Salt quiere ahora abrir pequeños centros de culto en el casco urbano

El alcalde pretendía llevar los oratorios a polígonos y prohibirlos en el centro

A pocos meses de que venza la suspensión de licencias para centros de culto aprobada el pasado agosto en Salt, el alcalde de la localidad ha dado un giro político de amplias proporciones. Jaume Torramadé (CiU), favorable cuando estaba en la oposición a prohibir los oratorios en el centro de la ciudad, quiere ahora que las confesiones religiosas vuelvan al núcleo urbano. Solo podrán establecerse en bajos con un aforo máximo de 60 personas en edificios comunitarios y nunca en zonas residenciales o en el polígono de Torre Mirona, reservado por el anterior Consistorio para cumplir la ley catalana de centros de culto.

La normativa, que se debatirá en el próximo pleno, establece que solo se podrán abrir nuevos templos en bajos de edificios comunitarios de no más de 120 metros cuadrados y con entrada independiente. El alcalde argumenta que la medida va destinada a regularizar la situación de las pequeñas confesiones y asegurar un mayor control sobre los oratorios. “Se trata de poner orden en la situación existente”, afirma Torramadé. La exalcaldesa Iolanda Pineda (PSC) cree que la medida propiciará el “islam de las catacumbas”, en referencia a las reducidas dimensiones que se permitirán.

La norma también prevé que las confesiones puedan establecerse en zonas reservadas para equipamientos comunitarios, aunque en este caso el procedimiento es mucho más complejo.

Si se aprueba la modificación del plan general de ordenación urbana, se dará un nuevo giro en la política municipal. Con un 40% de inmigración y presencia de la xenófoba Plataforma per Catalunya, Salt lleva años lidiando con este tema. Fue el propio Torramadé quien, en su anterior etapa de alcalde (hasta 2007), aprobó una ordenanza que obligaba a las confesiones a encontrar locales de más de 200 metros cuadrados y en edificios aislados, lo que en la práctica les expulsaba del núcleo urbano y dificultaba su establecimiento en el municipio. El PSC intentó buscar una alternativa y, en cumplimiento de la Ley de Centros de Culto de la Generalitat (que instaba a los Ayuntamientos a reservar suelo para uso religioso), destinó una zona en un polígono industrial separado del núcleo urbano por una autovía.

El alcalde defiende que ha cambiado de posición porque las circunstancias actuales son distintas. “Cuando el anterior gobierno quería reservar suelo en el polígono, insistimos en que prohibieran los oratorios que ya existían en el centro, pero no lo hicieron”, explica. Torramadé asegura que musulmanes y evangélicos, que solicitaron licencias para establecerse en Torre Mirona antes del veto a los nuevos centros, podrán levantar sus templos. En el primer caso, porque ya contaban con la licencia cuando se aprobó la suspensión en agosto. En ese momento Torramadé argumentó que había que “repensar” la cuestión y que no le gustaba el emplazamiento designado por su predecesora. En el segundo caso, los evangélicos llevan meses de inquilinos en un local que han acondicionado y podrían reclamar una indemnización si se les deniega la licencia.

El alcalde argumenta que, una vez solucionado el “problema” de las grandes confesiones, tocaba afrontar la situación de las pequeñas. El Consistorio detecta que en algunos casos los feligreses se juntan para rezar en locales que constan como centros culturales, pese a que su uso es religioso. “En la nueva norma se establece por fin la diferencia entre ambos”, declara. En Salt existen nueve oratorios (legales y fuera de la ley), según cifras del Consistorio. Según Pineda, el modelo que se aprobó en su mandato “garantiza la dignidad” de los feligreses, pero CiU considera que el polígono, en tiempos de crisis, debe reservarse a la economía.

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