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Solo dos multas frente a una catarata de actos franquistas: las leyes autonómicas de memoria muestran sus flaquezas

València, Aragón, Andalucía e Illes Balears cuentan con medidas legales para sancionar aquellos actos que impliquen una exaltación de la dictadura. Hasta ahora únicamente ha habido dos procedimientos abiertos por la Generalitat Valenciana.

Brazos en alto. Banderas agitadas. A veces con megafonía y otras a viva voz, el “Cara al sol” empieza a sonar en la España del siglo XXI. La escena ha estado precedida de intervenciones sobre la “salvación” franquista frente a los “rojos”. Ya sea un 20 de noviembre o un 18 de julio, el guion de exaltación de la dictadura se repite en distintos puntos del país. En cuatro autonomías hay sustento legal para multar estas afrentas a la memoria de miles de víctimas. Sin embargo, hasta ahora solo ha habido dos sanciones frente a un largo listado de casos que salieron, sencillamente, gratis. 

València, Aragón, Andalucía e Illes Balears cuentan a día de hoy con leyes autonómicas de memoria histórica y democrática que establecen sanciones para distintos actos de exaltación o enaltecimiento de la dictadura franquista. Euskadi ha dado el primer paso para sumarse a ese grupo: el pasado martes 27, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley que será remitido al Parlamento de Vitoria para su aprobación, y en el que también se fijan multas para los actos de apología del régimen. 

De momento, los antecedentes demuestran que estas leyes, al menos en su apartado punitivo, apenas se aplican. Hasta ahora sólo hay constancia de sendas sanciones a dos militantes franquistas por un acto ultraderechista celebrado el 12 de octubre de 2020 n el barrio valenciano de Benimaclet, donde los manifestantes convocados por España 2000 “exhibieron simbología nazi, la bandera española con el escudo franquista, la bandera de la falange, saludos fascistas y antorchas”, establece la resolución adoptada por la Dirección General de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno de la Generalitat Valenciana. Las multas alcanzaron los 8.000 euros. 

València cuenta con ese amparo legal contra la exaltación franquista desde finales de 2017,cuando el Parlamento dio su visto bueno a la ley de memoria con los votos a favor del PSPV, Compromís y Podemos. El PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo. Desde entonces se registraron en ese territorio diferentes actos de homenaje a la dictadura que no recibieron sanción alguna. 

Tras imponer esas primeras multas por el acto franquista de Benimaclet, la Generalitat valenciana estudia ahora posibles sanciones contra los ultraderechistas que en abril pasado increparon al diputado de ERC Gabriel Rufián en la localidad de Dènia. Los radicales que insultaron al representante catalán llevaban simbología nazi. 

Pasividad policial

La ley valenciana establece multas de entre 2.000 y 10.000 euros para quienes celebren actos u homenajes “contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas y sus familiares”. También se persigue “la exaltación individual o colectiva de la sublevación militar o del franquismo”, así como “la utilización de expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares”.

Del mismo modo, se prevén sanciones más elevadas para aquellos casos de destrucción de fosas comunes o el incumplimiento en la retirada de “elementos contrarios a la memoria democrática” en espacios públicos.   La Generalitat Valenciana trabaja en la elaboración de unos materiales didácticos para la Policía

Según señalan fuentes del Gobierno valenciano, una de las principales dificultades a la hora de imponer sanciones –principalmente en lo referido a actos de exaltación franquista– se debe a la falta de identificaciones policiales cuando se producen actos de exaltación del régimen. De hecho, la Generalitat trabaja actualmente en la elaboración de unos materiales didácticos dirigidos a la Policía, a fin de promover la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en sus actuaciones.

La primera normativa autonómica de ese tipo nació en Andalucía. En abril de 2017, el Parlamento dio su visto bueno a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de esa comunidad, que salió adelante con los votos favorables del PSOE –entonces a cargo del Gobierno andaluz–, Podemos, IU y la abstención de PP y Ciudadanos. 

En ese texto también se fijan sanciones para los casos de “exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones –entre los que ubica el callejero– “realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo”. Además, se establece que las administración públicas de Andalucía “prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”, así como la “exaltación del golpe militar o del franquismo”. 

En una respuesta enviada en marzo pasado a la parlamentaria ultraderechista Luz Belinda Rodríguez –primero en Vox, ahora en Falange Española de las JONS–, el Gobierno andaluz señalaba que hasta ese momento no se había registrado ninguna multa por vulnerar la ley de memoria, según dio a conocer el diario La Razón. En ese contexto, Público realizó una petición de información a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico –encargada a día de hoy de los asuntos relacionados con la memoria democrática–, pero de momento no ha habido respuesta.

“En su momento fue una ley vanguardista, pero luego no hubo ninguna sanción”, lamenta Ana Naranjo, parlamentaria autonómica de Unidas Podemos. En esa línea, advierte que ni la Policía ni los tribunales actúan contra el enaltecimiento de la dictadura. “El 20 de noviembre anterior, desde IU Córdoba presentamos una denuncia en el juzgado por un acto de exaltación franquista. El expediente se archivo sin que movieran ni un dedo”, sostiene Naranjo, quien destaca que en otros casos “hay vecinos que llaman a la Policía” para denunciar hechos de ese tipo, pero los agentes “ni siquiera acuden a parar esas exaltaciones”. 

Los homenajes de cada verano a los “mártires de La Garrofa” en Almería forman parte del listado de actos franquistas que se celebran en territorio andaluz sin ningún tipo de sanción. El ultraderechista Movimiento Católico Español (MCE) está detrás de esos actos, que posteriormente son reflejados en su página web con abundantes fotografías. 

Sin multas en Aragón

El MCE también participa en los actos de enaltecimiento de la dictadura que se celebran anualmente en las ruinas de Belchiteuno de los símbolos de la guerra civil en Aragón. Allí se despliegan banderas franquistas y falangistas y se hace apología a viva voz de la dictadura. Tampoco han faltado los brazos en alto y homenajes franquistas en actos por el 20 de noviembre en la ciudad de Zaragoza.

Si bien Aragón cuenta desde finales de 2018 con una Ley de Memoria Democrática, fuentes del Gobierno autonómico señalaron a Público que hasta ahora no ha habido ninguna sanción por exaltación franquista. “Lamentablemente, la Ley de Memoria Democrática de Aragón no se está aplicando como debería”, señala Inmaculada Rebla, integrante de la asociación memorialista Charata.

Exaltación del golpe de estado

En Illes Balears también se contemplan multas para “las manifestaciones o exhibiciones por parte de representantes públicas y funcionarios de la administración de la comunidad autónoma que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura”.

Además, en el apartado de “actos contrarios a la ley de memoria histórica” se incluye textualmente “la celebración de actos y/u homenajes de cualquier naturaleza” que tengan como fin “la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo” de la dictadura, de sus dirigentes o de las “organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial”. 

Este periódico solicitó información al Gobierno de las Illes Balears para tratar de determinar si se han aplicado multas por esos supuestos, pero no ha sido posible obtener una respuesta. Falange Española de las JONS cuenta allí con una exmilitante de Vox que actúa ahora como jefa local falangista en el municipio de Llucmajor. Su nombre es María Garau y en los últimos meses difundió varios videos a través de su cuenta en Youtube. “El 18 de julio de 1936 España ganó al comunismo. Tal día como hoy fuimos libres”, afirma en uno de sus últimos mensajes. “Hoy celebramos que España ganó la batalla al comunismo”, repite poco después. De fondo suena, otra vez, el “Cara al sol”.

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