El pasado 27 de enero, en Túnez, la Asamblea Nacional Constituyente ha aprobado la nueva Constitución que regirá al país que inició la “primavera árabe”. Siendo realistas, deberemos reconocer que, objetivamente, luego de los resultados obtenidos en la región arábigo-musulmana, es el único país que ha tenido realmente una “primavera política” que está cosechando sus frutos.
Las autoridades tunecinas celebraron el logro con la presencia de dignatarios y representantes de numerosos países, poniendo fin a tortuosa transición, que se inició hace exactamente 3 años, con la caída del dictador Zin el Abidín Ben Alí, producto de amplias protestas sociales.
Los representantes de los países e instituciones invitadas llenaron de halagos al proceso tunecino y su nueva Constitución, considerando las diferencias de resultados observadas en los otros países que vivieron similar proceso, donde resaltan las sangrientas guerras civiles de Libia y Siria, y los oscuros resultados de Egipto, bajo la bota del militarismo.
La Asamblea Constituyente fue electa el 23 de octubre de 2011, nueve meses después de las protestas que derribaron el régimen de Bel Alí, con la tarea de de elegir la jefatura del Estado y del Gobierno, fiscalizar al poder ejecutivo y redactar la nueva Carta Magna en el plazo de un año.
La tarea fue ardua. Por un lado, estaba la necesidad de conciliar la función constituyente y de control gubernamental con la legislación de materias de alta complejidad y controversia: la reglamentación del orden del trabajo constituyente, la organización provisional de los poderes del Estado, la aprobación de los presupuestos estatales, el diseño de la justicia transicional y la revisión de la política electoral.
Hizo más difícil ese proceso el que la Asamblea prefirió partir de cero en la redacción de la nueva Constitución, llevándola a ignorar las propuestas preliminares elaboradas por expertos juristas. Por otra parte, la inexperiencia de la inmensa mayoría de los diputados en materia jurídica provocó la elaboración de sucesivos borradores, al punto que el último borrador, de junio de 2013 y revisado a finales de año por una Comisión de Consenso, fue objeto de múltiples renegociaciones en enero de 2014. A ello se sumaba la heterogeneidad de los diferentes proyectos de sociedad defendidos por los partidos políticos, y la influencia que el terrorismo y la política regional han ejercido sobre la vida política y social en Túnez, provocando dos momentos de grave crisis institucional.
La primera aconteció con el asesinato de Chokri Belaid, un representante del Frente Popular, que produjo la dimisión del gobierno y el relevo del presidente, estableciéndose un gabinete con tecnócratas encargados de la gestión de los llamados “ministerios de soberanía”. La segunda aconteció a causa del asesinato político de Mohamed el Brahmi, también del Frente Popular, y el atentado contra fuerzas de seguridad del Estado.
Para evitar la reproducción del escenario golpista de Egipto, se constituyó una “Mesa de Diálogo” entre todas las fuerzas parlamentarias, bajo la mediación arbitral del llamado Cuarteto, integrado por Sindicato General de Trabajadores Tunecinos, la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación Empresarial y la Orden de Abogados y Magistrados, permitiendo acordar, en octubre de 2013, una hoja de ruta sustentada en tres puntos: el primero, la dimisión del Gobierno y su reemplazo por uno técnico encabezado por un presidente independiente; el segundo, la formación de una nueva Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), a fin de adelantar los preparativos de los futuros comicios; y el tercero, la aprobación de la nueva Constitución.
La intervención del Cuarteto favoreció el acercamiento entre oposición y Gobierno, y se eligió un nuevo primer ministro de consenso, Mehdi Jumaa, evitando la polarización, lo que favoreció las condiciones para acelerar la redacción de la nueva Constitución, permitiendo la aprobación de los 146 artículos de la Carta Magna, entre el 26 y el 28 de enero pasados, dando paso a la primera Constitución democrática de Túnez y la segunda desde la independencia del país, en 1956.
Sami Naïr, el destacado analista del mundo árabe, en una opinión publicada en el diario español “El País” (08/02/2014), ha calificado a la nueva Constitución tunecina como el mayor triunfo de la “primavera árabe”.
En su análisis, sostiene que, en Túnez, los islamistas de Ennahda tentaron la misma estrategia que sus amigos religiosos egipcios, pero la sociedad tunecina se sublevó contra ellos, recordando que la revolución se había hecho para instaurar la democracia republicana, y no una nueva teocracia político-religiosa.
Los islamistas quisieron hacer adoptar una Constitución totalmente teocrática, sostiene Naïr, pero, ante la resistencia de la sociedad civil, aceptaron hacer concesiones sobre los artículos de fe, hasta acabar admitiendo que el pueblo tunecino quería una ley fundamentalmente moderna, que separara la religión del Estado, que reconociera la libertad de credo, que proclamara la igualdad de derecho a creer y a no creer, que grabara a fuego la igualdad hombre-mujer y otros derechos imprescriptibles de la persona.
“Así pues, una vez más, Túnez sorprende al mundo, ya que acaba de desalojar del poder, sin violencia, a los islamistas y de hacerles aceptar una Constitución secular, que proclama en efecto la prohibición de atacar lo “sagrado”, pero que, de hecho, acepta colocar en el mismo plano de lo sagrado la fe y la no-fe”.
“Es esta Constitución, en realidad, la mayor victoria de la primavera árabe”, concluye.
Ello, a juicio del periodista Albert Garrido, del medio español “El Periódico”, obedece a que Túnez reúne varios requisitos para un logro cívico colectivo impensable en otras sociedades de la región.
El primero, es la herencia laica, secular, esencialmente civil y aconfesional, transmitida por Habib Burguiba, padre de la nación y defensor militante de la neutralidad del Estado en materia religiosa, la separación de poderes y la autonomía del individuo sin distinción de sexos. Burguiba, un líder del molde del egipcio Nasser o del argelino Boumediene, y claramente predecesor de ambos, no fue un demócrata, sino de aquellos liderazgos que surgieron del seno de la clase media de su tiempo para poner el acento en la modernidad, aún sobre la base de no poco autoritarismo.
El segundo factor, tiene que ver con que los islamistas tunecinos de Ennahda carecen de la red asistencial y de una estructura orgánica similar a la presencia de los Hermanos Musulmanes en Egipto.
En tercer lugar, porque las elecciones que otorgaron la victoria a los islamistas tunecinos arrojaron un resultado engañoso: Ennahda ganó con 1,6 millones de votos sobre 4,3 millones de votantes para un censo de electores inscritos de 8,2 millones, una representatividad manifiestamente insuficiente para imponer su programa.
Por último, el peso de la tradición laica, que llevó a varios líderes de Ennahda a aceptar que el gran reto que debían afrontar era “construir una democracia, dirigida por los islamistas, que puede ser un modelo para el mundo árabe”.
Si a esos factores capitales, dice Garrido, se añade la ausencia de los militares en el debate constituyente, se completa el modelo democratizador tunecino, donde “Ni las dimensiones del Ejército ni sus compromisos exteriores – inexistentes – otorgan al generalato una especial relevancia institucional; las Fuerzas Armadas ni siquiera dieron su parecer cuando se desencadenó el levantamiento que depuso al presidente Zine el Abidine ben Alí, salvo para adelantar que no interferirían en la protesta popular”.
Haciendo un análisis del proceso hacia la nueva Constitución, indica la analista española Guadalupe Martínez Fuentes, Profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada, que pese a la inestabilidad sociopolítica que marcó la transición tunecina a lo largo de 2013, el país consiguió ascender 33 puestos en la escala del Global Democracy Ranking. Con ello, Túnez se posiciona como el Estado árabe más avanzado en términos democráticos.
Ello ha quedado reflejado en las definiciones constitucionales referentes a la cuestión religiosa y de género, la libertad de los medios, el desarrollo social, la lucha contra la corrupción, la forma de gobierno y la justicia.
El poder constituyente ha procurado satisfacer a las facciones centristas tanto del islamismo político como del modernismo mediante un sofisticado juego de equilibrios. Si por una parte protege y refuerza el carácter islámico del Estado, por otra prescinde de la ley islámica (sharía) como fuente de derecho, institucionaliza un islamismo compatible con la democracia y obstaculiza la desviación del mismo, asevera Martínez.
El nuevo texto recoge una cláusula de cierre que impide revisar la condición del Islam como religión oficial (art. 1). También para garantizar la perpetuación del referente islámico, el Estado asume el papel de guardián de la religión, protector de lo sagrado (art. 6) y garante de una educación pública que alienta la identidad arábigo-musulmana (art. 38). Puesto que el presidente de la República representa al Estado, éste deberá ser musulmán (art. 73). Además, la consagración de la libertad de organización social y política, sólo condicionada al respeto a la ley y a la renuncia a la violencia (art. 34), permite la actividad de asociaciones, sindicatos y partidos inspirados en el islamismo, lo que marca una clara ruptura con el régimen anterior.
No obstante, la expresión tunecina de la cultura arábigo-musulmana objeto de protección estatal queda definida como una de carácter abierto, moderado, tolerante y conciliable con los derechos humanos universales (Preámbulo y art. 6 y 38).
La misma pretende compatibilizarse con el inamovible carácter republicano y civil del Estado (art. 1 y 2). Este último se obliga a proteger la libertad de creencia, conciencia y culto (art. 6), así como a garantizar una cultura basada en el rechazo de la violencia, la apertura a diferentes referentes culturales y al diálogo entre civilizaciones (art. 41). Para reforzar la obligación estatal de respeto y garantía de las libertades y los derechos humanos, una cláusula de cierre impide reformas constitucionales regresivas en esta materia (art. 48).
El Estado protegerá este proyecto de sociedad islamo-centrista garantizando la neutralidad política de centros educativos, mezquitas y otros lugares de culto (art. 6 y 15). A fin de dificultar la difusión de una doctrina radical, se prohíbe tanto la acusación de apostasía como los discursos político-religiosos incitadores al odio y la violencia (art. 6).
Con todo, la presente regulación no cierra la polémica, advierte Martínez. Para los laicistas, el refuerzo del sentido islámico de la Republica supone un retroceso. Para los islamistas más conservadores, el Estado tal como está constitucionalmente predefinido supone un atentado contra la ley islámica.
Lo otro significativo, es la acogida a importantes demandas de los colectivos femeninos, algo que implica enormes dificultades en países con fuerte presencia política islamista. Esto se ha traducido en importantes logros y nuevas garantías de igualdad en los ámbitos jurídico, educativo y laboral, el compromiso con la discriminación positiva de la mujer en el terreno político y la constitucionalización de derechos en el espacio familiar.
La ceremonia de proclamación de la nueva Constitución, que comenzó con la lectura de varias aleyas del Corán, contó con la presencia de varios Jefes de Estado y de gobierno invitados. En ella hicieron uso de la palabra el presidente del Parlamento, Mustafa ben Yafar; el jefe del Estado, Monsef Marzuki, y el del Gobierno, Mehdi Jumaa, quienes resaltaron el espíritu de concordia y el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas y sin el cual no se hubiera podido concretar el texto constitucional.
Tras ellos intervino el presidente francés, François Hollande, quien subrayó que la nueva Constitución "confirma que el islam es compatible con la democracia". Hollande insistió en que la transición democrática tunecina "puede servir de ejemplo y de referencia a otros países", especialmente a los países arábigo-musulmanes, pero también a cualquier otro, porque, señaló, "Túnez no es una excepción, es un ejemplo".
"Vosotros inspiráis el combate difícil, doloroso, de aquellos que en el mundo árabe y en otras partes luchan, combaten por la libertad", dijo Hollande en un vibrante discurso que fue interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de los presentes.
Tras las celebraciones, a juicio de los analistas, el país deberá continuar avanzando hacia el final de la transición, que quedará señalado con la celebración de los comicios presidenciales y legislativos, cuya fecha debe fijarse. En ese contexto, el entendimiento entre Ejecutivo y Legislativo será imprescindible para hacer la pedagogía política que contribuya a incrementar la valoración social de la nueva Constitución, el interés ciudadano ante los próximos comicios y la legitimación electoral de las nuevas instituciones políticas.
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