El malestar por el cobro en un templo de Jaén deriva en el plante de la Junta ante la Iglesia Cultura exige la apertura del patrimonio restaurado con dinero público
“Mis antepasados pagaron Santa María. Mis impuestos han pagado Santa María. ¿Por qué tengo que volver a pagar? Lo siento, pero yo no pago”. Con esta declaración de intenciones se abre la página de Facebook que ya cuenta con más de 2.100 seguidores en contra del cobro de la entrada en el templo de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda (Jaén), el caso más significativo que ha servido a la Junta de Andalucía esta semana para plantarse ante la Iglesia y defender que el patrimonio restaurado con dinero público debe abrirse al disfrute de los ciudadanos.
Y no les falta razón a los promotores de la movilización ciudadana en las redes sociales. El templo, una de las principales señas del Renacimiento andaluz, se había convertido en la joya más oculta para toda una generación de ubetenses puesto que abrió sus puertas en abril del pasado año después de 28 años cerrado por su estado de ruina y abandono. Durante este tiempo, la Junta invirtió casi siete millones de euros en los trabajos de restauración, que costeó al 100%.
Desde el pasado mes de mayo, el templo de Santa María, Monumento Nacional desde 1926 y que comparte protagonismo con la iglesia del Salvador en la majestuosa plaza Vázquez de Molina, cobra cuatro euros por entrada. A pesar de que se reciben unos 2.000 visitantes mensuales, el arcipreste del templo, Juan Ignacio Damas, considera deficitario su mantenimiento, que cifra en unos 3.000 euros mensuales entre los gastos de electricidad, limpieza y personal. “No pueden ahogarnos, si no podemos cobrar, ¿cómo se paga el mantenimiento?”, se pregunta en voz alta.
La Administración andaluza costeó al 100% el arreglo del monumento
Damas defiende que permite el acceso gratuito a la capilla de la Virgen de Guadalupe y a todos los que esgrimen que van a realizar sus cultos. Por tanto, tilda como una “polémica artificial” el plante de la Junta. “Muchos otros edificios civiles también se arreglan con dinero público y nadie discute pagar su entrada”, argumenta Damas, respaldado por las autoridades eclesiásticas como es el caso del Arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, uno de los destinatarios de la carta remitida por el consejero de Cultura, Luciano Alonso, instándole a revisar el convenio entre la Iglesia y la Junta para la gestión de monumentos. El argumento de Alonso es que si las restauraciones se pagan con el dinero de todos los andaluces, estos tienen derecho a su disfrute, y que en el caso de que el uso sea solo privado (y además, explotado comercialmente), la inversión pública pierde su sentido.
En Úbeda tampoco gustó que la gestión de las entradas de Santa María se encomendara a una empresa foránea, Palacio de Museo, la misma que cobra las entradas en las catedrales de Jaén, Baeza o Granada. La empresa recibe un fijo por cada entrada que, según el arcipreste, no llega al 50% del precio. Pero lo que es una evidencia es que la Junta no recibe dinero alguno, pese a que fue la que puso todo el dinero. Con todo, en Úbeda existe una clara división ciudadana. La Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios (Alciser) defiende el cobro de la entrada “mientras no existan otras alternativas”. Los comerciantes sí que lamentaron, no obstante, la precipitación con la que se acordó cobrar a los visitantes y el perjuicio que eso supuso a las empresas turísticas del municipio.
La división también es patente en el plano político. El equipo de gobierno, del PP, defiende el pago de la entrada porque, a juicio de la concejala de Cultura, Josefa Olmedilla, es una medida que va a afectar a los turistas pero no a los ubetenses. En cambio, PSOE, IU y PA se oponen con rotundidad. “El Obispado no reconoce que entregó a la Junta de Andalucía un inmueble en ruinas y 28 años más tarde volvió a recuperarlo totalmente rehabilitado gracias a los impuestos de los andaluces”, dijo el edil andalucista Francisco Mendieta.
El PSOE federal respalda plenamente a la Junta. El secretario federal de Política Municipal, Gaspar Zarrías, señaló que es “razonable” que no se cobre a los ciudadanos en templos restaurados con dinero público.
