Parecía algo más propio de una película de miedo ambientada en el medievo que de una sociedad civilizada del siglo XXI. Pero pasó. Y se supo. Una joven burgalesa fue sometida hasta en 13 ocasiones a otros tantos rituales de exorcismo porque su entorno familiar, educativo y espiritual entendió que los problemas de carácter emocional que padecía eran obra del maligno y no una patología de la que tuvieran que dedicarse en exclusiva psiquiatras y psicólogos.
La adolescente pidió auxilio a su familia extensa -los hermanos de la madre- y se presentó en el juzgado a explicar lo que parecía un cuento de terror y que concluyó siendo una denuncia a los padres por malos tratos físicos y psíquicos, amenazas, coacciones y delito contra la integridad moral.
Fue separada de los padres y acogida en un centro de la Junta de Castilla y León mientras en los tribunales seguía el proceso. Hasta mayo de este año, cuando el juzgado recibió un escrito de marcado cariz técnico firmado por la joven en el que se retractaba de todo lo dicho y aseguraba querer poner fin a cualquier iniciativa judicial contra sus padres.
El pasado día 9 la juez del número 2 archivó provisionalmente la causa haciendo referencia, sobre todo, al largo y duro historial psiquiátrico de la joven y al hecho de que se retractara de sus primeras acusaciones.
Bajo estas mismas líneas expresan su opinión a propósito del asunto el letrado Carlos Aguirre de Cárcer, abogado de la acusación, y Saturnino López Santidrián, profesor de la Facultad de Teología con más de 35 años de experiencia en formación en Teología Espiritual e Historia de la Iglesia. El teólogo afirma que jamás había oído un caso similar en la provincia de Burgos y es de la opinión de que más que una posesión demoníaca, la joven tiene graves trastornos que deberían, a su juicio, haber sido abordados «con mucho diálogo y mucha empatía». Aguirre de Cárcer, por su parte, afirma que se recurrirá el archivo de la querella ante el juzgado y ante la Audiencia Provincial.
