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Sobre la Ley de Libertad de Religiosa

Sebastián Jans afirma que “la democracia es laica o no es democracia”, y algo muy similar afirmó Fernando Savater en el II Ciclo de conferencias de la Fundación FIES cuando decía que “la sociedad democrática debe ser laica, no puede elegir serlo o no serlo (…). La Iglesia española dice que hay persecución religiosa cuando lo único que hay es que se les ha prohibido perseguir, ….antes eran ellos los que perseguían”.

 Y, como ambos, buena parte de la sociedad tiene claro que es un imposible vivir en democracia teniendo a una religión (o, lo que es peor, a varias) vertebrando la sociedad y mezclándose con el Estado.

En la actualidad el Gobierno está preparando una reforma de la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa , reforma que se está llevando con cierto secretismo por parte del ejecutivo, y de la que aún se desconocen los términos. Y existe recelo y suspicacia en amplios sectores sociales, lo cual es muy entendible ante la beligerancia que venimos todos observando por parte de la Iglesia contra todo aquél o aquello que no se adhiera a sus voraces pretensiones, y ante la aparente apatía del Gobierno a la hora de sentar las bases de la aconfesionalidad constitucional del Estado español.

No es tarea fácil para ningún Gobierno del mundo poner a las religiones en su sitio, que no es otro (o, al menos debería serlo) que el ámbito privado de las conciencias de la ciudadanía. Todos vamos sabiendo, más o menos, de qué va el tema a estas alturas de la película. Pero ni el miedo, ni la sumisión, ni la complacencia a aquellos que, según la evidencia, predican el amor pero ejercen el odio y la tiranía, deben de ser obstáculo para culminar a nivel público una transición político-religiosa que nunca se llevó a término con el final de la dictadura. Porque el Estado español continúa manteniendo la confesionalidad encubierta que se gestó en los albores de la Transición (y que, por cierto, el señor Aznar intensificó notoriamente).

Y existen algunos matices que se deberían revisar para no perpetuar errores de forma y fondo que dificultan la transparencia en este controvertido asunto. El más evidente es, en mi opinión, la denominación de la Ley, que no debería llamarse de Libertad Religiosa, sino de Libertad de conciencia. Porque no se trata de asentar los derechos de los adeptos a religiones, sino los de todos los ciudadanos, los religiosos y los que no lo son (absolutamente discriminados con la ley actual)..

Por otro lado, el Estado está obligado a mantener una absoluta asepsia y una impoluta neutralidad en cuestiones de creencias religiosas. Porque cualquier alineación de los poderes públicos con cualquier confesión vulnera gravemente el desarrollo de la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencia, que es la base esencial de los Derechos Humanos.

Igualmente es obligación del Estado no financiar el adoctrinamiento religioso en la educación pública y en la privada subvencionada con fondos públicos; y debe evitar cualquier interferencia en los planes educativos de intereses de cualquier organización religiosa o ideológica, para garantizar el pleno desarrollo de los ciudadanos en el respeto a los principios democráticos y a las libertades fundamentales.

En resumen, se trata de hacer una Ley (como la ley francesa de 1905 de separación Iglesias-Estado) que se constituya en un mecanismo eficaz de independencia de los poderes públicos con respecto a cualquier dogma o confesión; se trata de consolidar de facto el pluralismo ideológico y social; no se trata de ofrecer los mismos privilegios a todas las religiones (sería pretender salir de “málaga” para meternos en “malagón” y sería peor el remedio que la enfermedad), sino de suprimir cualquier privilegio proveniente del erario público a todas ellas, que deben buscar su propia financiación en sus adeptos y en los mecanismos reglados de financiación pública.

En cuanto a credos, dogmas, fábulas, mitos y supersticiones varias, todo es respetable en la conciencia de cada quien, pero son inadmisibles como idearios hegemónicos, y del todo incompatibles con el ámbito público de cualquier sociedad que pretenda ser democrática. A estas alturas de la película nadie nos puede negar que las religiones en el poder son un serio peligro para la convivencia pacífica y para el desarrollo de los derechos ciudadanos. Una simple mirada objetiva y honesta a la historia lo demuestra. Y mucho más importante que las religiones (que son organizaciones totalitarias y antidemocráticas) sean libres para seguir dominando Estados y conciencias, lo es que los ciudadanos sean libres para poder desligarse de ellas.

Coral Bravo es Doctora en Filología y miembro de Europa Laica

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