El Código Penal ya es ley y se mantiene penalización del aborto en cualquier circunstancia, dejando a la mujer dominicana sin el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Este miércoles tras la presentación de un informe ‘‘desfavorable’’ por parte de la comisión especial que evaluó las observaciones del Ejecutivo, los senadores aprobaron el Código Penal de la República Dominicana.
Primero se sometió a la aprobación de la ley y más adelante 27 de los 29 senadores presentes rechazaron las observaciones que remitió el presidente Danilo Medina.
Medina entendía que era necesario permitir la interrupción del embarazo cuando:
- Sea resultado de una violación, rapto o incesto;
- Peligra la vida de la madre;
- La vida del concebido se considere inviable, es decir, debido a una malformación congénita, clínicamente establecida
No obstante, la comisión designada para estudiar las eximentes recomendó a los miembros del Senado ‘‘mantener la Ley del Congreso del nuevo Código Penal tal y como fue remitida al Poder Ejecutivo en fecha 15 de diciembre de 2016’’.
La delegación que revisó la propuesta del mandatario estuvo integrada por los senadores Porfirio Calderón –quien fungió como presidente–, Julio César Valentín, Félix Nova, Luis René Canaán, José Ignacio Paliza, Amarilis Santana, Pedro José Alegría, Juan Olando Mercedes y Amable Aristy Castro.
Aunque eran miembros de la misión, tres de los nueve congresistas no firmaron el informe. En efecto, Paliza, Valentín y Nova discrepaban del documento que se presentó durante la sesión la tarde de este 31 de mayo.
Mujeres desprotegidas
Al tiempo que los legisladores decidían sobre las mujeres, organizaciones feministas miraban esperanzadas hacia el Senado, expectantes de una decisión que las dejara decidir sobre su salud. Pero la decisión no fue satisfactoria.
‘‘Hoy el Congreso, integrado por políticos, reasume y da otra vez lo que son ellos: partidos machistas, un Congreso machista, que no cree en la mujer, que por discurso ya tiene que asumirlo todo como política, pero que a la hora de pasar las palabras a las acciones, se quedan atrás’’, manifestó la ministra de la Mujer, Janet Camilo.
Camilo veló, junto a otras mujeres, desde la explanada del Congreso que se aprobaran las modificaciones sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
‘‘Nosotras hemos defendido esas tres causales, porque es un problema de salud de la vida de las mujeres dominicanas.
Camilo explicó que se debió analizar la situación desde dos aristas: El gasto público hace Salud Pública para prevenir la mortalidad materna, ‘‘que es producto de abortos’’; y segundo, es el tema de la cantidad de niñas en nuestro país que tienen embarazos en adolescentes productos de violaciones
Consideró que el problema no se va a resolver con aumentar la edad mínima para el matrimonio, ‘‘porque aquí la mayoría de niñas no se casan, aquí la mayoría de dominicanos lo que hacen es que se unen consensualmente; entonces el tema de las tres causales es un problema de vida, de salud’’.
Aprovecharon el contexto de Odebrecht para promulgar el Código
De su lado, la diputada y feminista Guadalupe Valdez entendió que los legisladores aprovecharon el escándalo de Odebrecht para ‘‘darle un golpe a los derechos de las mujeres’’.
Aunque prometieron ir hasta instancias internacionales para defender sus derechos, el ambiente tenía un aura de tristeza y maltrato.
‘‘A mí me duele mucho, estoy muy triste, no solamente como ministra, sino como mujer y como feminista ver una sociedad indolente ante las mujeres. Que nos usa para que votemos, que nos usa para que marchemos, pero aquí, pero aquí es más importante el dinero, aquí todas las cámaras están en ese juicio de Odebrecht, pero aquí a nadie le importa que nos sigan matando’’, concluyó.
