El Gobierno espera un informe jurídico para hacer pública la relación de las inmatriculaciones realizadas desde 1998
El de la Mezquita de Córdoba es el caso más llamativo: patrimonio de la Humanidad desde 1984, la Iglesia la puso a su nombre en 2006 por 30 euros gracias a una ley franquista que ha permitido hasta hace apenas tres años que los obispos registraran inmuebles sin tener que demostrar su propiedad. Hoy el tercer monumento más visitado de España lo gestiona la diócesis de Córdoba, que cobra cada entrada a 10 euros. Catedrales, iglesias, ermitas, pero también casas parroquiales, viñedos, casas de maestro, fuentes, plazas públicas y hasta la cima de un monte, el de Oiz, en Bizkaia. La Iglesia ha inmatriculado (en la jerga administrativa, registrado un bien por primera vez) miles de propiedades. ¿Cuántas? No se sabe. Pero se va a saber, según ha confirmado el Gobierno, que afirma que está decidido a elaborar un listado y a hacerlo público.
El Ejecutivo está cumpliendo con una proposición no de ley que presentó el PSOE cuando estaba en la oposición y que se aprobó —con los votos en contra de PP y Ciudadanos— en abril pasado. El texto instaba al Gobierno a elaborar una relación de todos los bienes inarticulados desde 1998, fecha en la que el Ejecutivo de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria para facilitar aún más estas anotaciones registrales. Y a hacerlo en seis meses. El anterior Gobierno obviamente no cumplió el plazo, pero sí llegó a poner el encargo en marcha y a hacer algunas peticiones a los registros de la propiedad, según fuentes conocedoras del estudio.
El listado “está pendiente de completar”, respondió en julio pasado el Ministerio de Justicia tras una petición de información de EL PAÍS amparada en la Ley de Transparencia. La respuesta añadía que, una vez terminado, se le daría publicidad. Fuentes de Justicia aseguran que han encargado un informe jurídico para ver de qué manera se puede hacer pública la lista. “Hay voluntad de hacerlo, pero hay que vigilar que no se incumpla ninguna ley”, añadieron.
Con el cambio de Gobierno, también ha habido un cambio de criterio en el ministerio. El anterior director general de los Registros y el Notariado alertaba de que Justicia no podía hacer pública esta información porque esa competencia es exclusiva de los Registradores de la Propiedad. Ahora Justicia va un paso más allá y se plantea también investigar los casos de dominios públicos que se hayan registrado como bien de propiedad privada y “depurar” esas situaciones.
Listado parcial
La Conferencia Episcopal mantiene que no dispone de los datos. Algo que pone en duda Jorge García, portavoz de la Coordinadora Recuperando, que agrupa a varias asociaciones de toda España que luchan por el patrimonio público. “Fue la Conferencia la que dio la orden, que no fue seguida igual por todos los obispos. Saben perfectamente lo que han inmatriculado”, asegura. García lamenta que el listado sea “parcial” y que no incluya los bienes registrados antes de 1998, entre los que hay “lugares de culto de dominio público que fueron inmatriculados en posible fraude de ley”.
La Ley Hipotecaria de 1946 y su posterior reglamento permitía a los obispos inscribir cualquier bien, excepto los templos destinados al culto. Pese a ello, en los años ochenta se inscribieron muchas iglesias y ermitas, según han podido averiguar Ayuntamientos y asociaciones. La reforma de 1998 permitió que también se inscribieran los templos, es decir, legalizó la práctica. “Aznar hizo lo que no se atrevió a hacer Franco”, resume García. Este privilegio estuvo en vigor hasta 2015. Un año más tarde una sentencia del Tribunal de Estrasburgo calificó de arbitrario el procedimiento de inmatriculación de la Iglesia y condenó al Estado a indemnizar a unos propietarios.
La publicación de la lista permitirá al fin conocer el alcance de estas prácticas. Según afirmó el año pasado un representante de la Conferencia Episcopal a la cadena SER, incluirá entre 30.000 y 40.000 propiedades. García cree que, a la vista de los pocos listados que ya existen, pueden ser muchas más. El Gobierno de Aragón hizo un estudio el año pasado que mostró con datos de 22 de los 43 registros de la propiedad, que los obispos inscribieron a su nombre al menos 1.751 propiedades en apenas dos décadas.
La Conferencia Episcopal rechazó ayer hacer valoraciones sobre la publicación, pero su vicesecretario para asuntos económicos, Fernando Giménez Barriocanal, alertó de que debe hacerse “conforme a la legislación vigente y siempre que opere el principio de no discriminación”.
