un jefe de legación que, primero, no le corresponden, pero que además, parecen orientadas a crear el problema del que fingen alertar.

Como quedó de manifiesto en el Congreso de los Diputados al anunciarse la iniciativa, las diferencias entre los grupos parlamentarios no se referían al hecho de que los restos de Franco fueran trasladados a otro lugar, sino al procedimiento legal por el que el Gobierno se disponía a hacerlo. Monseñor Fratini obvió esta circunstancia en sus declaraciones, invocando una supuesta controversia entre ciudadanos favorables y contrarios al dictador que se habría profundizado en los últimos meses. El intento de justificar que los restos de Franco permanezcan en el Valle de los Caídos invocando una concordia, que en ningún caso ha estado en cuestión, según hizo monseñor Fratini, es resultado de confundir la neutralidad con la equidistancia, una operación que, cuando menos, necesita validar previamente la falacia de colocar en pie de igualdad la ínfima minoría de españoles nostálgicos de la dictadura, y la abrumadora mayoría de los que la censuran.

Por último, no son monseñor Fratini ni la Iglesia católica quienes están defendiendo los derechos de la familia de Franco, pidiendo que las decisiones del Gobierno los tomen en consideración. Son, por el contrario, los tribunales establecidos por la Constitución democrática que puso fin a la dictadura de su antepasado quienes están velando por esos derechos, decidiendo con independencia acerca de su contenido y extensión. También pasó por alto esta circunstancia el nuncio apostólico cesante, como si, en vísperas de su regreso a Roma, hubiera querido legar una última tarea a las muchas que tendrá su sucesor: hacer que el respeto impere de nuevo en las relaciones entre España y la Santa Sede.

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