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¿Son compatibles los derechos humanos y la ley islámica?

La pregunta que da título a este artículo ha sido objeto de debate en días recientes a raíz de que la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), que agrupa a representantes de las 57 naciones musulmanas del mundo, anunció su decisión de establecer una división especial que se ocupe del tema de los derechos humanos en el entorno islámico. Para tal propósito se celebró una reunión el martes pasado en Yeddah, Arabia Saudita, entre la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanathem Pillay, y la secretaria general de la OCI, Ekmeleddin Ihsanoglu. Esta última expresó su aspiración de que la proyectada nueva división o comité logre generar un “cambio de paradigma” en las concepciones oficiales de la OCI.

Por supuesto, el intento en cuestión despierta interrogantes acerca de si la sharía o ley islámica puede convivir en armonía con un respeto a los derechos humanos tal y como éstos son entendidos en Occidente. Las opiniones al respecto han diferido de manera radical. Por un lado, Ihsanoglu considera que los derechos humanos universales coinciden en mucho con los valores islámicos —y por tanto no habría contradicciones serias— al tiempo que Pillay misma admitió que los países miembros del Consejo de la Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán y los Emiratos Árabes) han mostrado una alentadora actividad gubernamental destinada a mejorar los derechos humanos, en especial en lo que se refiere a derechos sociales y económicos, derechos infantiles y tráfico de gente, sin alterar mayormente la preeminencia que la ley islámica tiene en sus sistemas legislativos nacionales.

Pillay reconoció que algunos de los países miembros de la OCI han modificado sus leyes con respecto a las mujeres en asuntos como matrimonio, divorcio y participación pública, todo ello gracias a interpretaciones dinámicas de las tradiciones islámicas por parte de gobiernos y juristas que han demostrado que se puede armonizar la nueva legislación con la jurisprudencia islámica, siempre y cuando ésta sea abordada con la necesaria flexibilidad y apertura. Sin embargo, también manifestó que persisten serias deficiencias en otros temas concernientes a derechos de las mujeres y de los inmigrantes. Expresó también que aun con los avances conseguidos, la libertad de expresión y asociación sigue siendo precaria, al tiempo que se mantiene un buen número de barreras discriminatorias hacia distintos segmentos sociales.

Pero por otro lado, circulan igualmente puntos de vista más escépticos de la posibilidad de armonizar el respeto a los derechos humanos con la sharía. Por ejemplo, Mona Abousenna, secretaria general de la Asociación Internacional para la Ilustración Averroes, ha señalado que el proyectado comité en proceso de fundación sólo podrá ser efectivo si evita las influencias religiosas. Ella advirtió que “…habiendo (dicho comité) establecido aquello a lo que se opone, también debería comprometerse con lo que habría que promover, a saber, la libertad de expresión, la aceptación de las diferencias de opinión, y sobre todo, una concepción de mundo no absolutista que admita un método de pensamiento secular capaz de abordar ciertos temas de manera relativa y no absoluta. Debe aceptar a todas las religiones del mundo como iguales al Islam y respetar a sus seguidores de la misma manera como lo debería hacer con los no creyentes”.

Esta polémica revela sin duda que el mundo del islam vive hoy por hoy, en muchos de sus sectores, la inquietud y el fermento que hace ya tiempo caracterizó a la historia de sociedades occidentales en proceso de modernización. Se trata, en síntesis, del tema de la separación entre religión y Estado que tantas convulsiones generó y tanto esfuerzo consumió para concretarse. El cambio en Estados islámicos no será de ninguna manera sencillo pero tal vez es un buen principio que al menos se estén planteando ya estas conflictivas contradicciones para avanzar paulatinamente hacia una realidad que logre separar de manera oficial los ámbitos de la religión y el Estado, aceptando la distancia que debe haber entre la esfera de lo privado y lo público.

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