Teólogos y filósofos cuestionan el modo de financiar a la iglesia católica

¿Quién tiene que financiar a la Iglesia católica? En un Estado aconfesional, como es el español, parece lógico que deberían ser los propios fieles. Sin embargo, esta institución sigue conservando algunos de los privilegios que tuvo du

Si el Estado es laico o aconfesional, «no tiene por qué pagar a ninguna iglesia, sea mayoritaria o minoritaria. Además, la mayoritaria ya tiene bastante. Tiene un gran patrimonio, como para encima pagarle más. Que se lo paguen sus propios fieles, y punto». Esta es la opinión de Javier Sádaba, filósofo, licenciado en Teología y catedrático de Etica y Filosofía de la Religión en la Universidad Autónoma de Madrid.

A su juicio, el Estado español debería dejar de aportar ayuda económica a la Iglesia católica. Además, critica el hecho de que el artículo 16 de la Constitución «favorece claramente a la religión mayoritaria, con lo cual el Estado pierde su carácter laico».

«El Gobierno socialista le está dando una cantidad importante. Si financia a la Iglesia católica, también debería financiar a otras confesiones religiosas, de forma proporcional al número de seguidores. Eso sería lo coherente», afirma este filósofo.

Félix Placer, profesor de Teología, se posiciona en términos similares, ya que considera que el Estado no debería financiar a ninguna confesión religiosa. «Corresponde a cada una de ellas encontrar sus propios medios de autofinanciación, ya que por parte de un Estado aconfesional no debe haber ningún tipo de privilegios para una determinada», sostiene.

«En un Estado aconfesional o laico, como debe ser un Estado democrático moderno, es evidente que la Iglesia debe autofinanciarse a través de quienes se profesan pertenecientes a esa Iglesia, en nuestro caso, la católica», argumenta Félix Placer, al tiempo que subraya la importancia de «cambiar el modelo de Iglesia para lograr un modelo de autofinanciación».

Y lo explica: «Sólamente desde otra manera de concebir su presencia en la sociedad, de la forma de ejercer su misión, del ejercicio de sus ministerios o servicios, del estilo del ministerio presbiteral, del ordenamiento de su patrimonio, en definitiva, sólo desde una Iglesia pobre y sin poder y al servicio de los pobres, como propuso el Concilio Vaticano II, será viable un modelo de autofinanciación evangélico y convincente».

«No aportan ni un duro de su bolsillo»
Félix Placer recuerda que, a partir de los acuerdos del año 1979 entre la Santa Sede y el Estado español, éste ha ido superando progresivamente el modelo de financiación directa a la Iglesia, para pasar a un nuevo modelo que suprime la dotación directa y modifica la asignación voluntaria del IRPF que hace el contribuyente. Tras las últimas modificaciones introducidas por el Gobierno de Zapatero, esta aportación se ha incrementado del 0,52% al 0,7%.

«De todas formas -matiza este profesor de Teología-, hay que tener en cuenta que los contribuyentes que aceptan marcar en la casilla correspondiente de su declaración de la renta no añaden ni un euro de su bolsillo en el IRPF. Hacienda lo deduce de los ingresos públicos totales, a petición de los creyentes. Así, aporta al Estado el 99,3% de su cuota fiscal, no el 100%, como el resto de los contribuyentes».

A modo de resumen, Placer entiende que «todavía queda mucho que hacer para superar este modelo intermedio de asignación económica para lograr un modelo de autofinanciación totalmente independiente», y aporta como ejemplos la situación existente en dos estados europeos: en el francés, que es laico, no existe ningún tipo de financiación a la Iglesia católica por parte de los poderes públicos, y en Alemania, todos los creyentes bautizados, tanto los católicos como los protestantes, pagan el llamado impuesto eclesiástico (kichensteuer) a partir de un salario mínimo.

Pedro Leoz, nacido en Cáseda, ha ejercido el sacerdocio durante más de 40 años, pero en la actualidad ya no tiene ninguna vinculación con «esa multinacional», como él denomina a la Iglesia católica. Actual portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, Pedro Leoz se muestra claramente convencido de que la Iglesia católica debería estar financiada por sus fieles.

«Siendo, como es, un país aconfesional, el Estado no tiene por qué pagar a la Iglesia católica. O tiene que distribuir esos recursos entre todas las religiones existentes en el país, de forma equitativa, o, si no, los fieles son quienes tendrían la obligación de sustentarla», opina este ex sacerdote.

A su juicio, el actual sistema de aportaciones económicas a la Iglesia católica «no es más que una forma de financiación privilegiada, que se ha heredado del pasado, de la época franquista», por lo que propone replantear este sistema «en otros términos».

Jesús Lezaun, otro teólogo de amplia experiencia, también considera que «lo ideal sería que fuesen los propios fieles» quienes financiasen el mantenimiento de la Iglesia católica», y recuerda que «de esto ya se hablaba hace cincuenta años y seguimos en el mismo sitio, sin que todavía hayamos encontrado soluciones».

«En la Iglesia se ha trabajado tan poco y tan mal -reconoce Jesús Lezaun-, que no se acaba de afrontar correctamente este asunto y de solucionarlo. Lo cierto es que en la actualidad no hay gran financiación por parte de los seglares».

Este sacerdote jubilado recuerda que la Iglesia española se comprometió con el Estado a autofinanciarse en un plazo determinado de tiempo, «pero no lo ha conseguido y todavía sigue recibiendo apoyo del Estado, lo cual crea problemas de dependencia».

En cualquier caso, Jesús Lezaun matiza que el caso de la Iglesia católica no es una excepción en el Estado español, ya que «el Gobierno también financia a otras muchas asociaciones que considera de interés público, incluidas otras religiones, de forma proporcional al número de fieles».

Continuidad desde el franquismo
En esta misma cuestión incide Rodolfo Izal, licenciado en Teología y ex sacerdote desde hace varios años. «En tanto que la Iglesia realiza una función social y beneficiosa para la sociedad, tiene derecho a recibir ayudas públicas. A lo largo de la historia ha cumplido diversas funciones sociales. Cuando en los ayuntamientos no había archivos ni inscripciones de vecinos, siempre se recurría a la Iglesia para realizar esa función. También cubre necesidades en el campo de la educación, atiende a personas necesitadas, etcétera. Es decir, cumple una serie de funciones sociales que puede ser considerado como un trabajo a favor de la sociedad, y el Estado debe corresponderle en alguna medida. En tanto que realiza esa función social, yo no veo con malos ojos que reciba ayudas del Estado», resume el ex sacerdote de Atarrabia.

No obstante, deja claro que, «por principio, todas las iglesias deberían estar financiadas por los propios miembros de esa iglesia, por los fieles», y se muestra totalmente en contra de que unas confesiones religiosas tengan privilegios respecto a otras.

«La Iglesia católica recibió un trato privilegiado durante el franquismo. Tras la dictadura, como es la religión mayoritaria y casi única y omnipresente, ha seguido teniendo una serie de privilegios que a mí no me parece bien», confiesa Rodolfo Izal.

En tono más irónico, este licenciado en Teología recuerda que en la actualidad la Iglesia católica se encarga de «cuidar muchos monumentos que son visitados por miles y miles de turistas, una función que también da riqueza al Estado y que, por tanto, éste tendrá que ayudar al menos al mantenimiento de esos edificios».

«La Iglesia católica tiene muchísimas propiedades, lo cual va contra sus propios principios. Esto no es evangélico -añade en tono más serio-. Yo creo que la Iglesia debería ir desprendiéndose de sus propiedades, en lugar de hacerse cada día con más y más. Tendría que ser una Iglesia más evangélica y evangelizadora».

«El culto, como el ocio o el deporte»
Por su parte, el administrador general del arzobispado de Iruñea y Tutera, Rafael Navarrete Murría, considera que «en base al derecho a la libertad religiosa, el Estado debe ayudar a financiar el culto como lo hace con el ocio o el deporte».

Durante su participación en el congreso de expertos que durante estos días se ha celebrado en la Universidad del Opus Dei en Iruñea para analizar el modelo de financiación de la Iglesia católica, Rafael Navarrete también ha puesto de manifiesto la «casi imposibilidad» que la Iglesia tiene para autofinanciarse debido a «la intensa actividad social que realiza».

«Hay que lograr una mayor involucración de los fieles»
«El fiel ha de ser consciente de que él forma parte de la Iglesia. Por esto se ha de lograr una mayor concienciación e involucración de los fieles». Así lo afirmó ayer Ana Vega Gutiérrez, experta en Derecho Eclesiástico del Estado, en la última jornada del congreso celebrado en la Universidad del Opus Dei en Iruñea para analizar el modelo de financiación de la Iglesia católica en el Estado español.

A su juicio, «el fiel se conciencia de esta necesidad cuando se ve bien cuidado e informado», por lo que propuso un «esfuerzo comunicativo» por parte de la Iglesia que sea «creativo e incisivo».

Ana Vega también expuso que «el concepto de autofinanciación no implica que el Estado se desentienda del sostenimiento económico de la Iglesia de forma absoluta, puesto que la Iglesia realiza actividades que no le son rentables y sí ayudan en gran medida al Estado».

Esta experta se refirió a la necesidad de «romper la imagen de que se ayuda a la Iglesia y de que ésta es una fuente de poder», y puso como ejemplo que «la labor social de la Iglesia ahorra al Estado muchos millones de euros».

En este sentido, animó a «valorar más y mejor el servicio cualitativo y cuantitativo que hace la Iglesia, en ocasiones más valioso que alguna ONG».

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