TVE: debate de líderes de las principales confesiones sobre la nueva Ley de Libertad religiosa

«¿Qué debe incluir la nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa?»; esa fue la pregunta con la que arrancó el debate propuesto por el programa «59 segundos» de TVE en el que participaron siete expertos representando a Europa laica, a la confesión católica, y las de notorio arraigo en España: judía, católica y evangélica. A esta última la representaba el secretario ejecutivo de FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas) Mariano Blázquez.

Al inicio del programa se proyectaron unas imágenes de archivo, en las que el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, justificaba la necesidad de una nueva ley debido al cambio sociológico que se había producido en España desde 1980, año en que se promulgara la ley actual, con la multiplicación de entidades religiosas y lugares de culto lo que, a su juicio, hace «imprescindible» la reforma de la ley.

En la mesa estaban representadas las confesiones religiosas católica, protestante, judía y musulmana, además de otras dos organizaciones: Europa Laica y la Asociación de Teólogos Juan XXIII. Fuera de la mesa, también se emitieron las opiniones de Luis Vega, presidente de la Asociación de Madrileña de Ateos y Librepensadores.

Mariano Blázquez se manifestó a favor de la necesaria neutralidad del Estado que, dijo, también debe alcanzar al Rey de España: «debemos dejar atrás todo el pasado confesional, y creo que el primero que debería hacerlo, también, es el Rey de España, que así como renunció a su privilegio en la designación de obispos, ahora debería renunciar al título de Rey católico (…) debe ser el rey de todos los españoles».

PRESENTACIÓN DE PRINCIPIOS
Con respecto a la pregunta citada, el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, opinó que lo que España necesitaba no era una nueva ley de libertad religiosa, sino una ley de libertad de conciencia.

El teólogo e historiador del Opus Dei, José Carlos Martín de la Hoz, dijo que la Iglesia Católica lo que pide es una ley de libertad de culto, libertad para rezar y libertad absoluta a la dignidad humana.

El teólogo Juan José Tamayo puso el énfasis en «los principios», más que en los contenidos de la ley señalando que, a su juicio, la ley debería llamarse «Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa», y no al revés -Ley de libertad Religiosa y de Conciencia- porque en este caso, dice, «el orden de los factores sí altera el producto». También opinó que la nueva ley debería garantizar una verdadera igualdad entre las religiones, la neutralidad del Estado, y la no discriminación por razones religiosas.

Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, cree que una nueva ley Orgánica de Libertad Religiosa debe ofrecer una libertad religiosa amplia, igualitaria, y que tiene que profundizar los mecanismos que puedan llegar hasta los municipios, las autonomías y el Gobierno central, «de lo contrario, nos encontraremos en la misma situación que tenemos ahora».

En esto estuvo de acuerdo también el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Garzón, quien además opinó que, a su juicio, no es tanto un problema de la ley actual ni de la libertad de conciencia o religiosa, sino de la falta de desarrollo de los mecanismos para, por ejemplo, regular la asistencia espiritual en los establecimientos públicos; «Lo mismo en el tema de designación de terrenos públicos para fines religiosos, que tampoco está asegurado», señaló.

El sacerdote Jesús de las Heras, director de la revista Ecclesia, subrayó que «la libertad religiosa es un derecho fundamental inviolable, del cual se derivan otros derechos fundamentales», y que esperaba que eso estuviera reflejado en la nueva ley, del mismo modo que lo estaba en la actual. Y lamentó que el Gobierno llevara dos años «mareando la perdiz» con este tema de la reforma de la ley.

Por último, el secretario ejecutivo de la FEREDE, Mariano Blázquez, destacó «cinco o seis resultados que deberíamos conseguir (…) si no, no nos vale». Estos eran la neutralidad verdadera, que afecte a todos los actos de la Administración del Estado -incluido el propio Rey de España- que ponga freno a la confesionalidad latente que existe en este país; un estatuto común de libertad religiosa, un «Nelson Mandela», que acabe pacíficamente con la división tradicional del clericalismo y anticlericalismo, que proteja la pluralidad religiosa y les de el lugar que les corresponde en la esfera privada y en la pública; una definición de límites de la actividad religiosa, con normas de transparencia económica y actuación democrática en el ámbito administrativo; una cooperación integradora y para el bien común, con las confesiones y finalmente, sobre todo, una protección eficaz para los lugares de culto de las minorías, frente a los cierres que algunos ayuntamientos están realizando.

ANIMADO DEBATE
A partir de esta primera ronda en la que se enunciaron las posiciones de cada uno de los participantes, se desarrolló un debate en el que los mismos se fueron decantando en uno u otro sentido, según los temas propuestos: la laicidad y neutralidad del Estado, los símbolos religiosos, el uso del velo (pañuelo) islámico, la financiación de las confesiones, la asignatura de religión, etc.

Las críticas que, con mayor o menor contundencia, se iban manifestando en cuanto a los privilegios de la Iglesia Católica en un Estado declarado constitucionalmente «aconfesional», por parte de Delgado, Tamayo y los representantes de las minorías religiosas, eran contestadas por los representantes católicos con el reiterado -por no decir único- argumento de la «proporcionalidad», e invocando estadísticas para justificar tal situación de privilegio. Estadísticas que, por otra parte, también eran puestas en cuestión por los demás participantes.

Martín de la Hoz, en la misma línea que el director de Ecclesia, aunque con tono más moderado, opinó que con el tema de los símbolos religiosos, «se ha creado tensión donde no la había».

Contra esa estrategia inmovilista por parte de la Iglesia Católica se pronunció Francisco Delgado: «Ustedes no quieren que se cambie la ley porque la situación actual les favorece», les acusó. «Habría que derogar los acuerdos con el Vaticano y el Estado debiera amparar los derechos de los ciudadanos que a veces son vulnerados por las religiones», apostilló.

En el tema de la financiación de las confesiones religiosas Francisco Delgado (Europa laica) pidió que el Estado no subvencionase a las confesiones religiosas, a lo que los representantes católicos aludieron la inmensa obra social de la Iglesia católica, algo que sin embargo Delgado indicó que debían financiarse como cualquier ONG, pero sin recibir dinero del Estado como confesión. Los representantes de las tres federaciones religiosas (judía, islámica y evangélica) que reciben una partida de dinero de forma directa a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia (para fines que refuerzan su labor como entidades representativas, y que no se destina nunca a actividades cúlticas) no opinaron en este punto.

Tampoco participaron los “no-católicos” en el debate de enseñanza religiosa, en la que los laicos pedían una formación en Historia de las religiones, pero sin enseñanza confesional; salvo la opinión del islámico Tatary que dijo que debería haber enseñanza religiosa en la escuela pública “para todos o para ninguno”.

MULTIMEDIA
Vale más una imagen, máxime si es en video y tiene sonido, que mil palabras. Por ello, si quieren pueden ver aquí el debate completo de los representantes católicos, de Europa laica, judío, islámico, y evangélico en el programa 59 segundos, en TVE.

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...