Es esperanzador que el Consejo de Estado haya tenido el coraje de cuestionar algunas de las propuestas de reforma educativa, pero llama la atención la poca claridad que demuestra
Es esperanzador en las circunstancias en que vivimos que el Consejo de Estado haya tenido el coraje de cuestionar algunas de las propuestas de reforma educativa del ministro Wert, pero llama la atención la poca claridad que demuestra ante un tema tan controvertido como es el de las subvenciones a los colegios concertados que segregan por sexos.
Aunque en su dictamen defienden la igualdad entre los sexos, exigen que se especifique “una justificación objetiva y razonable de la excepción y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implantar para favorecer la igualdad”, tratando de eludir la inconstitucionalidad de legislar contra el principio de igualdad que defiende la norma fundamental.
El Consejo parte del supuesto de que separar a chicos y chicas puede beneficiar tanto a unos como a otras. Se piensa que separándolos lograrían mejores rendimientos escolares, porque es posible que partan de la creencia de que necesitan diferentes programas académicos para conseguir los mismos resultados.
En primer lugar, hay que decir que los rendimientos más bajos de “algunos chicos” están motivados por el tipo de cultura masculina tradicional que juega un papel importante en su desinterés por la escuela y en su rechazo hacia un orden que les impone una determinada actitud y comportamiento. En ambientes segregados los estereotipos sexuales se afianzan más porque en el ambiente educativo se refuerzan aquellos aspectos que son más fuertes en los chicos y en las chicas. Los comportamiento de los chicos suelen empeorar al segregarlos.
En segundo lugar, en Europa las escuelas de un solo sexo en la enseñanza pública no son muy comunes. Se está pidiendo una “justificación objetiva y razonable” a colegios regentados por el Opus Dei y de la organización de Cristo Rey , que son los que reclaman la segregación, fundamentándola en la doctrina tradicional católica que cree que niños y niñas están destinados a ocupar posiciones y funciones diferentes en la sociedad y en la familia. No creen en la igualdad entre sexos igual que tampoco lo cree el Partido Popular, como lo demuestra el haber quitado estos contenidos de la asignatura de “Educación para la ciudadanía”, antes de eliminarla por completo.
En tercer lugar, el convenio de la Unesco de 1960, no es congruente con la Constitución, porque nuestra legislación plantea estándares democráticos superiores con respecto a la igualdad entre los sexos a los que plantearon en aquel convenio, que se estableció para garantizar la escolarización de las niñas en aquellos países con legislaciones muy restrictivas con respecto a las libertades de las mujeres.
En cuarto lugar, no hay ninguna evidencia científica de que la segregación por sexos mejore los resultados académicos de los chicos o de las chicas, porque tampoco es cierto que aprendan de forma distinta. Suelen encontrarse mayores diferencias según la clase social o la etnia a las que pertenecen que la que pudiese producirse por la diferencia de género.
El comportamientos de los buenos estudiantes es muy similar en chicos y chicas. Sí es cierto que la segregación como forma de organización incrementa los estereotipos de género y legitima el sexismo institucional.
No deberíamos permitir que los logros conseguidos en la educación de las mujeres, hace apenas treinta años, sufran un retroceso. La escuela mixta es la forma natural de socialización conjunta. Con estrategias y formas de educación co-educativas, pueden mejorar los rendimientos y las bajas expectativas debidas a los roles tradicionales de género, además de representar la forma normal de convivir en sociedad.
Carmen Rodríguez Martínez es profesora de la Universidad de Málaga.
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