Ciegsa, empresa pública, ha renunciado a 27 proyectos con licencia y una inversión superior a los 90 millones de euros El déficit de plazas públicas en Valencia ha disparado el éxodo de matrícula hacia centros concertados
Las renuncias se multiplican a cada nueva junta de gobierno en Valencia. La Generalitat ha pedido al Consistorio la retirada de tres nuevas licencias de centros escolares, ha denunciado este viernes el concejal socialista Vicent Sarrià. Concretamente se caen del mapa escolar público de la capital el nuevo C.P. Max Aub en el distrito de Saidia y las ampliaciones del colegio Nicolau Primitiu en Sant Isidre y del Instituto de Campanar.
Con estas tres nuevas renuncias, el total de proyectos con licencia a los que ha renunciado el Consell en la capital asciende a 27, con una inversión superior a los 90 millones de euros, contabilizan los socialistas.
En la mayoría de estos centros o parcelas "hay enormes vallas publicitarias desde hace años anunciando estos proyectos". Incluso la Generalitat llegó a invertir 250.000 euros en el proyecto Max Aub, que debe construirse en una parcela de más de 6.500 metros cuadrados situada junto al actual centro, y por la que el Ayuntamiento pagó en 2003 un total de 1,3 millones de euros por la expropiación. "Ahora hay un solar lleno de maleza", denuncia Sarrià.
La Generalitat también ha renunciado a construir y ampliar otros centros docentes como el Jaime I, tras gastarse 120.000 euros en el proyecto, o la ampliación del IES de Benimàmet, la construcción de los colegios 102 en Benicalap Norte; el 103 junto a las naves de la Cross, la ampliación del Instituto Jordi Sant Jordi en el distrito de Quatre Carreres o la nueva Escuela Oficial de Idiomas.
Otras licencias concedidas por el Consistorio a las que ha renunciado la Generalitat son las de 61 viviendas de promoción pública dentro de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), al sur de Natzaret, al edificio de 184 viviendas públicas en Sociópolis, ahora paralizado, la rehabilitación de varios edificios de Ciutat Vella, o las ampliaciones del Hospital Arnau de Vilanova o del Clínico.
"Son más de 90 millones de euros de inversión en proyectos con licencia, que habrían creado miles de puestos de trabajo en Valencia", subraya el socialista Sarrià. Según el concejal, mientras todas estas licencías decaían, la alcaldesa Rita Barberá, "ha preferido mirar hacia otro lado y permitir este trato vergonzoso de la Generalitat".
El déficit crónico de plazas públicas en una decena de barrios en expansión de Valencia ha disparado el éxodo de matrícula hacia los centros concertados, según revelaban los datos del alumnado matriculado en el curso 2010-2011. De los 126.871 estudiantes matriculados en la capital, 69.712 estudian en centros privados concertados. Entre los barrios más afectados estaban Campanar y Russafa.
Por etapas, la educación Infantil y Primaria son las que más crecieron, debido al retraso en la construcción de los colegios públicos que están pendientes todavía en el mapa escolar desde hace más de una década.
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