En 2004 el número de españoles que decidió destinar esa parte de sus impuestos al sostenimiento de la Iglesia (declaración correspondiente a 2003) volvió a retroceder, un paso más dentro del lento pero imparable goteo que con un breve paréntesis a finales de los noventa se da desde hace una década. Y en 2005, según el primer avance aún provisional de la declaración realizada la pasada primavera, ha seguido cayendo. Sólo algo más del 22% de los contribuyentes puso la cruz en la casilla correspondiente a la Iglesia. Un poco más del 10% decidió asignar la misma cantidad a la Iglesia y a 'otros fines sociales'.
Ello significa que el Estado debe complementar la cantidad aportada por los contribuyentes hasta alcanzar la suma prevista, fijada en los acuerdos con la Iglesia y que ejercicio tras ejercicio figura en los Presupuestos Generales del Estado y por tanto se somete a revisión anual. En 2005, la asignación presupuestaria es de 141,5 millones de euros. El último año fiscal cerrado, el de 2002, para una asignación prevista de 133,3 millones, los contribuyentes aportaron 106 millones en el territorio común y 10 millones en el correspondiente a las cuatro haciendas forales, de manera que el Estado tuvo que aportar otros 17 millones complementarios.
PRECARIEDAD CATÓLICA
Las finanzas de la Iglesia católica viven una situación de precariedad, y no sólo porque dependan cada año de la aportación del Estado, cuando según el convenio entre ambos debía tender a la autofinanciación. El último acuerdo económico, firmado en 1999, tenía validez por cinco años, lo que en teoría obligaba a negociar uno nuevo a comienzos de este ejercicio. Pero no ha sido así. En realidad, ni siquiera se ha abordado seriamente el asunto, en parte porque las circunstancias no han sido propicias.
La Conferencia Episcopal Española sufrió a comienzos de año una profunda renovación, con el para muchos sorprendente relevo en la presidencia de Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, por Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao. Y poco después, murió el Papa Juan Pablo II y se procedió a la elección de su sucesor, lo que supuso una paralización de buena parte de la actividad del máximo órgano de los obispos.
El Gobierno tampoco ha mostrado un interés especial en propiciar una nueva polémica, después de las habidas con los planes cambiantes sobre la asignatura de Religión en los nuevos programas escolares y en asuntos de índole social como el matrimonio de los homosexuales y la modificación de la ley en lo que respecta al divorcio. De hecho, nadie parece querer ser el interlocutor cuando se habla del dinero asignado a la Iglesia católica, y Hacienda y Justicia se pasan la patata caliente como si el asunto no fuera con ellos.
Así las cosas, en 2006, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha entrado en el Congreso prevé ingresar en las arcas episcopales una dotación de 144,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,96%, muy por debajo del gasto total, que crece un 7,6%, y de la inflación, que el Gobierno sitúa por encima del 3%.
POSICIÓN DELICADA DEL GOBIERNO
La posición del Gobierno en este terreno es delicada, cuando parte de la comunidad educativa ha declarado su guerra a la LOE, con el apoyo explícito del Episcopado. En el seno del PSOE se han escuchado voces muy críticas contra la financiación de la Iglesia. Una de las más fuertes proviene de Álvaro Cuesta, secretario de Libertades Públicas, que ha protagonizado repetidas iniciativas -alguna en la época de Aznar- para eliminar las ayudas estatales a la confesión católica. Incluso ha avanzado la posibilidad de adoptar el 'modelo alemán', en el que son los propios fieles quienes financian a sus instituciones eclesiales mediante un impuesto. Los sectores más laicos del partido aprietan, mientras los más moderados consideran que «no es el momento de abrir nuevos frentes».
«Zapatero no va a denunciar los acuerdos del Vaticano, con el Gobierno, ni en materia educativa ni en el ámbito económico», asegura un miembro cualificado de la formación socialista. Desde su óptica, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Iglesia «tiene mucho ruido, pero pocas nueces. Lo único que ha habido es un avance en cuanto a derechos civiles en un Estado laico en el sentido positivo de la palabra. Sí que se han frenado iniciativas del PP, pero no se ha ido más allá. No se ha cortado nada: se mantienen la financiación de la enseñanza concertada, la asignatura de Religión en el sistema y la asignación tributaria», sostiene.
En el PSOE se considera, sin embargo, que la Iglesia católica, «debería poner orden en su caos económico interno. Debería actualizar sus sistemas contables y profesionalizar la gestión de sus recursos con una mejor distribución de su caja de compensación entre diócesis ricas y pobres. El Gobierno no fiscaliza el dinero que entrega a la Iglesia, no le pide explicaciones y a cambio de esa prestación, recibe mucho ruido», reprocha.
A día de hoy, la ayuda económica del Estado a la Iglesia católica se atiene al espíritu y la letra de los acuerdos firmados en 1979. El Gobierno mantiene su compromiso de un «adecuado sostenimiento» de la carga económica de la Iglesia católica, mientras ésta avanza en el suyo: conseguir «los recursos suficientes» para la autofinanciación. La Iglesia católica propone elevar el coeficiente del IRPF para acercarse a ese objetivo, mientras el Gobierno no ha terminado de concretar un nuevo modelo. En la Conferencia Episcopal dan por hecho que el Ejecutivo socialista no va a actuar por su cuenta y riesgo para denunciar este acuerdo, cuando el propio texto contempla que es una decisión concertada por ambas partes.
PRESUPUESTO DE LA IGLESIA CATÓLICA
En ese 'impasse', cada año la Conferencia Episcopal se encuentra con más problemas para cuadrar sus presupuestos. El proyecto para el próximo ejercicio, desarrollado por el Consejo de Economía -que preside monseñor Blázquez y gestiona Bernardo Herráez, vicesecretario para Asuntos Económicos- ha sido ya debatido en la pasada reunión de la Comisión Permanente y será definitivo en la plenaria que se celebrará en noviembre.
