El PSOE pacta con el PNV que sean el Defensor del Pueblo y un grupo de expertos quienes indaguen, y llevarán la propuesta a votación en el pleno del 8 de marzo.
Las dos formaciones del Gobierno no logran superar sus diferencias sobre quién debe investigar los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia. El PSOE insiste en que debe ser el Defensor del Pueblo y ya ha presentado una propuesta con ese propósito pactada con el PNV. Unidas Podemos sigue defendiendo que se lleve a cabo en el Congreso, como ha solicitado en una iniciativa conjunta con ERC y EH Bildu. Estas formaciones han pedido una semana más de plazo para seguir negociando con los socialistas. Pero la intención de estos y de los nacionalistas vascos es someter su propia propuesta a votación en el pleno del próximo 8 de marzo, según ha avanzado el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban.
Ante la falta de acuerdo entre las formaciones del Gobierno, ambos se han buscado por su cuenta diferentes socios en el Congreso. Los socialistas han fundido su propuesta inicial de encargar la investigación al Defensor del Pueblo con las posiciones defendidas por el PNV. Los nacionalistas vascos propugnaban que fuese una comisión de expertos la que indague los casos de pederastia en el ámbito eclesiástico. La iniciativa conjunta mantiene al Defensor del Pueblo en el centro de la investigación, con el asesoramiento de un comité de especialistas como quería el PNV. Ambas formaciones han venido defendiendo en las últimas semanas que llevar el asunto al Congreso corre el riesgo de convertirlo en un “espectáculo”.
Unidas Podemos y sus aliados para la ocasión han logrado una semana más de plazo para seguir negociando, aunque se resisten a que el Congreso quede al margen. Su portavoz, Pablo Echenique, ha señalado este martes que la vía propuesta por PSOE y PNV debería ser “complementaria” a las actuaciones del Parlamento. Tanto Echenique como Gabriel Rufián, de ERC, han esgrimido que hay víctimas de los abusos que reclaman que la indagación sea pública. Rufián se ha mostrado en desacuerdo con que el asunto se ventile únicamente “en el despacho del Defensor del Pueblo”.
La socialista Carmen Calvo, en cambio, ha destacado que entre las víctimas hay opiniones diferentes sobre si se debería dar publicidad a sus testimonios. Encargarla al Defensor del Pueblo, ha subrayado Calvo, permitiría una indagación “discreta”, cuyos resultados sí podrían llevarse posteriormente al Parlamento para que extraiga sus propias conclusiones.
