Sólo lo juzga la ley de la Iglesia

El Arzobispado de Santa Fe avisó que al cura Luis Brizzio se lo investiga bajo el derecho canónico, y que el denunciante «no tiene posibilidad de participación». Tampoco explican adonde está el sacerdote. Con Storni había pasado algo similar.

«No tenemos posibilidad de controlar un expediente canónico». Así se expresó el abogado Carlos Lombardi, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, que representa al hombre que hace semanas denunció al cura Luis Brizzio, de la Basílica de la ciudad santafesina de Esperanza, que luego fue apartado. El letrado señaló que, tras la declaración de la víctima en el Arzobispado de Santa Fe, la semana pasada recibió un llamado desde allí, donde le dieron cuenta de que el expediente con el testimonio de la víctima, y otros que se tomarán en los próximos días, será girado a Roma, donde se decidirá la suerte del cura acusado. Aunque pasaron 20 años desde los hechos, toma fuerza la posibilidad de presentar la acción penal, frente a un antecedente de Entre Ríos, donde un tribunal resolvió la no prescripción de este tipo de casos.

La semana pasada, Rosario/12 publicó el testimonio de la víctima, quien brindó una entrevista bajo identidad reservada, y relató que sufrió tres episodios de abuso, durante su participación en los grupos de acción católica de jóvenes, dirigidos por el cura Brizzio, en la ciudad de Gálvez. En ese entonces, el denunciante tenía entre 16 y 17 años. Si bien su padre se reunió con el entonces arzobispo Edgardo Storni, sólo se logró un traslado del religioso. De momento, por el hecho hay una investigación canónica, que se inició con la declaración de la víctima, el 6 de febrero pasado. Por esos días se conoció el apartamiento del presbítero de la Basílica de Esperanza, mediante un comunicado del Arzobispado santafesino.

En los últimos días, el abogado Lombardi recibió una comunicación telefónica desde el Arzobispado. «Yo les había mandado un correo electrónico para saber qué garantías procesales iba a tener mi representado. Entonces, me llamaron y me dijeron que el denunciante no iba a tener participación en la investigación preliminar que están haciendo; y que ellos se limitaban a tomar las testimoniales (dos más, aparte de la víctima) y enviarlas a Roma». En ese momento, el letrado les preguntó «qué garantías había de que la víctima fuera notificada si esta denuncia tiene color para un proceso judicial o no; entonces me respondieron que no tenemos posibilidad de controlar un expediente canónico. Dado lo que viene diciendo el papa Francisco sobre la tolerancia cero, teníamos una leve esperanza de que esto cambiara».

Lombardi lamentó: «Tampoco nos dieron datos acerca del paradero de Brizzio, frente a las dudas de la víctima. Se manejan con autoritarismo y arbitrariedad. Supongo que las normas de la iglesia tienen que concordar con la Constitución Nacional».

Al mismo tiempo, el abogado de la Red que patrocina otros casos en el país, no recordó antecedentes de causas como ésta en las que, tras llegar a Roma, las investigaciones hayan avanzado fuera del plano canónico. «Se arma un expediente pequeño en Santa Fe. Pero, en cuanto a las declaraciones del presunto abusador: ¿cómo sabemos que no miente?, ¿por qué no podemos estar presentes? Se basan en el secreto de sumario, que es una medida judicial y temporal. Siempre una persona o su profesional tiene la posibilidad de controlar, pero no lo tenemos en Santa Fe y mucho menos lo vamos a tener en Roma, aunque me digan que me van a notificar. La víctima está desamparada», aseguró.

En ese sentido, el letrado recordó que «la denuncia contra el arzobispo Storni denunciado por seminaristas y fallecido en 2012 en el plano canónico no tuvo respuestas: lo mandaron a llamar y estuvo reunido con Juan Pablo II y, según el libro de Olga Wornat, volvió fortalecido. Canónicamente no lo tocaron», lamentó. Por eso dudó sobre posibles sanciones en el caso que patrocina.

Frente a esta situación, Lombardi planteó que la posibilidad de iniciar acciones penales, tal como adelantó la semana pasada, como una alternativa que se fortalece. Según dijo, profesionales penalistas de la red están analizando el caso y cuando la víctima vuelva de su viaje fuera del país se reunirán para evaluarlo. «Creemos que en 15 días más, cuando llegue el denunciante al país, veremos qué hacer. En lo canónico estamos en manos de estos señores. También evaluaremos recurrir a la justicia civil», dijo.

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