La decisión adoptada por el Tribunal Supremo de eximir a la Iglesia católica de la obligación de registrar las apostasías en los librors de bautismo ya despierta las primeras reacciones en sectores de la sociedad española no confesionales.
Eran cada vez más los ciudadanos interesados en ejercer este derecho, pero el Alto Tribunal parece haber dado al traste con sus deseos al decantarse a favor del recurso del Arzobispado de Valencia. Ahora, estos grupos, que acatan el fallo del tribunal, persiguen ejercer este legítimo derecho por otras vías, también institucionales. Lo tienen ya decidido.
La organización Europa Laica analiza en un comunicado "la pirueta jurídica utilizada", consistente en considerar que los libros bautismales "no son fichero, sino una mera acumulación de datos". Para este grupo, habrían quedado "limitados derechos constitucionales" al no "acudir a un proceso más garantista en Europa". Por todo esto, Europa Laica advierte que "pudiera haber un trasfondo político en esta decisión".
Salida parlamentaria
La consumación de este proceso lleva a la organización laica a buscar "una nueva actitud social ante la apostasía que garantice la libertad de conciencia". Imposible ya utilizar la Ley de Protección de Datos, la salida es, para estos, "exigir al Gobierno y al Parlamento que legisle a favor de la libertad de conciencia, para dar cauce legal a la demanda y derecho a la apostasía de forma pública". Y es que "los poderes públicos no se pueden plegar a los intereses y pretendida inviolabilidad de la jerarquía católica, en contra de la Constitución Española".
Más privilegios históricos
Más contundente es la reacción de la Federación Internacional de Ateos, que concluye que la sentencia "establece definitivamente la doctrina de la separación entre el espacio público y las convicciones religiosas". Queda, por tanto, claro que es necesario crear otra vía de apostatar, para no ser "encuadrados en los informes y estadísticas que deriven en suposiciones susceptibles de ser utilizadas como argumento cuantitativo para obtener ciertas ventajas o mantener privilegios históricos".
Decisión individual
Por todo ello, y a pesar de que los ateos también acatan sin ambages el fallo judicial, quieren dejar claro que "la negación de la fe religiosa forma parte de una decisión individual a la que asiste el derecho y no puede ser mendigada ante los mismos a quienes esta decisión rechaza como autoridad moral".
Las otras vías
La consecuencia es "obvia": tendrán que ser los "organismos públicos" los que registren legalmente la negativa a pertenecer a una determinada institución religiosa. Por ello, la Federación "emprenderá en breve iniciativas tendentes a que la Dirección General de Asuntos Religiosos adopte las herramientas necesarias para liberar a la Iglesia católica de revisar sus libros de bautismo".
Posible recurso de Protección de Datos
Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos estudia impugnar la polémica sentencia del Tribunal Supremo. En declaraciones, el director de la Agencia, Artemi Rallo, señaló que su institución está analizando el alcance jurídico de esta decisión del Supremo, que le da la razón al Arzobispado de Valencia, porque tiene "efectos relevantes" para la protección de datos. También está valorando "las posibilidades de impugnación (de la sentencia), pero aún no tenemos ningún criterio confirmado", agregó.
