La última batería de recortes, que incluyó subidas en el IVA que entrarán en vigor a partir del 1 de Septiembre, no recortan ni uno sólo de los privilegios económicos con los que cuenta la Iglesia Católica en España. “No vamos a de
El pasado mes de Mayo, Mariano Rajoy consideró "una irresponsabilidad" hacer pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia Católica debido a que cumple "una función social muy importante". Lo hacía ante la reclamación del PSOE, partido al que respondió preguntando porqué entonces no aprobó esta medida en sus "20 años de Gobierno": "Si usted quería que la Iglesia Católica pagara el IBI, pues haberlo hecho, estuvo 20 años en el Gobierno".
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, criticó entonces de la misma forma al PSOE por impulsar ahora estas mociones, argumentando que pudieron hacerlo cuando gobernaban y contaban con la mayoría parlamentaria y no sólo no lo hicieron sino que ellos mismos votaron en contra de varias iniciativas presentadas por IU para acabar con los beneficios fiscales de la Iglesia. El PSOE volvió a firmar un acuerdo con la Conferencia Episcopal que actualizaba la donación del IRPF.
El 23 de mayo, PP, CiU y UPyD tumbaron en la Comisión Constitucional del Congreso una iniciativa de Izquierda Unida para eliminar los privilegios de la Iglesia y "abrir el camino para su autofinanciación".
Lo cierto es que el programa presentado por Rubalcaba para las pasadas elecciones nada decía al respecto. El PSOE anunció que iba a impulsar mociones en todos los Ayuntamientos para que la Iglesia pagase el IBI pero su "amenaza" quedó en nada.
A contrario de lo que "se dice", los partidos políticos sí pagan su IBI, pero la Iglesia no paga ni por sus lugares de culto ni por el resto de propiedades con las que cuenta.
La Iglesia tampoco paga IRPF, impuesto de sociedades ni IVA.
En aplicación de los Acuerdos (los de 1970 y sobre todo el Acuerdo de 10-10-1980 (BOE 9/5/1981 núm.111 pags.9958-9959), la Iglesia Católica española no paga por las donaciones que recibe de sus fieles, "en cumplimiento del acuerdo sobre asuntos económicos entre España y el Vaticano del 4 de Diciembre de 1979".
En relación al IVA, el mismo acuerdo reza "No estarán sujetas a los impuestos sobre la renta o sobre el gasto o consumo, según proceda:
a) Además de los conceptos mencionados en el artículo I de este Acuerdo, la publicación de las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documento de las autoridades eclesiásticas competentes y tampoco su fijación en los sitios de costumbre.
b) La actividad de enseñanza en Seminarios diocesanos y religiosos, así como de las disciplinas eclesiásticas en Universidades de la Iglesia.
c) La adquisición de objetos destinados al culto".
La Ley de presupuestos de 2007 incluyó el desarrollo de dicho acuerdo con el Vaticano, que se resume en los siguientes puntos:
Elevación, con carácter indefinido, del porcentaje de asignación tributaria que pasó del 0,5239 al 0,7% y renuncia a la exención por IVA en la adquisición de bienes inmuebles y en la adquisición de objetos destinados al culto.
Se mantiene la "exención total de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad" (art. IV, C).
En Marzo de 2012, Joan Saura, diputado de ICV, preguntó al Ejecutivo sobre la veracidad de un informe de la Asociación Europa Laica denunciando que las autoridades católicas recibieron ese año 10.000 millones de las arcas públicas. En su respuesta, el Gobierno se limitó a dar cuenta de lo que depende de la Administración General, pero no negó la cifra en ningún momento.
Saura también denunció que la Administración Central pagó a la Iglesia Católica casi 785 millones de euros en 2011. El Gobierno también financió en 2011, por valor de 400.000 euros, la realización del inventario de bienes de titularidad eclesiástica mediante subvenciones a las Comunidades Autónomas. Entre 2009 y 2011, fueron 1,7 millones en total.
En el mismo informe se detalla que "La iglesia católica oficial española es propietaria, a través de sus más de 40.000 instituciones (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, fundaciones, universidades, etc.) de un enorme patrimonio consistente en bienes mobiliarios, inmobiliarios (Ejemplos: más de 100.000 propiedades y aproximadamente el 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y unas 120.000 hectáreas en tierras agrícolas), suntuarios (enorme patrimonio en joyas, trajes, etc.), obras de arte, capital en fundaciones, pues aunque tengan autonomía jurídica y administrativa, no dejan de formar parte de la misma organización eclesial. También participa en el sector financiero español (fundamentalmente cajas de ahorro). Posee innumerables empresas mediáticas y de comunicación social, así como del mundo editorial. Es partícipe, además, de acciones en multitud de grupos empresariales de diversos ámbitos".
Para hacerse una idea de la recaudación gracias a a casilla que el estado le cede en el IRPF, la iglesia católica recaudó en 2010, del IRPF del 2009, la cantidad de 249.456.822 de €, según datos de Europa Laica.
Europa Laica, propone no marcar ninguna casilla en el apartado de la Asignación Tributaria, ni para la “iglesia católica”, ni en la de “fines sociales” porque, entre otros motivos, una parte importante de la asignación de "fines sociales" acaba igualmente en entidades de la propia iglesia católica (que recibe por las dos casillas).
Para la visita del Papa a Madrid en agosto de 2011 se comprometió un gasto del Estado central de más de 25 millones de € y la movilización de hasta siete Ministerios, más gastos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, cuyo costo final superó los 30 millones de euros, más la movilización de fuerzas de seguridad, oficios y servicios de limpieza, además de uso de locales públicos por parte de los asistentes, visados gratuitos, gastos sanitarios, etc.
“El Gobierno está efectuando recortes presupuestarios en ámbitos como la sanidad, la educación, la cooperación al desarrollo, los servicios sociales, etc., al tiempo que pide sacrificios al conjunto de la sociedad para salir de la crisis. En relación a la financiación de la Iglesia Católica y teniendo en cuenta que los acuerdos con la Santa Sede no lo impiden, ¿por qué razón estos criterios de austeridad y sacrificio no se solicitan y aplican a la Iglesia Católica?”, preguntaba Saura en Mayo.
El 12 de Julio, el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, exigió en el Pleno del Congreso un recorte de los presupuestos de la Casa del Rey y de la financiación de la Iglesia en consonancia con la supresión de la paga de Navidad decidida para los empleados públicos, sin obtener respuesta por parte de Rajoy.
El acuerdo con la Santa Sede entró en vigor de manera indefinida en 1979, pero es modificable, y ya se ha modificado en alguna ocasión, como apuntábamos;
"Siempre que se modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español, ambas partes concretarán los beneficios fiscales y los supuestos de no sujeción que resulten aplicables de conformidad con los principios de este Acuerdo".
Tampoco existe ningún impedimento legal para su derogación o anulación.
