Se basa en el principio de que “la neutralidad de las autoridades públicas no afecta a la libertad de religión”. El titular de una ONG mendocina sostiene que “no hace falta andar exhibiendo su propia convicción íntima a todo el mundo cuando la se tiene la suficiente fe”. Piensan llegar a instancias nacionales con el reclamo.
Una entidad mendocina que se creó el año pasado con la finalidad de defender “los valores del libre pensamiento”, la asociación civil “20 de Setiembre”, realizó una tarea en los últimos días de 2009 que promete trasladar a Mendoza y el país, un profundo debate que ya se está dando en las naciones europeas.
Para estos días, sus impulsores aguardan que se cumplan los plazos legalmente establecidos para que diversas dependencias públicas respondan una nota que fue dejada en sus mesas de entrada. La misiva, requiere que informen “cuál es el marco legal en que se sustentan, a los fines de introducir símbolos religiosos en los edificios públicos”.
Una nota de idéntico tenor ya está en manos de los responsables de la Fiscalía de Estado, ambas cámaras del Poder Legislativo, en el Poder Judicial, el Departamento General de Irrigación, la Dirección General de Escuelas, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la provincia.
Se ha naturalizado encontrar en los despachos de funcionarios públicos, de quienes imparten justicia o bien en espacios comunes de dependencias del Estado imágenes religiosas. Sin embargo, desde la entidad dudan que haya alguna legislación que así lo establezca y sospechan que la presencia de este tipo de elementos –que condicionan a quien no los comparte, ya sea por profesar creencias diferentes o bien, por no sostener religión alguna- tiene más que ver con una impronta personalísima de los funcionarios.
Para despejar sus inquietudes decidieron, entonces, que cada poder del Estado y cada organismo independiente o descentralizado responda, por escrito, en qué se basan para permitir esta “invasión” de un espacio que, se entiende, debería estar despojado de influencias místicas.
En todo caso, se sostiene que las creencias personales de quienes son parte del Estado deben quedar fuera de los espacios que ocupan temporalmente, ya que el Estado no tiene por qué contagiarse de las creencias de quienes pasan por sus cargos de decisión, y debe respetar, afirman los reclamantes, a la ciudadanía en su conjunto y en su diversidad.
Ni Cristo, ni el Ché, Perón…ni la Pradón
Marcelo Puertas es el titular de la entidad. Quiso ser lo más claro posible al referirse al tema, cuando fue consultado por MDZ, ya que “lo que menos nos interesa es el enfrentamiento; buscamos claridad”, dijo.
Para Puertas, “quien tenga una creencias política o religiosa, debe tener garantías para su práctica en la intimidad o en los locales destinados a ello”. Por lo que, además, graficó: “No sólo pensamos que en un despacho público no tiene que haber un crucifijo, por ejemplo, sino tampoco un cuadro que denote e imponga ideología alguna…cosa que trasunta hasta una foto de alguna señora ligera de ropas pegada en un vidrio o alguna pared”.
¿Pero entonces ustedes están rechazando este tipo de creencias y convicciones…?
– De ninguna manera. Pero la ley establece que cada cosa debe hacerse en su lugar. Nosotros no estamos impugnando estas creencias, sino que estamos preguntando en qué se basan para contarle a todo el mundo, desde sus espacios de poder, en qué creen y, de alguna manera, imponiéndole al resto desde un espacio que no es propio, sino que es de todos, sus propias e íntimas convicciones.
Puertas, en tanto, frente a la posibilidad de que el Estado impulse el “ecumenismo” o bien, el acercamiento entre ideas religiosas diversas, se manifestó también de manera negativa. “No estamos de acuerdo con que se trate de lugares ecuménicos, porque se estaría discriminando a quien no cree en ninguna de las religiones”, sostuvo.
“Sencillamente, lo que le pedimos al Estado provincial –dijo- es que al tratarse de lugares públicos, que se les de la características de tal”. “Lo religioso –abundó- trasunta por la intimidad; no hace falta darle espacios públicos o institucionales para reafirmar sus propias convicciones. Eso es un abuso y a veces, según quién lo haga o de qué manera mezcle su religión con su función pública, hasta podría tener ribetes de vedettismo del que hasta las religiones deberían sospechar”.
El debate europeo
En Europa, por estos meses, se da un debate similar. La Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo determinó que la presencia de crucifijos en las aulas constituye “una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones” y “una violación de la libertad religiosa de los alumnos”.
Mientras que el Vaticano manifestó su “estupor” por este fallo y consideró que “es equivocado y miope querer excluir a la religión de la realidad educativa”.
En España, el Tribunal Superior de Justicia ordenó que se retiren los crucifijos de las aulas en las escuelas en donde así lo hayan pedido los padres de los alumnos.
Pero el Parlamento Europeo irá más allá y se espera un pronunciamiento para el próximo 20 de enero. La resolución que obliga a quitar los símbolos religiosos de los espacios públicos considera que “la neutralidad de las autoridades públicas no afecta a la libertad de religión, pero constituye un requisito previo necesario para el pluralismo de la sociedad en general”.
Así, Europa podría llegar a establecer que “los símbolos religiosos no se deben exhibir de forma obligatoria en los locales utilizados por las autoridades públicas, mientras que debe garantizarse plenamente la libertad de uso, porte o exhibición en recintos privados, como los domicilios, los lugares de culto o las escuelas religiosas”.
Un antecedente municipal
Un antecedente en la materia se dio en Guaymallén, en la década de los años 90. Allí, el Concejo Deliberante alertó sobre la imposición de simbología religiosa en todas partes, sin autorización ni orden y sin que se consulte al resto de los vecinos de los lugares en torno a su conformidad o no para erigir estos elementos de culto.
La misma norma, impulsó espacios “ecuménicos” y respeto por la neutralidad de los espacios en común, con la idea de que esquinas, plazas y bulevares no se transformaran en territorio de disputas por la presencia simbólica de las diferentes creencias que, aun dentro de una misma religión, suelen tener diversas facetas y seguidores.
Las etapas del reclamo mendocino
Puertas, indicó que están esperando las respuestas de los organismos públicos. “No tanto por los plazos legales –aseguró- sino porque corresponde institucionalmente que den una respuesta”. Convencido de que desde la entidad que dirige están formulando un aporte a “vivir una democracia de mayor intensidad, pluralidad y respeto mutuo”, el dirigente reafirmó su idea al señalar que están preparando las presentaciones ante el Estado nacional en el mismo sentido.
“No estamos en contra de la religión, para nada”, dijo Puertas de manera contundente y explicó que en la “asociación 20 de Setiembre” hay “personas que son fieles de diversas religiones, en su mayoría cristianos, pero que lo son en su vida personal, familiar y privada y entienden que no hay por qué contagiar todo lo que tocan de sus propias creencias, ya que no están inseguros de su fe”.
¿Se terminarán los crucifijos que presiden los estrados judiciales, por ejemplo?
– En la justicia hay muchos crucifijos, es cierto. Se trata de un acto de imposición autoritaria. Pero también lo es la cruz que está en el recinto de sesiones de la Legislatura. El argumento que suelen dar es insólito: dicen que la puso un ordenanza por idea propia, pero nadie atina a quitarla de allí, que es un espacio de todos.
¿Por qué cree que no las quitan, aun cuando en privado admiten que se podría tratar de un abuso?
– Definitivamente, no es porque sean muy devotos, sino porque le tienen miedo a la reacción de la Iglesia como institución. Pero hay algo que está claro: a nadie le hace falta tener una cruz en el despacho para sostener su fe.
