«Súbele un pelín el precio a las imágenes y que Dios reparta suerte»

En los 1.000 folios que acumula ya el sumario de este caso figuran las denuncias de varias empresas perjudicadas por la trama corrupta que han ratificado las irregularidades cometidas en la rehabilitación de iglesias y retablos de Pontevedra y Ourense. Los relatos de estas firmas que sistemáticamente quedaron fuera de los contratos para rehabilitar patrimonio ponen de manifiesto que Carlos Gómez Gil "ofrecía a los párrocos subvenciones de la Xunta siempre que contrataran las restauraciones con empresas determinadas, motivo por el cual los párrocos se decantaban por estas ofertas más ventajosas".

La policía da credibilidad a estos testimonios. "En otras ocasiones las condiciones de los concursos de adjudicación de obras importantes en cuya redacción o valoración participaba [el funcionario imputado] eran orientados para que fuese elegida una empresa concreta", contaron a los agentes los directivos de empresas apartadas de los contratos.

Temor a los concursos

La policía constata incluso que algunas parroquias llegaron a recibir subvenciones de la Xunta sin que sus párrocos hubieran realizado trámite alguno para optar a las ayudas. En no pocas ocasiones, el dinero de la Consellería de Cultura o del Xacobeo iba a parar directamente a las empresas contratadas, sin pasar por institución alguna.

Las escuchas telefónicas ponen de manifiesto la forma de operar de la trama. En una conversación grabada el 29 de julio de 2009 a las 21.49 horas, Olga Q., representante de la firma Márquez Vieira CBC, avisa a Carlos Gómez Gil de que le va a mandar un presupuesto por un importe de 146.000 euros. Al escuchar esa cifra, Gómez Gil muestra su contrariedad por el precio: "A mí lo que me preocupa es que a partir de 50.000 euros sale a concurso".

El funcionario de la Xunta pregunta entonces por el coste de unas imágenes para la iglesia y se muestra más aliviado cuando la representante de la empresa las cifra en 11.000 euros. Entonces Gómez Gil invita a la representante de la firma a elevar el precio. "Lo de las imágenes no me parece caro porque al dividir entre tres las puedes dejar en 14.000 [euros], súbeles un pelín y el resto déjalo como está y que Dios reparta suerte", pide el funcionario de Cultura. La policía sospecha que el incremento del precio responde al interés de Gómez Gil de mantener contentas a las empresas "para que no hablen" con la Xunta o acudan a denunciarlo ante la policía, tal y como habían amenazado.

El funcionario acusado de cohecho ingresó 122.000 euros sin justificar

Una presunta trama de corrupción generalizada gestionó entre 2005 y 2009 la restauración del patrimonio histórico-artístico en las iglesias de Ourense y Pontevedra. A la cabeza de la organización estaba el ex restaurador de la Consellería de Cultura Carlos Gómez-Gil Aizpurúa -ahora desplazado en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena- y al que el juzgado de instrucción número 3 de Santiago imputa por cohecho y tráfico de influencias.

El prolijo informe de la brigada de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía y que incorpora extractos bancarios y pinchazos telefónicos coloca a este funcionario de la Xunta en el centro de la organización que presuntamente habría cobrado comisiones ilegales de las adjudicatarias de los trabajos.

Según consta en el sumario, el técnico Carlos Gómez-Gil condicionaba las subvenciones de la Xunta a que los sacerdotes encargasen los trabajos de restauración a empresas amigas. Entre ellas figuran firmas especializadas en rehabilitación como Márquez Vieira CBC, Abside Restauraciones, Da Vinci, Alquimia Restauracións y Acanto Conservación, todas ellas radicadas en Galicia.

La denuncia partió de la propia Consellería de Cultura que presidía Ánxela Bugallo y estuvo motivada por el elevado nivel de vida de los trabajadores ahora imputados. El seguimiento que la unidad de delincuencia económica y fiscal de la policía ha hecho de las cuentas de Gómez Gil ha llegado a esa misma conclusión. Los extractos bancarios delatan movimientos en sus cuentas y las de su esposa "que suman cantidades muy superiores a los ingresos declarados por sus titulares". En total, la policía computa entre 1998 y 2007, 39 ingresos con dinero en efectivo, todos superiores a 1.000 euros, por un importe total de 122.471 euros. Durante el año 2008, los investigadores destaparon 14 ingresos en una cuenta del Deutsche Bank que suman 42.400 euros, al margen de la nómina, 29.488 euros, que el funcionario percibió de la Consellería de Cultura.

El informe policial concluye que "estos ingresos en efectivo se produjeron en la misma fecha o en fechas próximas en las que estas cinco empresas de rehabilitación recibieron transferencias de la Xunta de Galicia y de la Xestión do Plan do Xacobeo". Las declaraciones testificales de 25 implicados llevan a la policía a concluir que "el investigado Carlos Gómez Gil en su quehacer profesional orientaba la contratación de concretas empresas de diferente forma, en especial ofreciendo la posibilidad de subvencionar la obra si la empresa elegida por el párroco de turno era del técnico, recayendo esa elección siempre en el grupo de empresas a priori favorecidas.

De las escuchas telefónicas autorizadas por el juez, los investigadores concluyen que el arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, José Manuel Pichel, también imputado, es otra de las figuras clave de la red a la que la Fiscalía atribuye los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho. Su participación estaría relacionada con las subvenciones para restauración de patrimonio que firmaba la Sociedade de Xestión do Xacobeo. En las conversaciones grabadas quedan patentes las estrechas relaciones que tanto Pichel cómo Gómez Gil mantienen con los directivos de las empresas restauradoras e incluso con los párrocos que encargan los trabajos, a firmas previamente seleccionadas a dedo.

En una de las escuchas que tuvo lugar el pasado 29 de julio de 2009 a las 13.22 horas entre Pichel y Gómez Gil queda patente el modo de operar de la red. El primero, arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, pregunta por el coste de rehabilitación de un retablo. Lo que sigue es el extracto que figura en el sumario judicial.

-Gómez Gil: Eso cuesta un pastón.

-Pichel: Haz que me llegue una nota sin nombre de nada, con la valoración y las opciones de licitación, aunque estoy barajando un convenio con los mercedarios y se les da la pasta a ellos.

-Gómez Gil: Los mercedarios entonces ya deciden ellos, no hay ningún tipo de problema y lo de la licitación, ¿a partir de cuánto tienes que sacarlo?

-Pichel: A partir de 50.000 euros.

La reforma del retablo es una obra que la trama tenía previsto acometer en el municipio orensano de Verín. La interpretación de la policía es que el arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, José Manuel Pichel, le pide a Gómez Gil que le haga llegar un presupuesto de alguna de las empresas con las que habitualmente trabaja. La fórmula de optar por un intermediario -"los mercedarios"- para que sea la orden religiosa la que encomiende la reforma del retablo a una empresa determinada pretende evitar el concurso público, que está obligada a convocar la Xunta para aquellos contratos que superan los 50.000 euros.

Una casa bajo sospecha

La red de contactos que el principal imputado de la trama tejió desde la Xunta le permitió hacerse presuntamente con la casa rectoral de Paraños en Covelo por sólo 60.000 euros. Una propiedad que, rehabilitada y con una piscina, puso a la venta en Internet el propio Carlos Gómez Gil por 680.000 euros.

La enajenación aprobada por el Obispado de Tui, cuyo anterior titular, José Diéguez Reboredo, también permanece imputado en este caso, alzó en armas a toda la parroquia que censuró "el expolio" y culpó directamente al sacerdote, Juan Sobrino. Según consta en el sumario, a la reforma de la propiedad -que acabó convertida en un pazo- contribuyeron trabajadores de la firma Ábside, una de las adjudicatarias habituales de los proyectos que informaba el técnico de la Consellería de Cultura.

A partir de que este diario informó en agosto de la venta de la propiedad por un precio irrisorio, las llamadas entre el cura de Covelo y Gómez Gil se multiplicaron. En una de las conversaciones interceptadas, el párroco llama al funcionario de la Xunta para "estar un poco de acuerdo en lo que se va a decir a la policía" sobre la venta de la casa. Ambos acordaron que la rebaja del precio "es un agradecimiento al técnico por los servicios prestados", aunque los dos coincidieron en que podía quedar "un poco feo".

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