La Corte Suprema de Estados Unidos analiza un caso que nuevamente enfrenta los derechos de los homosexuales y la religión.
El caso surgió en el estado de Colorado, luego de que un panadero que se opone al matrimonio homosexual por motivos religiosos se negara a hacer un pastel de bodas para una pareja gay. Se le pide al alto tribunal que equilibre los derechos religiosos del panadero contra el derecho de la pareja a la igualdad de trato bajo la ley. Disputas similares han surgido en distintas de los Estados Unidos.
La decisión de asumir el caso refleja una renovada energía entre los jueces conservadores de la corte, luego del reciente nombramiento del juez Neil Gorsuch al Supremo, que refuerza el lado conservador.
De acuerdo a LGBTQ Nation, la corte revisará una decisión de un tribunal de Colorado que determinó que el panadero Jack Phillips y su tienda Masterpiece Cakeshop discriminaron contra una pareja gay bajo la ley de Colorado.
Según la publicación, Phillips defendió ante la Corte Suprema su derecho a la libertad de expresión y libertad religiosa bajo la Primera Enmienda. Dijo que no debería ser obligado a hornear un bizcocho específicamente para honrar un matrimonio del mismo sexo.
El caso llega hasta el Supremo federal en momentos en que en Puerto Rico, la Cámara de Representantes recién aprobó legislación para establecer la “Ley para la Protección de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”.
La medida establece como política pública que el Gobierno de Puerto Rico “no podrá menoscabar sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa, a menos que exista un interés apremiante”.
El Proyecto de la Cámara 1018, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez y los representantes Guillermo Miranda Rivera y María Milagros Charbonier Laureano, reafirma que con esta iniciativa se busca preservar ese derecho constitucional como afirmación de un gobierno que “respeta y atesora la fe y la libertad de culto como elementos esenciales de su desarrollo como pueblo”.
La presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Charbonier Laureano, defendió la medida diciendo que “no es un proyecto que discrimina contra alguien, todos tienen derecho a creer (en alguna religión) o a no creer y eso hay que respetarlo”. Agregó que el proyecto, solo aplica al sector gubernamental.
