Sobre política, religión y laicidad en Uruguay. Ante los dichos de la senadora Verónica Alonso y el cardenal Daniel Sturla

Uno de los rasgos característicos de la democracia uruguaya es su institucionalidad laica. Luego de un largo proceso de construcción, desde 1919 la Constitución de la República establece de forma clara y precisa en su artículo 5º: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna.” Los principios de libertad de cultos y simultáneamente de laicidad del Estado consagrados en las normas, son algo más que ello, constituyen una forma de convivencia tolerante y plural entre los integrantes de la sociedad, garantizándose entre los mismos la libertad de conciencia, la igualdad de condiciones y la fraternidad.

En los últimos tiempos, sin embargo, ha irrumpido con inusitada virulencia y agresividad el ataque sistematizado a la laicidad de varios grupos dogmáticos, que respondiendo a diversos orígenes, coinciden en el mismo propósito: derribarla, para de esa forma, conquistar espacios de poder. Éste es un fenómeno global, asociado asimismo a otros problemas que vienen de larga data. En la sociedad uruguaya, tradicionalmente integradora y plural –en buena medida fruto del proceso de construcción de su democracia republicana y laica-, el asunto trae la novedad de la confrontación y de la conformación de grupos políticos que claramente expresan su propósito de situar sus preferencias religiosas particulares por encima de la Constitución y las leyes, en definitiva, combatiendo los principios del bien común o bien general de la sociedad, siendo ello extremadamente grave.

Varias han sido las señales, entre ellas, la conformación de la llamada “bancada evangélica” o la reivindicación de varios legisladores de su condición de religiosos, antes que de representantes de la soberanía popular. Sin embargo, las últimas declaraciones de la senadora Verónica Alonso -precandidata a la Presidencia de la República por el Partido Nacional- quien en las instalaciones de una iglesia evangélica pentecostal ha señalado que “Dios tiene un propósito con esta nación y con nosotros acá []”, agregando «me vengo a presentar frente a ustedes y quiero comprometerme frente a ustedes»: [] «voy a erradicar la ideología de género que tanto daño le hace a nuestros hijos”,  han derribado los límites de lo admisible en un representante popular. Asimismo, las declaraciones públicas del cardenal Daniel Sturla, dando muestras de oportunismo demagógico, merecen también nuestra rotunda y categórica reprobación.

Ante estas manifestaciones, la Asociación Civil 20 de Setiembre, integrante de la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores (AULP) y de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento (AILP), expresa:

  • El rechazo absoluto a la subordinación de la política a la religión. Los representantes políticos tienen el legítimo derecho garantizado por las normas a expresar sus ideas, incluyendo las religiosas igual que toda la ciudadanía, en tanto la representan, pero no pueden abandonar su condición de ciudadanos representantes de la sociedad para ser representantes de un credo determinado.
  • Que la senadora Verónica Alonso vulnera los principios de laicidad del Estado desde que subordina sus acciones y decisiones políticas a las de una concepción religiosa determinada. Su “compromiso” y juramento en el momento de ser investida como senadora es con la Constitución de la República y con la ciudadanía, y no con una deidad y un grupo de feligreses, por lo tanto, el “compromiso” que públicamente realizó en estos días es inconstitucional, irreverente e indigno.
  • La gravedad de que una precandidata a la Presidencia de la República, desde ya, se manifieste dispuesta a violar la Constitución de la República y las instituciones laicas, haciendo expresa mención a una deidad y a comprometerse ante un grupo de fieles y no ante toda la ciudadanía, es preocupante e inadmisible.
  • El rechazo a la vulneración de derechos que la precandidata se compromete a promover, en tanto los mismos constituyen conquistas sociales relevantes y contribuyen a la integración social. Asimismo, expresamos el rechazo a la tergiversación de los conceptos. Lo que los grupos fundamentalistas denominan “ideología de género”, es en realidad perspectiva de género, constituyendo un avance en la consagración de los derechos humanos.
  • Denunciar el oportunismo e hipocresía del cardenal Daniel Sturla quien se opuso a las declaraciones de la senadora Alonso, manifestando que “el Uruguay laico, plural y democrático es un bien para todos”, en un vano intento de hacer olvidar a la ciudadanía sus constantes ataques y violaciones sistemáticas a la laicidad. En agosto del año 2014 –en plena campaña electoral- expresó que en Uruguay hay “un balde” de laicidad, insistiendo en diciembre de 2016 respecto a la existencia de “un balde laicista impuesto hace 100 años”, desconociendo la madurez de la sociedad uruguaya que un siglo atrás logró acuerdos de convivencia tolerante, y revelándose en los hechos, como alguien que no acepta a la laicidad y se niega a reconocer que Uruguay es un Estado laico.
  • Denunciar la sistemática violación a la laicidad protagonizada fundamentalmente por el cardenal Daniel Sturla en representación de la Iglesia Católica, manifestada en numerosos hechos, tratando de tener injerencia en las políticas públicas y de promover la transferencia de recursos públicos –directa o indirectamente, vía exoneraciones fiscales- a instituciones católicas, en particular educativas. En este marco, deben recordarse varios lamentables hechos: la jura a la bandera en la catedral metropolitana -acto presidido por él mismo- vulnerándose las disposiciones vigentes; la realización de una misa con la participación de varios militares encabezados por el comandante en jefe del ejército general Guido Manini Ríos en carácter oficial, incluso dando un discurso; la inauguración de una capilla en el hospital de las FFAA, el nombramiento de un capellán y la instauración de un “departamento de asuntos religiosos”. Todo ello, constituyendo flagrantes violaciones a la laicidad del Estado, con el acuerdo y complicidad de las autoridades del Poder Ejecutivo.
  • Denunciar la hipocresía del cardenal Daniel Sturla que pretende erigirse como un referente moral de la sociedad, cuando la Iglesia Católica a nivel mundial sistemáticamente ha ocultado los crímenes de abuso sexual protagonizado por sus sacerdotes. Recientemente, en una entrevista periodística de setiembre de 2018, al referirse al tema de los delitos sexuales cometidos por curas, expresó con total insensibilidad que en Uruguay “no ha sido un tema con niños sino con adolescentes menores”. Esas expresiones pintan su estatura moral, al tiempo que lo dejan al descubierto, y merecen el repudio absoluto.
  • La convicción de sostener y fortalecer a las instituciones de la democracia republicana y laica del Uruguay. Ellas son la expresión de un genuino pluralismo y de la convivencia pacífica, tolerante y fraterna, en tanto es forjadora de ciudadanos libres y comprometidos con el bien común.
  • Llamar a la ciudadanía a comprometerse, individual y colectivamente, en la defensa de la laicidad, pues de ella y del compromiso de cada integrante de la sociedad, depende que se ensanchen los horizontes de Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Asoc. Civil 20 de Setiembre

Montevideo – Uruguay

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...