El Ayuntamiento de Madrid ha dicho basta. Todos los grupos municipales acordaron la semana pasada pedirle al Gobierno central una compensación por lo que la hacienda local deja de ingresar en virtud de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. El argumento es sencillo: si el Estado le perdona el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia católica, que no tributa ni por los templos ni por las oficinas y seminarios ni por las viviendas de sacerdotes y conventos, que se equilibre de alguna manera esa balanza fiscal con cargo al presupuesto de todos. En total, estiman que cada año se les escapan 4,86 millones de euros.
La iniciativa de Izquierda Unida acababa en el IBI. Con especial hincapié en el patrimonio eclesiástico, sí, pero sin olvidar que hay otros inmuebles libres de pagar esa tasa, y que todos juntos privan a las arcas madrileñas de 94 millones al año: las ONG, la Cruz Roja, las sedes diplomáticas, las estaciones de ferrocarril, los edificios catalogados como patrimonio histórico y los inmuebles públicos de seguridad ciudadana, servicios educativos y penitenciarios y de defensa nacional. El gobierno de Alberto Ruiz Gallardón la enmendó para llegar más lejos. Quiere que se compense al Ayuntamiento por todas las políticas fiscales que lesionan su economía. Unos 120 millones.
Santiago pierde lo suyo, y al gobierno municipal también le preocupa. Según sus propias estimaciones, la Iglesia deja de tributar por una base imponible de 37,4 millones de euros -el resultado de aplicarle al valor catastral de sus propiedades exentas de IBI las correcciones que establece la normativa local-, pero prefiere plantear la cuestión de manera más amplia. Si a esa cantidad se le suma el patrimonio histórico catalogado, argumenta, al Ayuntamiento se le estarían colando unos 142 millones de euros. Con el tipo vigente para el impuesto, un 0,6%, el producto sería un agujero fiscal de 850.000 euros anuales. Casi un 0,9% de su presupuesto.
"Se espera una nueva ley de financiación local", aclara Cecilia Sierra, concejala de Hacienda en Santiago. "Esperemos que el Gobierno sea comprensivo con la situación que atraviesan los ayuntamientos". La pregunta era si el gobierno de Conde Roa suscribiría una propuesta como la de Madrid, apoyada por su propio partido, el PP, con el resto de los grupos con representación municipal, tanto PSM como Izquierda Unida y UPyD. La respuesta es ambigua.
Las estimaciones de la edil y los datos oficiales son contradictorios. Tanto como los usos que declara el catastro y los que en realidad tienen las parcelas de la Iglesia católica en Santiago, una superficie de 1,1 millones de metros cuadrados repartida por todo el término municipal. El exconcejal y ahora diputado socialista en el Parlamento gallego Xaquín Fernández Leiceaga reconoce que cuando intentó poner orden hace diez años en todo ese patrimonio para ajustar la recaudación municipal, también fracasó.
"Habría que revisar los Acuerdos con la Santa Sede, pero veo poco entusiasmo en este momento", argumenta Leiceaga. "Convendría establecer alguna diferencia entre los bienes religiosos que cumplen alguna función social y el resto. En todo caso, la Iglesia no puede tener su patrimonio al margen de la tributación y al mismo tiempo reclamar a los poderes públicos que se hagan cargo de su conservación con fondos que pagamos todos. Desde una perspectiva local, lo que podría hacer Santiago es reclamarle al Estado una compensación por lo que deja de ingresar".
La desaparición del Códice Calixtino de la catedral de Santiago el pasado mes de julio ha vuelto a evidenciar lo pantanoso que es el marco legal y administrativo que rodea a la conservación del patrimonio histórico y artístico de la Iglesia, el 80% de todo el que existe en Galicia.
El supuesto hurto ha generado una investigación policial y ha puesto en marcha un operativo conjunto de la Consellaría de Cultura, la Fiscalía Superior de Galicia y el Arzobispado de Santiago. La oposición, a través de la diputada nacionalista Ana Pontón, ha pedido en vano que el Gobierno gallego asuma su responsabilidad política. Que dimita alguien. A quien custodiaba la joya, es decir, la Iglesia, no hay donde pedirle cuentas.
