Santisteve, alcalde de Zaragoza, pide al Gobierno de Sánchez que aborde “de forma decidida” las inmatriculaciones de la Iglesia

Solicitan al Gobierno español que publique la lista de patrimonio en esa situación. 40 cargos públicos de varias comunidades se citan este fin de semana Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, solicitó al Gobierno español que «hinque el diente de manera decidida» a las inmatriculaciones de la Iglesia, puesto que se trata de «un problema de Estado.El primer edil realizó ayer estas declaraciones durante la celebración de la III Asamblea de la Coordinadora Recuperando, que se celebra este fin de semana en Zaragoza y que reúne a unos cuarenta cargos públicos de treinta municipios de diez comunidades autónomas. En ellas estudian cómo recuperar política y legislativamente estos bienes y solicitan al Gobierno de España la publicación del listado completo del patrimonio en esa situación,

Para el primer edil, no debe haber «ningún tipo de privilegio al respecto» y confió en que el Ejecutivo comandado por Pedro Sánchez «actúe» ya que, de lo contrario, resultaría «triste» que fueran los tribunales europeos «quienes le sacaran los colores al Estado». Además, vio «lógico» que se aborde la derogación del Concordato del 79 «de una vez».

«No es un tema religioso ni contra las creencias religiosas» sino de titularidad patrimonial, explicó el portavoz adjunto de la Coordinadora Recuperando, Jorge García, con motivo de esta reunión que se celebró por la tarde en el Centro de Historias de Zaragoza y que continuará hoy con la tercera asamblea de la organización, integrada por veinte entidades, y que dará la bienvenida a otra media docena.

García recordó que los últimos datos reconocidos por la Iglesia hablaban de entre 30.000 y 40.000 bienes inmatriculados desde 1998 a raíz de la modificación de la Ley Hipotecaria de 1994 que aprobó el Gobierno de José María Aznar, pero la coordinadora tiene constancia de que antes de esa fecha ya se había inmatriculado bienes. Según esta organización, la Iglesia ha cometido «fraude de ley», puesto que los espacios de culto no se podían inmatricular antes de 1998.

El listado parcial que maneja la coordinadora cifra en 2.023 los bienes de los que la institución eclesiástica se ha apropiado en Aragón desde 1998, de ellos 63 en Zaragoza capital. A estos se sumarían los incorporados a la titularidad de la Iglesia con anterioridad a esa fecha y que, en opinión de García, es una acción «nula de pleno derecho por inconstitucionalidad sobrevenida». El motivo es que, apuntó, la Iglesia se acogió a una normativa franquista por la que registraba a su nombre el bien «mediante una autocertificación sin ningún título de propiedad». La entidad exige en primer lugar el «derecho a la información» y que el Gobierno haga público el listado completo para poder cuantificar los bienes pero acompañado de una «nota simple», es decir, qué bienes, porque no son solo templos religiosos, y dónde se ubican. A partir de ahí son los partidos políticos, parlamentos, ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones provinciales o instituciones públicas las que deben decidir por qué métodos o resoluciones recuperar ese patrimonio «de todos los españoles». No son, además, partidarios de recurrir a la vía judicial para revertir la titularidad de los bienes porque es «tediosa y se podría prolongar durante años», dijo.


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El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha pedido al Gobierno de España, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, que “hinque el diente de forma decidida” a las inmatriculaciones de la Iglesia católica, ya que se trata de “un problema de Estado” en el que se hace necesario “tomar la delantera”.

Santisteve ha asistido este sábado a la III Asamblea de la Coordinadora Recuperando, en la que, durante el fin de semana, cargos públicos y colectivos ciudadanos de todo el país debaten sobre cómo revertir las inmatriculaciones de la Iglesia. La cita está teniendo lugar en el Centro de Historias de la capital aragonesa.

Los asistentes ponen en común sus iniciativas con el fin de fijar una estrategia común para revertir “las miles de inmatriculaciones ejecutadas de forma irregular por la Iglesia católica”. “El encuentro se produce en un momento crucial del debate cuando el Gobierno está a punto de hacer público el listado de bienes inmatriculados y ha asumido la cuestión como un asunto relevante de su agenda política“, han defendido desde la organización de las jornadas.

El alcalde de Zaragoza ha considerado “lógico” que se hable, “de una vez, de la derogación del Concordato del 79“, así como “de otros temas que tienen que ver con la obligación de la Iglesia Católica de pagar el IBI por aquellos centros que no son lugares de culto, equiparándose a cualquier otra corporación”.

“No tiene que haber ningún tipo de privilegio al respecto, pero esto es un problema de Estado y confiamos en que el Gobierno de Sánchez” actúe, porque “sería triste que los tribunales europeos fueran quienes le sacaran los colores al Estado español” en este asunto, “si podemos tomar la delantera y tomar decisiones”.

Crean una red para recuperar las inmatriculaciones de la Iglesia

Cargos públicos y colectivos ciudadanos de toda España han acordado unificar una estrategia conjunta sobre las inmatriculaciones de la Iglesia y buscar los mecanismos jurídicos y legislativos que permitan recuperar el patrimonio público indebidamente inscrito por la jerarquía católica.

Así lo han decidido en una reunión celebrada este fin de semana en Zaragoza convocada por la Coordinadora Recuperando y que ha congregado a cerca de medio centenar de representantes públicos de una treintena de municipios de Navarra, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares, Valencia, Murcia, Cataluña y País Vasco.

Se trata de la primera acción de esta naturaleza desde que el debate de las inmatriculaciones irrumpió hace ya una década en la opinión pública, recuerdan fuentes de la coordinadora en una nota de prensa.

La reunión fue inaugurada este sábado por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quien recordó las iniciativas jurídicas y municipales puestas en marcha por el Ayuntamiento de la capital aragonesa en defensa de la recuperación de monumentos históricos inmatriculados por la Iglesia, como ha sido el caso de la catedral de la Seo, la Iglesia de la Magdalena o el templo de San Juan de los Panetes, propiedad este último del Estado.

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