¿Será España alguna vez un país laico de verdad?

La llegada del PSOE al Gobierno ha supuesto un revés para la Iglesia que, por mucho que en la Constitución figure que España es un país aconfesional, sigue extendiendo los tentáculos más allá de lo que le correspondería condicionando el normal discurrir de buena parte de los actos educativos y sociales. Es por eso por lo que en la Conferencia Episcopal se han puesto en guardia. Porque la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ya les ha informado de su intención es crear una asignatura obligatoria de “valores cívicos y éticos” de forma que la Religión deje de contar para la nota de Bachillerato.

Según la ministra, “Religión no puede tener valor académico y contar para la nota media. Y, desde luego, no puede tener una asignatura espejo como alternativa, porque eso significa que el derecho de unos se convierte en la obligación de otros”.

Y aún hay más. Porque la ministra también ha confirmado que se va a revisar con lupa lo que dice la ley en todo lo relativo a la escuela concertada ya que, según fuentes del PSOE, “la educación pública se ha convertido en una red subsidiaria de la concertada y esto no puede ser”.

Pero Celáa no es la única ‘enemiga’ del actual Gobierno para la Iglesia en España. La otra es Margarita Robles. La nueva ministra de Defensa ya ha ordenado que durante la próxima Semana Santa en los cuarteles de la Guardia Civil no ondeará la bandera a media asta: “España es un país no confesional y hay que dar al César lo que es del César y no mezclar cuestiones privadas con institucionales”.

En realidad, lo que está haciendo el Gobierno es aplicar la Ley. Concretamente el artículo 16 de la Constitución, en el que se dice que en el país “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

Algo que los últimos Ejecutivos de Mariano Rajoy se han saltado a la torera dotando de carácter oficial a las visitas de varios ministros/as -con peineta incluida- a pasos de la Semana Santa malagueña, o apelando a la Virgen del Rocío para salir de la crisis y acabar con el paro. En la mayor parte de los países que nos rodean es inadmisibles incluir las creencias religiosas en la gestión pública.

Es cierto que el cristianismo está profundamente arraigado en España y que resultará imposible aplicar el artículo 16 a rajatabla. Pero no hay que obviar que, entre otros, no todas las víctimas se sienten correspondidas cuando, por una desgracia como el accidente del Alvia en Galicia, el homenaje sea más religioso que civil; o que sea más que injusto el hecho de que se beneficie a una confesión religiosa por encima de cualquier otra como con la X en la casilla de la Declaración de la Renta.

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