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¿Socializar las compensaciones por los abusos de una parte de la Iglesia Católica? · por Miguel Hernández Valverde

Descargo de responsabilidad

Esta publicación expresa la posición de su autor o del medio del que la recolectamos, sin que suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan lo expresado en la misma. Europa Laica expresa sus posiciones a través de sus:

El Observatorio recoge toda la documentación que detecta relacionada con el laicismo, independientemente de la posición o puntos de vista que refleje. Es parte de nuestra labor observar todos los debates y lo que se defiende por las diferentes partes que intervengan en los mismos.

Vaya por delante mi admiración, desde que fue Ministro de Educación, por el ahora Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo, siempre dije que si él no consiguió que la ley educativa fuera aprobada por los dos grandes partidos políticos de este país, nadie lo conseguiría, una lástima que María Dolores de Cospedal, ¡Cuánto daño ha hecho esta mujer a Murcia y a la Educación!, cuando todo estaba a punto de firmarse, se echara para atrás por fines electoralistas como ella mismo reconoció.

Cuando fue nombrado Defensor del Pueblo no solo me llenó de orgullo y satisfacción, como diría el ‘rey campechano’ Juan Carlos, el mismo al que su hijo le quitó la paga, sino que estaba seguro que no sería un ‘Defensor’ más.

Ahora, y tras leer  gran parte del informe realizado sobre los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica, entre sus recomendaciones dice: La creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.

Y claro, al leer esto han saltado todas mis alertas, no daba crédito a lo que leía, ni una palabra sobre que correspondería a la propia Iglesia, en caso de compensaciones, que se deshiciera antes  de su inmenso  y millonario patrimonio, antes que socializar las compensaciones económicas a las víctimas. Sería bueno recordar por ejemplo, que ‘La Iglesia católica puso a su nombre casi 35.000 inmuebles entre 1998 y 2015 a través de inmatriculaciones’.

He buscado por todo el informe algún párrafo o una simple línea que hiciera mención a que debería ser la propia Iglesia quien se hiciera cargo de los desmanes, atropellos y abusos de sus propios ‘pecadores’, pero conforme llegaba al final de su largo y extenso informe, más de setecientas páginas, el ‘mito’ Gabilondo empezaba a desmoronarse en la pantalla del ordenador, el ex rector, hermano de uno de los más grandes comunicadores y periodista que ha dado este país, Iñaki Gabilondo, recomendaba que creyentes y católicos, ateos y agnósticos, que una parte de nuestros impuestos se destinara a pagar las consecuencias de los miles de abusos de sacerdotes a miles de niños.

Pero aún es más triste que ningún partido político, salvo Podemos, ninguna asociación ni movimiento social, haya salido a opinar sobre esta recomendación, solo algunas voces a título individual, como la mía, hemos pedido algo tan sencillo como decir: NO EN MI NOMBRE.

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