La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, indica que el mantenimiento de esta escultura "no es sino manifestación del respeto a las tradiciones religiosas y no la imposición de unas particulares creencias religiosas, y, en tal sentido, la imagen no puede entenderse como representativa de posturas de intolerancia hacia el no creyente".

Dice también la Sala que, "en definitiva, la neutralidad e imparcialidad del estado exigida por la Constitución no es en forma alguna incompatible con la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos que, como el presente, no son sino expresión de la historia y la cultura de nuestro país, al margen, lógicamente, de las consideraciones que deban merecer sus valores artísticos o estéticos".

La sentencia comenta asimismo que la historia de España "está cargada de elementos religiosos e ideológicos perfectamente compatibles con el principio de laicidad positiva exigido por la Constitución Española".

El Tribunal Superior de Madrid indica que "si, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la muestra de símbolos religiosos en las aulas de educación es compatible con los derechos de libertad religiosa en sus vertientes positiva y negativa, con mayor razón lo será en espacios en los que, en principio, no se desarrolla una actuación del Estado más allá del mantenimiento, en su caso, de un patrimonio histórico, artístico o cultural preexistente".

En este contencioso han tomado parte la Abogacía del Estado, por encontrarse el monumentos al Cristo en una parcela propiedad de la Administración, el fiscal, el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma de la Región, junto con la asociación "Letrados por el Derecho y la Cultura" y el letrado Diego de Ramón, que solicitaron la desestimación del recurso.

«Rompe con la filosofía del Estado laico»

La Verdad, 25-06-2011

Mazón aseguró que «la sentencia rompe con la filosofía del Estado laico que marca la Constitución». Añadió que «nos hemos topado con la judicatura de la España de las sagradas formas y maneras que decía Machado y creemos que podemos toparnos en la segunda instancia con la España más moderna y constitucional». El presidente de la Asociación Preeminencia del Derecho confirmó que «vamos a impugnar la sentencia del TSJ de Madrid ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo».