Sociedad laica y Estado confesional

Si nos atenemos a los datos del CIS y de los diferentes observatorios de laicidad en cuanto a adscripción religiosa de los españoles podemos concluir en que hay una tendencia clara hacia la secularización de la sociedad en detrimento de la práctica religiosa. El 26,3% de la población se declara ya como no creyente o atea.

Esta tendencia se aprecia también en el menor cumplimiento por parte de quienes se consideran católicos -el 60,8% de ellos casi nunca asisten a los oficios religiosos- de los preceptos de su confesión religiosa, traducida en una menor asistencia a los ritos religiosos -salvo aquellos caracterizados por una fuerte componente lúdico-festiva, tales como fiestas patronales, romerías, fiestas navideñas y procesiones con un, cada vez mayor, componente turístico y por ende económico- y consecuentemente en el incumplimiento de los sacramentos (matrimonios eclesiásticos, bautizos, confirmaciones, extremaunciones, penitencias, eucaristías y el propio sacerdocio). Obvio es decir que son las nuevas generaciones las que más se distancian de las creencias religiosas y consiguientemente se reproducirían en las herederas de éstas, de ahí el interés de la Iglesia Católica en imponer la enseñanza de la religión en los diferentes ciclos educativos.

Este alejamiento de los españoles respecto de los dogmas y preceptos establecidos por la Iglesia Católica se ha venido percibiendo desde la consolidación en la sociedad española del divorcio como realidad social incuestionable o en la existencia de diferentes modelos de familia, incluida la formada por personas del mismo sexo. De manera análoga existe una predisposición mayoritariamente favorable a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos actualmente establecidos por la ley de 2010 (ley de plazos) que el Partido Popular no se ha atrevido a modificar por el rechazo que provocaría en parte de su electorado y al derecho a una muerte asistida, tal como reflejan igualmente las encuestas aunque no exista legislación estatal al respecto.
En lo referente a la influencia de la jerarquía eclesiástica, léase Conferencia Episcopal, las mismas encuestas reflejan un desacuerdo igualmente mayoritario, incluidos aquellos que se consideran católicos e incluso que asisten con alguna frecuencia a rituales religiosos, a la intervención de la Iglesia en los asuntos del Estado, a la financiación de la Iglesia por parte de éste o a la enseñanza de la religión católica en los centros públicos y concertados. Es preciso resaltar que estas opiniones lo son a pesar del oscurantismo existente en todo lo relacionado con la Iglesia Católica, su financiación, la ausencia de auditorias contables, el impago de impuestos, la exagerada acumulación patrimonial y la ausencia en los medios de comunicación masivos de todo aquello que pueda perjudicarle ante la opinión publica, salvo los últimos casos de pederastia por la dimensión internacional del asunto.
¿Podemos concluir en que la sociedad española ha dejado de ser católica, para ser considerada como una sociedad laica? A tenor de los múltiples estudios y encuestas al respecto, la respuesta es que sí, o al menos la tendencia es claramente favorable hacia una sociedad en la que las creencias religiosas no son determinantes en el comportamiento de las personas, incluidas las que se consideran asimismo como católicas. Por consiguiente debemos concluir en que una posición por parte de los poderes públicos mas favorable hacia un laicismo efectivo, hacia un distanciamiento respecto de lo que podríamos denominar poder religioso no estaría mal visto por la mayoría de la sociedad española, sino que contrariamente gozaría de un asentimiento importante tal como lo ha sido cuando se ha legislado en materias consideradas por la Iglesia Católica como un atentado a la moral y al modelo, por ellos establecido, de familia y de convivencia.
Si bien es cierto que la mayoría de los católicos practicantes se adscriben ideológicamente al entorno del Partido Popular, lo que justificaría que éste partido ejerza como correa de transmisión de la Conferencia Episcopal –reflejado en las Resoluciones de 11 y 13 de febrero de 2015 para el currículo de la enseñanza de la religión católica- no seria concebible que el resto de partidos, desde una orientación de centro a centro-izquierda e izquierda del espectro político, no sea más determinante en sus programas electorales hacia una mayor separación entre Iglesia y Estado, cuya consecuencia más inminente seria la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, instrumento nuclear que marca las relaciones del Estado con la Iglesia Católica y con ello su financiación, la enseñanza de la religiosa católica, el sostenimiento de lo lugares de culto con fondos públicos, la presencia de capillas en instituciones publicas y otra serie de privilegios entre los que se encuentran los de tipo económico y la ausencia del control del Estado en la actividad de la Iglesia como organización económica y social y paralelamente la aprobación de una ley de libertad de conciencia más allá de las limitaciones de la ley de libertad religiosa.
Si esta nueva realidad social determinada por la conciencia personal y colectiva de los ciudadanos no es tenida en cuenta por los partidos políticos quedara evidenciada una vez mas la falta de sintonía de sus dirigentes con la mayoría social ciudadana y su alineamiento con poderes externos y ajenos al sistema democrático y lo que hoy es un sentimiento personal y colectivo se puede convertir mañana en una protesta ciudadana de demanda de un Estado realmente laico.
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