Situación del librepensamiento en Uruguay

Quizás uno de los rasgos distintivos de la identidad uruguaya más salientes, es su constitución como Estado Laico.

Tras un largo proceso de secularización, que comienza desde las raíces de la revolución emancipadora artiguista en 1811, erigiéndose el estandarte de la libertad de cultos, concepción plasmada en el fundamental y no siempre reconocido art. 3º de las Instrucciones del año 13, el que señala que se “promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable”, o en el olvidado pero no menos fundamental art. 2º del proyecto de Constitución artiguista, también de 1813, que en uno de sus tramos señala que “ningún sujeto será atropellado, molestado o limitado en su persona, libertad o bienes, por adorar a Dios en la manera y ocasiones que más le agrade, según le dicte su misma conciencia…”, siendo reflejo de una sociedad creyente, pero que al mismo tiempo comenzaba a dar sus primeras bocanadas de libertad, dando lugar a libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia.

En estos fuertes pilares que evolucionarán con el paso del tiempo, se cimentará el proceso de secularización y el florecimiento de la laicidad en Uruguay.

La Constitución de 1830, nacida con el país mismo, consagraba a la Iglesia Católica Apostólica y Romana como credo oficial, pero simultáneamente, consagraba la libertad de cultos, status que tienen algunos países del mundo en la actualidad.

El largo proceso prosiguió sin embargo, con el nomenclátor de Montevideo instituido en 1843 en los tiempos de la llamada Guerra Grande, por iniciativa del jefe político de la Defensa o gobierno colorado de la ciudad sitiada, Andrés Lamas, sustituyéndose los nombres de calles relacionados con el santoral católico, por otros de carácter laico, conservándose hasta el presente la mayor parte de ellos, en la zona conocida como Ciudad Vieja. Continúa con la secularización de los cementerios que pasan de la administración católica a municipal, tras el decreto del presidente Bernardo Berro –con orígenes en el Partido Blanco-, luego que el vicario de la ciudad de Montevideo Jacinto Vera –cuya beatificación y posterior canonización está a consideración en la actualidad- le negara la sepultura al ciudadano escocés uruguayo Enrique Jacobsen, por su condición de masón. En 1877 se aprobó la ley de enseñanza pública, sostenida en los pilares de laicidad, gratuidad y obligatoriedad, impulsada por el pedagogo José Pedro Varela. En 1885 se consagra el matrimonio civil obligatorio, antes de la celebración del matrimonio religioso.

Otro impulso fundamental, en la construcción de la laicidad uruguaya, se da a comienzos del siglo XX en el llamado primer Batllismo, debido al liderazgo de José Batlle y Ordóñez. En ese período se aprueban las leyes de divorcio (1907, 1910 y 1912, la última, por sola voluntad de la mujer), la eliminación de los crucifijos de los hospitales públicos, la eliminación del catecismo como asignatura optativa en la educación primaria, el juramento laico para las autoridades legislativas, la eliminación del cargo de capellán en el ejército, creación de un calendario laico, sustituyéndose los feriados de carácter religioso por otros de carácter laico y cosmopolita, primero por ley de 1915 por iniciativa del presidente Batlle y Ordóñez, complementada por otra de 1919 por iniciativa del presidente Baltasar Brum, instituyéndose como días feriados, el 1º de mayo, el 4 de julio, el 14 de julio, el 20 de setiembre, o el 25 de diciembre como día de la familia, y la semana antes llamada santa, como semana de turismo. Y finalmente, la consagración del Estado Laico, con la Constitución de 1918, cuyo art. 5º sigue vigente hasta el presente, el que establece en su parte inicial, que  «todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión  alguna.”

Tras este largo, generoso y fructífero camino, Uruguay construyó a comienzos del siglo XX una democracia republicana y laica, erigiéndose como un modelo exótico en un mundo infectado de dogmatismos e intolerancia, y desarrollando simultáneamente, un temprano Estado de Bienestar, con la consagración de derechos civiles, políticos y sociales, entre ellos, de los trabajadores, las mujeres, los menores de edad y los ancianos.

Luego de la simultánea crisis económica, social y política en Uruguay, en el marco de la región y el mundo también en llamas de los años sesenta, la democracia finalmente se derrumba en 1973, continuando con un proceso de deterioro del libre pensamiento y obviamente, de la laicidad. Luego de la larga noche, el último acto de gobierno del dictador Gregorio Álvarez, fue la habilitación de la Universidad Católica del Uruguay, comenzando  sus actividades en 1985, con la recuperación de la vida democrática. Desde entonces, la laicidad ha sufrido un profundo deterioro y el Estado Laico ha sido vulnerado sistemáticamente, en los sucesivos gobiernos democráticos, siendo larga la enumeración de acontecimientos que revisten ese carácter violatorio.

Sus causas, quizás deban ser motivo de un estudio profundo y sistemático, pero por ahora, si se trata de aventurar algunas hipótesis, podrían señalarse como factores que influyeron en esta situación, la crisis y desnaturalización de la identidad ideológica de algunos partidos políticos, otrora defensores de esos principios y valores rectores, la creciente colonización de los intereses corporativos en el seno del Estado, la influencia de corrientes de opinión –no digo ideológicas, porque no está claro si llegan a serlo- como el multiculturalismo, que entiende al espacio público como un ámbito en el que los diversos “grupos” tienen derecho a imponer su visión del mundo, en un mal entendido concepto de tolerancia, abandonándose por parte de las autoridades públicas el paradigma republicano por excelencia: la búsqueda del “bien común”, que rigió desde los albores de nuestra emancipación independentista los destinos de nuestra sociedad, y en ese marco de pérdida de brújula, la creciente influencia y vocación de intromisión en los asuntos públicos, de los diferentes credos, en particular, de la Iglesia Católica.

En este clima de creciente deterioro de la laicidad y afectación, en consecuencia, del libre pensamiento y del juicio racional, y de la apatía, cuando no de complicidad de buena parte del sistema político, la Iglesia Católica, siempre dispuesta a disfrutar del calor del poder estatal, fue ganando espacios y sustituyendo al Estado en algunas de sus funciones esenciales.

Pero es quizás, bajo la jefatura del arzobispo de Montevideo Nicolás Cotugno, que asume esta investidura en 1998, que esta institución comienza a tener una expresión más agresiva tanto por sus propósitos como por el lenguaje utilizado, calificando a la homosexualidad como una enfermedad o asimilando las propuestas de despenalización del aborto, a los crímenes de lesa humanidad del nazismo.

Es en ese tiempo que la Iglesia Católica, por boca de su vocero, o de entidades académicas como el Instituto CERES, identificada con el Opus Dei, comienza a plantear la idea del subsidio estatal, o transferencia de recursos financieros públicos a las instituciones educativas privadas, en particular, las confesionales. Lo que al comienzo era percibida como una tonalidad agresiva e invasiva, quizás porque aún sobrevivían reflejos republicanos y laicos en la dirigencia política, poco a poco se fue tornando en mirada complaciente, cuando no, directamente colaboracionista con los objetivos de la Iglesia Católica uruguaya. La asunción de Daniel Sturla como arzobispo de Montevideo y jefe del catolicismo nacional, en febrero de 2014, trajo al escenario político y social a un actor en consonancia con los nuevos aires que soplan en el Vaticano bajo la dirección de Jorge Bergoglio, quien en febrero de 2015 lo nombra como cardenal. Afable y dispuesto a formar rueda de mate con actores sociales y políticos, maneja las estrategias comunicacionales con gran pericia, trayendo consigo sin embargo, la vieja agenda católica para invadir primero y derribar después al Estado Laico. Esto se ha visto reflejado en el sistemático ataque, cuando no violación al Estado Laico y a la normativa vigente.

Acciones y propuestas violatorias de la laicidad

Poco tiempo después de asumir como jefe del catolicismo uruguayo, el arzobispo Sturla fue protagonista de un hecho muy grave y lesivo para la institucionalidad republicana y laica: la jura de la bandera por parte de jóvenes de instituciones educativas católicas en la catedral metropolitana, junto a la bandera del Estado Vaticano (19 de junio de 2014), violando el art. 28 de la ley 9.948, que establece que ese acto protocolar debe realizarse en centros educativos públicos o privados, según sea el caso, y dirigido por personal autorizado. Ante esta situación, el portavoz de la AiLP, Elbio Laxalte Terra envió una carta pública a las autoridades nacionales de los diferentes poderes solicitando explicaciones, no recibiendo respuesta, salvo el acuse de recibo de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Simultáneamente sobre este particular, el 3 de julio la AULP emitió una declaración pública.

Una  de las primeras propuestas que el arzobispo Sturla presenta a la opinión pública, también invasiva del Estado Laico, fue la creación de lo que llamó, “Oficina de Asuntos religiosos” (El País, 13 de julio de 2014), arrogándose el derecho quienes la integren, de determinar qué credos son portadores verdaderos de la verdad revelada. Poco tiempo después y en la misma tonalidad, en una entrevista periodística (La Diaria, 11 de agosto), señala que la merma de fieles en la iglesia que dirige, se debe a que “la sociedad uruguaya tiene un balde de laicidad”.

Ante estos reiterados ataques, la AULP emite una declaración pública y carta a los candidatos a la Presidencia de la República, el 21 de julio, detallando todos la grave situación, así como señalando su preocupación por la intromisión en los asuntos públicos, sin que mediara respuesta de las autoridades nacionales ni de los candidatos presidenciales.

El 30 de diciembre, consigna la prensa (El País, 31 de diciembre de 2014), el arzobispo Sturla se reúne con el presidente electo Tabaré Vázquez, para intercambiar algunas ideas. Califica el encuentro como “cordial y bueno” y señala que le manifestó su preocupación al mandatario electo, por la guía de educación sexual elaborada por el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), y que tenía la obligación moral de opinar, tergiversando el concepto de laicidad –inclusiva-, es decir, tratando de imponer su cosmovisión al conjunto de la sociedad. Expresó asimismo, que le señaló a Vázquez que «me gustaría también explorar lo que puede ser la colaboración  en el tema educación entre la Iglesia y el Estado». Aquí aparecía nuevamente el interés de la Iglesia Católica de invadir un área sensible de la sociedad, sirviéndose para ello de los recursos financieros públicos. Propuesta que está en consonancia con otras de similar tonalidad, como la relacionada con el servicio de la minoridad infractora (propuesta del sacerdote Mateo Méndez, ex director en el primer gobierno de Vázquez del centro de reclusión juvenil), o el servicio religioso hacia las personas adultas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios.

No son las únicas propuestas en el terreno educativo; otras parecen haber escapado del pasado remoto, como la realizada por el obispo de Canelones Alberto Sanguinetti, planteando la necesidad de impartir catecismo en la educación pública, o la de volver a establecer clases por separación de sexos. Estas expresiones merecieron una nueva declaración pública de la AULP, a la que adhirieron varias organizaciones civiles.

En este marco de intento de rebasamiento del Estado Laico, y probablemente fruto de estas décadas de deterioro de las normas de convivencia republicanas y creciente protagonismo de las corporaciones, el dirigente sindical Richard Read, a nombre de la FOEB (Federación de Obreros y Empleados de la Bebida), propone crear un centro educativo para los hijos de los trabajadores, inspirado en el “modelo” del liceo Jubilar, señala. Nuevamente, una visión particularista de la sociedad, realiza una propuesta que conduce a la fragmentación social y al resquebrajamiento de la educación pública, en la medida que ella, debe ser representativa de toda la sociedad.

Acciones y propuestas violatorias de la laicidad y las instituciones republicanas en el seno del Estado

Uno de los rasgos de este tiempo es, decíamos anteriormente, la apatía, el desinterés o la falta de relevancia que gran parte del elenco político le da estos temas, cuando no, abierto colaboracionismo con las posiciones dogmáticas. Esto ha llevado a que ante reiterados ataques a la laicidad, el Estado no actúe, o cuando lo hace, no es para salvaguardar los derechos de todos, a sabiendas que si en el seno del Estado participan expresiones particularistas, estará privilegiando las voces invitadas al festín y relegando a quienes no son invitados.

El Diálogo Interreligioso.

Esta estrategia, implementada desde las altas esferas del Vaticano tiempo atrás, pero fortalecida con el papa Francisco (1), persigue establecer vías de comunicación directa entre la visión religiosa y los Estados, participando incluso, como entidades consultoras en diferentes foros mundiales y regionales. En el Mercosur (Mercado Común del Sur) el llamado Diálogo Interreligioso participó en actividades de su parlamento (PARLASUR), por iniciativa del ex sacerdote y ex presidente de Paraguay Fernando Lugo. Aunque sus “consejos” no sean vinculantes, su participación ya constituye una intromisión indebida en los asuntos públicos, convirtiéndose en voz privilegiada ante las sociedades de cada uno de los Estados parte. En el caso uruguayo, la página web del MEC (Ministerio de Educación y Cultura), publica la realización de un foro sobre el particular, el 9 de setiembre de 2014, con la participación del ministro del ramo Ricardo Ehrlich y Juan Raúl Ferreira, integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay.(2) Reafirmando esta estrategia, por estos días se desarrollará en Montevideo un foro de Diálogo Interreligioso, que nuclea un amplio espectro de concepciones religiosas y hasta algunas curiosidades antropológicas dignas de estudio, como la participación del Consejo de la Nación Charrúa,(3) siendo ello muy preocupante, obviamente.

Ley de salud sexual y reproductiva

La aprobación de esta ley supuso un avance en materia de los derechos sexuales de las mujeres, sin embargo, a último momento en el debate parlamentario, cediendo a la presión de las corporaciones religiosas, se introdujo una cláusula que  termina siendo una limitante en los derechos: “la objeción de conciencia”, que habilita a que el médico tratante de la paciente que solicita asesoramiento para realizarse un  aborto, se niegue a hacerlo. Esta salida jurídica de emergencia, es muy grave, no sólo por los derechos que afecta, sino porque crea el antecedente que de aquí en adelante, se puede esgrimir el mismo argumento para redactar cualquier norma jurídica. Si se aplicara a la educación, por ejemplo, un docente podría negarse a enseñar la teoría de la evolución, aduciendo que vulnera sus convicciones y derechos individuales.

Jura de la Bandera en la catedral metropolitana

Ya se ha aludido a este tema como violación de la laicidad de la Iglesia Católica y el Estado Vaticano, sin embargo, el hecho también configura una violación por parte del propio Estado uruguayo, por omisión, por no hacer respetar las normas que rigen en nuestro Estado de derecho, ni respetarlas las propias autoridades públicas.

Exoneraciones tributarias para empresas que realicen donaciones a entidades educativas y sociales

Esta normativa rige desde la reforma tributaria implementada por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) en el año 2007, bajo la dirección del ministro Danilo Astori, en la primera presidencia de Tabaré Vázquez. La misma establece, que toda donación empresarial a entidades educativas y sociales, tendrá la exoneración tributaria del 82.5 %, esto es que la donación real que  se realiza por parte del empresario es del  17.5 % del monto total, siendo el resto aportado por el Estado, es decir, por toda la sociedad.

De acuerdo al informe económico y financiero presentado por el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas, en el período 2010 – 2014, estas donaciones se elevaron a US$ 34.7 millones, de los cuales, como se ha señalado, 82.5 % corresponden al Estado, representando ello, la resignación fiscal o el desvío de dinero estatal por un monto de US$ 28.6 millones. La lista de instituciones beneficiadas con estas “donaciones especiales” (decreto del Poder Ejecutivo 150/2007) es  encabezada por la Fundación Impulso (liceo católico Impulso), con US$ 6.029 millones (4), de los cuales, US$ 4.973 millones corresponden al Estado.

Esta transferencia de recursos estatales por vía indirecta no sólo que es una aberración jurídica y política, en la medida que el Estado representa a todos, sino que además es una aberración moral, porque un empresario elige arbitrariamente, a qué institución el Estado le transfiere los recursos que son de toda la sociedad.

Subsidio estatal a la educación privada

En la campaña electoral de las elecciones nacionales de 2014, todos los candidatos de los partidos con representación parlamentaria de entonces, dieron su opinión favorable a esta propuesta. El presidente electo, Tabaré Vázquez lo hizo, aun apartándose del programa de gobierno propuesto a la ciudadanía por la fuerza política que lo llevó al gobierno. El tema probablemente esté en la agenda parlamentaria en un futuro cercano. Es de esperar, que en el parlamento se escuchen voces que defiendan la laicidad. También es razonable pensar, que en un país con la memoria genética de laicidad como la que presenta Uruguay, las voces de los ciudadanos y organizaciones sociales alcen su voz, para salvaguardar el bien común y los derechos de todos.

La bancada evangélica y otros representantes religiosos

En los últimos tiempos se ha conformado lo que  sus protagonistas denominan “bancada evangélica”. Se trata de diputados nacionales, ediles o parlamentarios departamentales y algunas autoridades ejecutivas, que han emitido documentos públicos en los que señalan su respeto a la Constitución, pero al mismo tiempo, supeditan las decisiones parlamentarias a los designios divinos, por lo que aclaran, que si tienen que optar, irremediablemente, lo harán por los segundos (5). Esta novedad en nuestro sistema político, constituye una flagrante violación a la laicidad, al Estado laico y a las instituciones democrático-republicanas, en la medida que la conformación de esta estructura suprapartidaria vulnera el concepto de representación de los ciudadanos y la estructura del sistema de partidos, configurándose una lógica teocrática. Como ciudadanos tenemos la obligación de denunciarlos y solicitar que  se avengan al Estado de derecho y al respeto irrestricto de la Constitución, de lo contrario, no podrán seguir ejerciendo sus cargos de representatividad.

Formación de foros que diseñarán guías para elaborar políticas públicas.

Según consigna la prensa (El Observador, 27 de mayo), sin que la información fuera desmentida, tras la celebración del Consejo de Ministros del 25 de mayo del corriente año, “el gobierno convocó a empresarios, sindicatos, universidades públicas y privadas e iglesias, entre otras organizaciones, a un conjunto de foros a realizarse desde octubre…” Los mismos, -se señala- tendrán “como objetivo elaborar para antes de mediados de 2016[,] un conjunto de documentos que sirvan como guía para redactar leyes, códigos o eventuales políticas de Estado”. El 3 de junio, la “Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad”, integrada entre otras organizaciones por la AULP, emitió una Declaración Pública en “Defensa de la Laicidad y las instituciones republicanas”, reivindicando al Estado Laico, a la representación de la ciudadanía a través de las autoridades públicas legítimamente electas, y rechazando enfáticamente, la invasión del Estado y la representación institucionalizada de intereses particularistas en su seno, así como toda negociación tras bambalinas entre las autoridades estatales y los poderes fácticos. (6)

El velo islámico en la escuela.

En julio de este año, se desató una polémica sobre el uso del hiyab o velo islámico en las escuelas públicas por parte de las niñas. Las autoridades del Consejo de Educación Inicial y Primaria, a través de expresiones vertidas a la prensa por parte de la directora general, Mag. Irupé Buzzetti y el Mtro. Héctor Florit, defendieron el uso del esa indumentaria, argumentando que la laicidad no supone la “neutralidad” del Estado, en el marco del llamado multiculturalismo y coincidiendo con la redefinición de la laicidad que promueve el catolicismo y el llamado “diálogo interreligioso”, que implica la colonización del Estado y el espacio público por parte de las concepciones religiosas.(7)

Defensa del Libre Pensamiento, la laicidad, y la racionalidad

En este complejo escenario de deterioro de la Laicidad, en la AULP y otras organizaciones con las que estamos trabajando en forma coordinada, entendemos que existen varios mecanismos para robustecerla, coincidiendo en que los valores y principios en los que se sustenta, contribuyen al desarrollo de una sociedad democrática y capaz de generar mecanismos de defensa contra el dogmatismo.

En este sentido, hemos emitido documentos (Declaraciones Públicas, Comunicados, Cartas a instituciones y autoridades estatales) que tienen como denominador común, los siguientes factores esenciales:

1. El fortalecimiento del Estado Laico y las instituciones republicanas, en el que debe evitarse la representación institucionalizada de los intereses corporativos, atendiendo la búsqueda del bien común.

2. El fortalecimiento de la Educación Pública tanto institucional y financieramente, como en la afirmación de sus pilares fundamentales: laicidad, gratuidad y obligatoriedad. La neutralidad del Estado en los asuntos de conciencia, así como la razón como herramienta válida para la generación de conocimientos, y la Educación para la Ciudadanía, son los factores que crean el escenario ideal para la formación de ciudadanos conscientes y comprometidos con la sociedad. (8)

3. El rol de los partidos políticos. Es a ellos, como depositarios de la representación de la soberanía popular en una democracia republicana, les corresponde la responsabilidad de defender la institucionalidad, así como, de habilitar mecanismos de participación ciudadana, y establecer diques que contención que los pongan a resguardo de ser invadidos por intereses corporativos.

4. La organización de la sociedad civil. En una democracia republicana y laica, las organizaciones comprometidas con la defensa del libre pensamiento, la laicidad y la institucionalidad que de ella emerge, tienen en toda circunstancia -ya en los buenos tiempos de forja, como en los de deterioro-, el compromiso de ser la voz alerta, el faro que alumbra, despierta conciencias, no para reclamar espacios de poder, sino para evitar que las voces que reclaman exclusivismos, instalen en la sociedad y el Estado, el germen del dogmatismo, la intolerancia y la fragmentación social.

5. El compromiso ciudadano y el cultivo de la “virtud cívica”. Es sin embargo en los ciudadanos, que finalmente recae la responsabilidad de defender los principios y valores de la democracia republicana y laica. De nada sirve una institucionalidad con estas características, si los ciudadanos que la deben sustentar y sostener no asumen un rol activo, de participación plena y consciente, pues en definitiva, de todos y cada uno de nosotros depende la posibilidad de construir mayores espacios de Libertad e Igualdad.

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 1) Sínodo de obispos. Vaticano, 26 de noviembre de 2013

2) http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/57090/2/mecweb/parlasur?parentid=44653

3) Arquidiócesis de Montevideo: http://www.arquidiocesis.net/vi-foro-de-dialogo-interreligioso-y-expresiones-espirituales-de-uruguay/  VI Foro de Diálogo Interreligioso y Expresiones Espirituales de Uruguay. 21 y 22 de setiembre. Asociación Civil Brahma Kumaris Uruguay, Centro Cultural Islámico de Egipto en Uruguay, Colectividad Judía, Confraternidad Joven, Confraternidad Judeo Cristiana del Uruguay, Consejo de Iglesias Cristianas del Uruguay, Consejo de la Nación Charrúa, Fe Baha`i, Federación Afroumbandista IFA del Uruguay, Federación de Familias por la Paz Mundial, Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay, Grupo Afroumbandista Atabaque, Iglesia Anglicana del Uruguay, Iglesia Católica Antigua (Abracistas), Iglesia Católica Apostólica Romana, Iglesia Católica Liberal, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Observatorio del Sur. Declarado de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura. Diálogo inter religioso juvenil.

4) El Observador, 1º de julio de 2015. Cabe señalar que la nota del periódico refiere al 83 % de exoneración tributaria para las empresas donatarias, siendo en realidad el 82.5 %, por lo que el cálculo de la donación estatal corresponde al autor de este trabajo.

5) La nota del diario El País (13 de setiembre de 2015) consigna que los integrantes de la llamada “bancada evangélica” se comprometen a respetar la Constitución y las leyes “siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios”. Aseguraron –agrega la nota periodística- que acatarán  “los dictados” de sus consciencias “informados por la Palabra de Dios, por encima de toda lealtad personal o partidaria.”

6) Declaración Pública en Defensa de la Laicidad y las Instituciones Republicanas, 3 de junio de 2015: http://aulp.uy/2015/06/03/declaracion-publica-en-defensa-de-la-laicidad-y-las-instituciones-republicanas/

7) Ver las ediciones de prensa desde el 24 de julio y días siguientes: Correo de los Viernes, Montevideo Portal, El País, La República, Caras y Caretas, en particular. Ver también la opinión del Consejo de Educación Inicial y Primaria, página oficial (24/7/15): http://www.ceip.edu.uy/prensa/994-laicidad-una-manera-de-actuar-respetuosa-de-todas-las-ideas

8) Acto en homenaje a José Pedro Varela, 19 de marzo de 2015. Declaración Pública de la “Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad” http://aulp.uy/2015/03/19/declaracion-aniversario-de-varela/

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