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“Summun ius, summa iniuria”

Ahora bien, ni el Estado ni la Iglesia pueden permitir semejante situación. El Estado no puede permitirla porque eso amenaza (e incluso contradice) su ordenamiento constitucional. Y la Iglesia tampoco puede permitirla porque eso amenaza y contradice su ejemplaridad y, por tanto, algo que pertenece a su razón de ser. Es evidente que los obispos tienen que procurar la debida educación confesional para sus fieles.
 
EL texto latino, que da título a este artículo, es un aforismo jurídico, tomado de Cicerón (De Off. 1. 10. 33). El aforismo significa: «Suma justicia, suma injusticia». Este aforismo se cumple en la figura jurídica del 'fraude de ley', que sucede cuando un sujeto, con el fin de evitar la aplicación de una norma jurídica, que no le favorece o no le interesa, se ampara en otra norma, llamada «de cobertura», y así busca dar un rodeo que le permite sortear la prohibición o las obligaciones que le imponía la norma vulnerada. Esto ocurre con más frecuencia de lo que algunos se imaginan. Por ejemplo, en la Constitución Española se dice (a. 1) que todos los españoles somos iguales en dignidad y derechos. Pero sabemos que los ricos tienen privilegios legales que no tienen los pobres, por ejemplo, pagar una fianza para eludir la cárcel. Ya sé que eso no es, hablando con propiedad, un 'fraude de ley'. Pero es 'suma justicia' para el rico y 'suma injusticia' para el pobre.

Estos días se habla de la sentencia del Tribunal Constitucional, según la cual los obispos pueden legalmente expulsar a un profesor de religión si no es competente por su recta doctrina y, además, si no destaca «por el testimonio de su vida cristiana», como ha dicho la presidenta del Constitucional al defender esta sentencia. Los que están en contra de tal sentencia, dicen que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a la Constitución de un Estado no confesional. Porque un Estado así, no tiene por qué andar indagando las creencias, y menos aún la vida privada de nadie. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que se garantiza en nuestra Constitución (art. 18, 1), se ve seriamente amenazado con esta sentencia. Además, todo esto pone en cuestión la no confesionalidad del Estado. Porque, como ya he dicho otras veces, un Estado no confesional no tiene por qué enseñar catecismo a los ciudadanos. Pero, antes que nada de eso, hay en la reciente sentencia algo mucho más grave. La causa de este embrollo jurídico radica en que los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 llevan inevitablemente a romper el citado 'principio de igualdad' de nuestra Constitución. Mientras esos Acuerdos estén en vigor, la igualdad en derechos de todos los españoles no será posible. Porque los católicos tenemos (y tendremos) unos derechos que no tienen (ni tendrán) quienes pertenecen a otras confesiones religiosas. Dado el enorme pluralismo de religiones y creencias, que hay ahora mismo en España, no es posible que ningún gobierno pueda conceder a todas y cada una de esas religiones todos los privilegios legales que tiene la Iglesia católica y que no tienen los demás. La 'suma justicia' que se le hace a la Iglesia produce inevitablemente la 'suma injusticia' que se les hace a los demás.

Ahora bien, ni el Estado ni la Iglesia pueden permitir semejante situación. El Estado no puede permitirla porque eso amenaza (e incluso contradice) su ordenamiento constitucional. Y la Iglesia tampoco puede permitirla porque eso amenaza y contradice su ejemplaridad y, por tanto, algo que pertenece a su razón de ser. Es evidente que los obispos tienen que procurar la debida educación confesional para sus fieles. Pero lo que no es evidente es que eso tenga que hacerlo el Estado. Los planes de estudio de un Estado, en el que conviven gentes de tantos 'credos' y personas que no tienen creencias religiosas, deben incluir la debida información sobre el hecho religioso, su razón de ser, su historia, sus limitaciones y sus consecuencias. Lo que no está claro es que un Estado no confesional tenga que enseñar el catecismo religioso de una determinada confesión, al tiempo que no enseña los catecismos de las restantes confesiones.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional da pie para decir que no podemos estar de acuerdo con un gobierno que favorece a una confesión religiosa (la Iglesia católica) con privilegios que no tienen las demás. Se puede sospechar que el PSOE no ha denunciado la inconstitucionalidad de los Acuerdos de 1979 porque le interesan los votos de los católicos de izquierdas. Como se puede sospechar también que el PP se aferra a los privilegios de la Iglesia porque eso le da votos de la derecha. Todos utilizamos la Religión para lo que nos conviene. Pero, más que con los políticos, estamos en desacuerdo con la Iglesia. Los obispos no pueden pedir ejemplaridad confesional a los profesores de religión a costa de perder ellos la ejemplaridad que tienen que dar a todos como representantes oficiales de Jesucristo, que no quiso para él privilegio alguno. Por otra parte, como es sabido, los obispos invocan el derecho de los padres a que el Estado enseñe la religión que ellos eligen para sus hijos. Y hacen bien al exigir ese derecho. Pero, ¿por qué no exigen que tal derecho se aplique a todos los ciudadanos, ya sean católicos o de cualquier otra confesión? Arrimar el ascua a la propia sardina, sin hacer caso de las sardinas de los otros, además de poco ejemplar, es algo que le está diciendo a toda España que la Iglesia está persuadida de que ella, y sólo ella, está en la verdad, mientras que los demás están en el error. Eso es lo que se decía en otros tiempos. Pero seguir diciéndolo ahora es, probablemente, ponerle a la fe en Dios una dificultad mayor que la dificultad que representaría suprimir la clase de religión. En los tiempos que corren, no se puede ir por la vida diciendo que yo soy el único que posee la verdad, mientras que los demás están en camino de perdición. El que no respeta a los demás, se expone a no ser respetado. Me temo que algo de eso es lo que le pasa a la Iglesia.

José M. Castillo catedrático de teología dogmática de la Universidad de Granada
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COMENTARIOS

(Estrella)Personalmente no me gusta nada el texto, por varios motivos:

Primero hace una afirmación falsa:

Porque un Estado así, no tiene por qué andar indagando las creencias, y menos aún la vida privada de nadie.



El Estado tiene la obligación de indagar en  muchas cosas, entre ellas las creencias cuando la necesidad se lo permite, las personas no tienen que declarar sus creencias, pero no es ilegal que el Estado, por ejemplo, en una pesquisa policial indage sobre ellas, para por ejemplo, retirar a ciertos sospechosos de la lista. Estos mismos días tenemos de ejemplo la pregunta sobre el atentado en Madrid, hecha en la sala del tribunal sobre lo que pensaban los encausados de dicho atentado, que ellos no tuvieran obligación de responder no significa que el Estado, en este momento a través de un actor del juicio no pueda indagar en ello.



Segundo:

Porque los católicos tenemos (y tendremos) unos derechos que no tienen (ni tendrán) quienes pertenecen a otras confesiones religiosas.

Esto tampoco, las religiones, por serlo tienen esos mismos privilegios, quienes no lo tienen son los que no son consideradas por el  Estado religones, los Satanistas, los diversos grupos que "adoran" extraterretres, etc y los que no tenemos religión. El único privilegio que yo sepa tiene el catolicismo sobre los demás, es el número de niños necesarios  para exigir la enseñanza, la Iglesia Católica no tiene mínimo



Tercero:

El Estado no puede permitirla porque eso amenaza (e incluso contradice) su ordenamiento constitucional.

Una afirmación gratuita ya que lo que hasta ahora hay dice lo contrario, es constitucional, incluso si no  me equivoco (puedo equivocarme) hay una sentencia del Supremo donde no acepta un recurso contra la alternativa basada en la igualdad,  dando su definición particular de igualdad, ya que como no existen definiciones absolutas, muchas veces olvidamos que hay muchas y variadas versiones de lo que la igualdad es. viniendo de un teólogo no es extraño este olvido.



Los obispos no pueden pedir ejemplaridad confesional a los profesores de religión a costa de perder ellos la ejemplaridad que tienen que dar a todos como representantes oficiales de Jesucristo, que no quiso para él privilegio alguno.

Como todo depende de la interpretación, hay un pasaje en la Biblia donde una mujer masajea los pies de Jesús con un aceite carísimo y los discipulos, lo reprochan pensando que el dinero del aceite debía ir para los pobres, Jesús acepta el aceite y disfruta del privilegio no dándole la razón a los discipulos. O Jesús no era tan perfecto como nos lo quieren vender o su concepto de ejemplaridad era muy peculiar.



Aquí ya mis descrepancias son enormes:

Los planes de estudio de un Estado, en el que conviven gentes de tantos 'credos' y personas que no tienen creencias religiosas, deben incluir la debida información sobre el hecho religioso, su razón de ser, su historia, sus limitaciones y sus consecuencias.

El hecho religioso es un problema religioso, considerar al hombre espiritual por si  mismo,  es una opinión, que qué conste comparto, pero  no así mucha gente es un tema de filosofía que se puede dar a través de filósofos religiosos o no religiosos, pero una cosa es dar la espiritualidad en filosofía a través de diversos autores y otra es dar el hecho religioso, que sólo incumbe a los religiosos y a través de sus creencias. Meter el hecho religioso en el colegio es más de lo de siempre, meter subliminalmente la religión  por todas las esquinas por las que pueda colarse.


En los tiempos que corren, no se puede ir por la vida diciendo que yo soy el único que posee la verdad, mientras que los demás están en camino de perdición. El que no respeta a los demás, se expone a no ser respetado. Me temo que algo de eso es lo que le pasa a la Iglesia.


Personalmente le diría a este señor, que ha incurrido en faltas gravísimas, las mismas que critica a su Iglesia. Este hombre no respeta a los demás, somos muchos a los que no ha incluido en ese texto y somos muchos los que olvidados en su razonamiento, nos ha dejado sin existencia a través de su escrito, porque la omisión también es una forma de discriminación, claro que, no sé cuando, como, porque, para qué… lo escribió y a lo mejor en la situación concreta dicha omisión tenía una razón de ser, no conozco las circustancias.

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