Santa Rosa (Argentina) anula el convenio con la Iglesia Católica, ahora deberá pagar las tasas por servicios municipales

El Concejo Deliberante dio de baja el convenio que existía entre la Iglesia Católica y la Municipalidad de Santa Rosa. De esta manera, la institución deberá pagar por los servicios de alumbrado, barrido, limpieza y conservación de la vía pública de la Catedral, ubicada en el centro de la ciudad.

En la sesión especial que realizó el Concejo Deliberante santarroseño el pasado 28 de noviembre, los y las concejalas, por unanimidad, derogaron aquellas ordenanzas sancionadas durante los distintos gobiernos dictatoriales que hubo entre los años 1955 y 1983.

Entre ellas, se encontraba la Ordenanza Nº 46 del año 1976, la cual fue sancionada y promulgada por el intendente de aquel entonces, capitán Luis César Aramburu, y estuvo respaldada por el obispo de Santa Rosa, Adolfo Arana.

En su articulado, se aprobaba «en todos sus términos» el contrato suscrito entre la comuna y la Parroquia Catedral de Santa Rosa, «relativo a las prestaciones mutuas de servicios, de acuerdo a las cláusulas del mismo».

Prestaciones.
En el convenio en cuestión, firmado entre el intendente y el cura Mario Chieffallo, la Iglesia se comprometía a prestar sus servicios a la comuna en festividades patrias -Acto Litúrgico o TeDeum-, conmemoraciones oficiales; aniversarios de la fundación de la ciudad o de sus fundadores, oficios de misas recordatorias y bendiciones especiales. «Compromisos de celebraciones a realizar respetando los Cánones de la Santa Iglesia Católica», precisaba.

En compensación por estas prestaciones, la Municipalidad se comprometía a no cobrar a la Catedral «los servicios de alumbrado, barrido, limpieza y conservación de la vía pública, a su propiedad de calle Avellaneda, designada bajo denominación Manzana D, Solar 14 y 15».

Este convenio, según consta en la ordenanza, comenzó a regir el 1 de enero de 1976, por el término de cinco años, «quedando a su vencimiento automáticamente renovado por iguales períodos. Por voluntad de cualquiera de las partes se podrá declarar rescindido, debiendo la interesada comunicar a la otra contratante tal determinación con una antelación de noventa días».

Derogación.
La normativa de facto, que implicaba un importante beneficio para la Iglesia Católica, quedó sorpresivamente sin efecto a fines de noviembre, cuando se realizó una sesión especial en el Concejo Deliberante. Allí, se aprobaron todos los proyectos que elaboró la comisión creada a los fines de estudiar las normas jurídicas de facto.

Obviamente, la situación generó sorpresa en algunos sectores. «Pasó desapercibida porque estaba dentro de otras 60 que se derogaban», explicó una fuente legislativa allegada a la anterior composición del Concejo Deliberante y deslizó: «si hablábamos antes de la promulgación creo que la vetaban». De todas maneras, consideró que al dar de baja el contrato entre la comuna y la Iglesia, se terminó «con una gran injusticia».

Con la promulgación de la derogación de dichas ordenanzas, la Iglesia perdió ese privilegio y, en caso de que no se presente ninguna normativa que reemplace la sancionada durante la última dictadura militar, deberá empezar a pagar los servicios de alumbrado, barrido, limpieza y conservación de la vía pública que presta la comuna.

Cuando se intimó a la Iglesia
Se cumplieron 92 años de un hecho que fue catalogado como «histórico» para la ciudad de Santa Rosa. Así lo dio a entender en un artículo publicado en LA ARENA el sociólogo e historiador Jorge Etchenique, en relación al día en que la Municipalidad intentó rematar terrenos y edificaciones de la Iglesia ante la negativa eclesial a pagar impuestos municipales.
Según el artículo, escrito en 2007, «la génesis del conflicto podríamos ubicarla en las siempre azarosas relaciones del Centro Socialista de Santa Rosa con la ‘Iglesia’ Católica, personificada en el padre Juan Farinatti, a quien ‘Germinal’ -el periódico editado por ese centro- calificó durante años como ‘curángano’. En realidad aplicaba ese término a todos los curas. En 1924, el entredicho pasó al Concejo Municipal y comenzó con una nota presentada por el sacerdote solicitando la escrituración del terreno que ocupaba la ‘iglesia’ y sus dependencias a favor del Obispado de La Plata, pedido que fue aceptado en medio de grandes discusiones entre los concejales radicales -mayoría en ese momento- y socialistas».

Sin excepciones.
Sin embargo, «al año siguiente el Partido Socialista ganó las elecciones en Santa Rosa y hegemonizó el Concejo Municipal durante diez años consecutivos. Conocida era su prédica de que no podía haber excepciones en materia tributaria. En consecuencia, depositó mensualmente en la ‘Iglesia’ las boletas con la tasa retributiva de servicios y aquella que grava la propiedad en forma proporcional a su extensión».

«La cuestión es que transcurridos dos años y como la deuda aumentaba, se intimó el pago bajo amenaza de ejecución y la respuesta de la parroquia fue el silencio. El juicio siguió su curso y fue designado un martillero, mientras las paredes y páginas de los diarios daban a conocer el edicto los primeros días de diciembre de 1927», señalaba Etchenique.

Presiones.
El hecho conmocionó a la ciudad y en un primer momento «el remate no se concretó debido a la ausencia de ofertas, lo que determinó que se fijara una segunda fecha quince días después, en medio de presiones de todo tipo, entre ellas del gobernador, quien aducía pedidos del Ministerio del Interior para que se dejara sin efecto el remate».

«También habían tomado partido sectores locales y en la turbulencia del caso, la nueva fecha de la subasta quedó en suspenso. De acuerdo a testimonios orales, la decisión obedeció al pago de los impuestos adeudados el día anterior en la sede municipal y según otras versiones, éste se concretó el mismo día que el martillero iba a reiniciar su tarea».

Estado laico.
El diputado provincial, Marcos Cuelle, fue uno de los concejales que participó en la derogación de las normativas de facto, entre ellas la que establecía el convenio con la Catedral. En ese sentido, explicó a LA ARENA a las ordenanzas no las analizaron «ni un solo concejal ni un grupo de concejales, sino que se le repartió por Bloques un cúmulo de ordenanzas para que sean analizadas y después todas fueron puestas a consideración del propio Concejo Deliberante».

«Dentro de todo ese bloque de ordenanzas estaba ésta y otras más», que forman parte del cuerpo de normativas «que se propusieron como parte de las ordenanzas a derogar».

Consultado sobre si hubo comunicación con el Obispado, o si desde la Iglesia se presentó alguna objeción, Cuelle sostuvo que «en principio creíamos que no era necesario consultar» porque «vivimos en un Estado laico». A su vez, consideró que la decisión de «los constituyentes del 53» de afirmar en la Constitución que se sostiene «el culto católico, apostólico y romano es una cuestión propia del proceso cultural y social de la República Argentina en aquel momento».

«Tampoco cuadra que haya un Estado ecuménico, porque no estarían contenidos quienes son ateos o agnósticos. Me parece que la Iglesia cumple un rol como cualquiera otra organización dentro de la sociedad, pero la Iglesia católica no es la única, también hay iglesias evangélicas, protestantes. Entonces, o están todas o no está ninguna», agregó.

Cuelle manifestó que «considerábamos que era el mejor momento para tratar de corregir la normativa de la Municipalidad de Santa Rosa», y aclaró que de todos modos «es algo que si lo quiere resolver el nuevo Concejo Deliberante y el nuevo intendente, lo puede hacer tranquilamente».

Consultado sobre las razones por las cuales no se hizo público, explicó que «había más de 55 normas que se derogaban, si teníamos que hablar de cada una en particular todavía estaríamos haciendo mención a qué estábamos derogando y a cuáles ratificábamos como ordenanzas de la vida democrática. Por eso no se hizo ninguna mención especifica ni particular».

«Nosotros considerábamos que no debía ser parte de las ordenanzas que estuvieran vigentes en la vida democrática, en los tiempos que corren y, si querés, le sumamos la coyuntura que se ha generado recientemente en el proceso de separación que algunos sectores están promoviendo. El Estado tiene que ser laico, no tendrían por qué tener una diferenciación con respecto al resto de los vecinos de la ciudad», completó.

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