La auditoría de la CEE coincide con el debate sobre la investigación pública, mientras proliferan iniciativas autonómicas. Las asociaciones de afectados defienden pesquisas independientes, pero no todas están de acuerdo sobre cómo articularlas.
Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia reclaman una investigación minuciosa de la pederastia en la institución desde hace años. Ni la Iglesia española ni los poderes públicos, con contadas excepciones, han respondido a esa exigencia. Hasta ahora, después de que EL PAÍS entregase un dosier con 251 casos inéditos al Vaticano y el problema se haya colocado en el centro del debate político. Aún no está claro si los anuncios de investigaciones sobre la pederastia en centros y colegios religiosos conseguirán aclarar todo el daño infligido, pero, por primera vez, hay un impulso desde varios frentes para averiguar la verdad. En opinión de algunas víctimas, algunas de estas iniciativas son estériles y es disfuncional que ahora, de repente, aparezcan tantas de golpe. Otras ven beneficios en que el problema se trate en varias plazas.
La situación actual es la siguiente: habrá una investigación estatal, que podrían ser dos si los partidos del Gobierno y sus socios no se ponen de acuerdo sobre la fórmula [PSOE y PNV defienden que la lidere el Defensor del Pueblo y Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, que lo haga el Congreso]; varios grupos del Parlament de Cataluña también defienden su propias pesquisas a nivel autonómico, ya en marcha en Navarra; la Conferencia Episcopal (CEE) anunció la semana pasada que contrata a un bufete de abogados para auditar el escándalo; y siguen abiertas las oficinas de las diócesis que atienden a víctimas, “inoperantes” según muchas de ellas.
Esta avalancha de anuncios no agrada a muchas víctimas. “No sé por qué tiene que haber tantas comisiones y tantos rollos. ¿Qué pasa? ¿Que las víctimas tendremos que ir a declarar a 50 sitios distintos? Es una tomadura de pelo. No me gusta. Todo junto me parece un disparate”, opina Antònia Pallach, que sufrió abusos de un cura escolapio en 1950. Tampoco le gusta a Jesús Gutiérrez, también víctima de abusos a manos de un religioso en Santander en 1959: “Igual morimos antes las víctimas sin que ellos hayan llegado a conclusión alguna. Y ya se sabe, muerto el perro se acabó la rabia”. “Es una locura. No había nada y de repente se pisan unas detrás de otras. Si hay más de la cuenta pueden diluirse”, opina Emiliano Álvarez, miembro de la asociación de víctimas de Infancia Robada. Sin embargo, la Asociación de Víctimas de Abusos en Centros Religiosos de Navarra cree que “no sobran” foros en los que expresarse. “Los abusados estamos dispuestos a dar testimonio donde sea con tal de que al fin se nos escuche”, asegura Marcos Leyún, uno de sus miembros, víctima de abusos en un colegio marista cuando tenía ocho años.
Leyún solo rehúsa una de todas las iniciativas en discusión, la de la Iglesia. Es la que ha despertado un sonoro rechazo de las víctimas. La presentó el martes el presidente de la CEE, Juan José Omella, en el despacho Cremades & Calvo Sotelo. El despacho ha abierto un buzón “para atender a las víctimas” y asegura que elaborará “una completa documentación de los casos históricos”. En la rueda de prensa, el presidente del despacho, Javier Cremades, dijo que se inspirarán en el modelo de investigación francés, que estimó el número de víctimas en al menos 216.000, y en el de la diócesis de Múnich, que llegó tan lejos como para acusar de encubrimiento a Benedicto XVI.
“Ese bufete no va a investigar nada”, considera Manuel Barbero, presidente de la asociación Mans Petites (reúne principalmente a víctimas catalanas) y padre de una víctima de abusos sexuales en un colegio marista en Barcelona. Barbero cree que la labor de este despacho servirá a la Iglesia “para defenderse de las investigaciones públicas”. “Es decir”, continúa, “ellos van a decir que ya se han investigado a sí mismos y que han llegado a unas conclusiones concretas, que eso es todo lo que pueden aportar a la investigación pública”. Cree que aunque la CEE y el bufete hayan dicho que cuentan con la colaboración de las órdenes religiosas (que controlan los colegios en los que acontecieron la mayoría de los abusos) esto no es cierto: “Van a actuar como hasta ahora, no van a aportar nada”.
La desconfianza llega al punto de ni siquiera concederle la categoría de investigación. La propia Iglesia habla de “auditoría” aunque el bufete diga que va a documentar casos del pasado. “Es una auditoría, no una investigación”, considera María Teresa Compte, presidenta de Betania, asociación para la acogida y el acompañamiento a las víctimas de violencia sexual. Es una opinión muy parecida a la de Álvarez, de Infancia Robada: “No van a recibir ni un correo de víctimas. Yo soy víctima [un cura abusó sexualmente de él en el seminario de La Bañeza (León)] y no se me pasa por la cabeza escribirles para contarles mi caso. Me costó un huevo contarlo como para ahora decírselo a unos abogados contratados por la Iglesia, sin educadores sociales ni especialistas ni nada”. Otra de las principales suspicacias hacia esta investigación es que el presidente del despacho, Javier Cremades, es miembro del Opus Dei. “Creo que esto es muy parecido a cuando se pusieron en marcha las oficinas de las diócesis para atender a víctimas. Aquello no llegó a nada y su objetivo nunca fue descubrir la verdad, sino tapar el escándalo y silenciar a quienes les contaran algo”.
Las esperanzas de muchas víctimas están puestas en la investigación que articulen los poderes públicos. Sin embargo, no todas coinciden en cómo debería desarrollarse. Infancia Robada, presidida por el diputado socialista Juan Cuatrecasas, defiende que el Defensor del Pueblo coordine a un grupo de expertos, como apoyan el PSOE y el PNV (propuesta que se votará en el Congreso el 8 de marzo). “Lo que no me gusta de las comisiones parlamentarias es que no se suele llegar a nada. ¿Qué le vas a sacar al Osoro? No te va a responder”, opina Álvarez.
Mans Petites tiene una posición muy diferente a la de Infancia Robada: “No me gusta que sea a través del Defensor del Pueblo porque no tiene ni la autoridad ni la capacidad de investigar. Defendemos una comisión puramente independiente que, vía decreto ley, tenga el poder de obtener toda la información necesaria, como se ha hecho en Francia. Hay que sacar al Defensor del Pueblo de la ecuación, porque entonces es la comisión del PSOE. Y no debe estar politizada. Si la comisión no es puramente independiente, creo que la parlamentaria debe salir adelante. Estamos esperando a que nos lo expliquen”, dice Barbero. Leyún, de la asociación navarra, también espera que los socialistas concreten su proyecto: “Vemos la propuesta del PSOE con reticencias. Dicen que la comisión parlamentaria sería solo ruido, que solo sería presencia en televisión. Pero aunque no digan nada, obligaríamos a los obispos a dar la cara”. Leyún avisa de que si no les convence la “independencia” y la “profesionalidad” de la propuesta del PSOE, su asociación prefiere que tanto esa comisión como la parlamentaria, que apoyan Unidas Podemos y la izquierda nacionalista, salgan adelante.
El grupo parlamentario socialista ha convocado a varias víctimas para explicarles su propuesta este lunes en el Congreso. Entre ellas, a algunas asociadas en el colectivo navarro y a otras de Infancia Robada. Estas asociaciones, que junto a Mans Petites atienden a muchas víctimas y hacen un trabajo fundamental para el colectivo, cuentan con pocos recursos. Están compuestas por unas cuantas decenas de miembros y apenas tienen implantación territorial. Ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia, EL PAÍS ha documentado hasta ahora 611 casos de pederastia clerical, con 1.246 víctimas. España es uno de los pocos países de su entorno que aún no ha emprendido una investigación sobre la magnitud de este problema.
Iniciativas autonómicas
Un buen ejemplo de comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia, según Leyún, es la que está realizando el Gobierno de Navarra. El 11 de febrero se presentó un informe de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), encargado por el Ejecutivo foral, para averiguar el alcance de la pederastia en la iglesia de la región. El informe ha identificado a, al menos, 58 víctimas de abusos desde los años cuarenta del pasado siglo. La propia investigación apunta a que es solo la punta del iceberg, tras constatar la existencia de más víctimas que no han denunciado todavía. Desde entonces, el Gobierno ha recibido una veintena de denuncias similares de abusos a través de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito de la Dirección General de Justicia. No obstante, la ley de protección de datos ha impedido comprobar si estás denuncias se corresponden con nuevos testimonios o si son personas ya contabilizadas en el informe de la UPNA que han decidido iniciar ahora los trámites oficiales de denuncia.
El departamento navarro de Justicia y los grupos parlamentarios de esta autonomía trabajan para constituir un censo único e ir más allá: habilitar una vía de investigación más amplia e impulsar una ley pionera a nivel nacional que reconozca a estos denunciantes como víctimas de abusos. El consejero del área, Eduardo Santos (Podemos) rechaza la constitución de una comisión parlamentaria —en contra de la apuesta de la dirección nacional de su partido— y apuesta por una comisión de expertos con la participación de la Iglesia.
Otra iniciativa de investigación a nivel autonómico es la de Cataluña. Los comunes impulsan en el Parlament una comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia, con el apoyo de Esquerra y la CUP. Serán necesarios los votos de Junts o del PSC para que la propuesta obtenga luz verde en la tramitación. De momento, estos grupos no han anunciado su respaldo al proyecto. Por otro lado, en 2020 el Sindic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) presentó un informe sobre la pederastia en la Iglesia catalana. Constataron la falta de colaboración de la Iglesia y la certeza de que había muchos más casos de los que hasta entonces habían trascendido: “No existe correspondencia entre el número de víctimas que se han dirigido a la comisión y el número real de casos, puesto que de la documentación estudiada se desprenden indicios de un número de víctimas mucho mayor que la comisión no ha podido determinar”.
