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Rusia: El final del camino para quienes pretenden ejercer su derecho a protestar desde Amnistía Internacional

Las autoridades rusas han erosionado el derecho a la libertad de reunión pacífica usando leyes cada vez más restrictivas así como tácticas policiales de mano dura y causas penales para acallar la disidencia pacífica, hasta el punto de que es prácticamente imposible llevar a cabo una protesta significativa en el país; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.

En Russia: No place for protest, la organización documenta cómo la represión de las protestas pacíficas, que comenzó con la Ley Federal sobre Reuniones de 2004, se ha acelerado en los últimos años a través de sucesivas reformas legislativas y de su aplicación cada vez más selectiva y restrictiva. Ahora existe un sinfín de restricciones legales sobre quién puede ejercer el derecho a protestar en la calle y cuándo, dónde, cómo y con qué finalidad.

“Las autoridades rusas llevan años reprimiendo el derecho a la libertad de reunión con increíble persistencia e inventiva. No ha habido otra cosa en la que pusieran tanto empeño en todos los niveles de poder. Así, la protesta callejera pacífica ha llegado a ser considerada delito por las autoridades del Estado, y un acto de heroísmo por la población rusa que aún cree que tiene derecho a ejercerla”, ha afirmado Oleg Kozlovsky, investigador de Amnistía Internacional sobre Rusia.

“Las ilegítimas restricciones, obligaciones y duras sanciones impuestas a las personas que se manifiestan en Rusia son tan absurdas que sólo pueden describirse como kafkianas. Tras 16 años y 13 maniobras parlamentarias para retocar la legislación, las autoridades rusas han conseguido vaciar completamente de contenido el derecho a la libertad de reunión pacífica.”

De las 13 reformas legislativas más importantes utilizadas para restringir el derecho a la libertad de reunión pacífica en Rusia, 9 han sido aprobadas desde 2014 como parte de la represión de las protestas antigubernamentales y de los derechos humanos garantizados por el derecho internacional de los derechos humanos y la propia Constitución rusa.

Las autoridades locales han seguido la tendencia marcada por la legislación federal y han introducido nuevas restricciones sobre el derecho de reunión pacífica. Estos cambios han dado alas tanto a la policía, cuyos agentes emplean cada vez más tácticas de mano dura para acallar a manifestantes pacíficos, como al sistema de justicia penal, cuyos tribunales les imponen duras penas.

Restricciones legales de las reuniones públicas

Con la ley en su forma actual, los requisitos se han alargado y son más restrictivos que nunca. Por ejemplo, las personas que han sido declaradas culpables más de una vez en 12 meses consecutivos de “delitos contra el orden constitucional, la seguridad del Estado y la seguridad o el orden social”, o de infracciones administrativas relacionadas con protestas, tienen prohibido organizar reuniones públicas de todo tipo.

Según la normativa federal, no se pueden celebrar reuniones cerca de sedes judiciales, prisiones, residencias presidenciales y, desde diciembre de 2020, servicios de emergencia. Sin embargo, la legislación regional endurece aún más estas restricciones: en el óblast de Kírov, por ejemplo, la legislación local prohíbe toda clase de reuniones cerca de centros médicos, educativos, culturales, comerciales y de ocio, parques infantiles y hasta paradas de transporte público; en la práctica, casi cualquier lugar de una ciudad. Las reuniones espontáneas, es decir, no programadas, están totalmente prohibidas y, cuando suceden, se disuelven mediante fuerza excesiva.

Desde diciembre de 2020, tanto las personas extranjeras y organizaciones extranjeras e internacionales como las personas y organizaciones rusas que han sido calificadas de “agentes extranjeros” por las autoridades tienen prohibido financiar reuniones públicas. Además, las reuniones de más de 500 participantes deben estar organizadas y financiadas con un número de cuenta bancaria asociado; de lo contrario, son ilegales.

Los responsables de organizar casi cualquier clase de protesta deben notificarla previamente a las autoridades.

Las autoridades usan habitualmente los procedimientos de ‘notificación previa’ de reuniones para limitar el número de participantes, trasladar la reunión a una zona de la ciudad escasamente poblada o prohibirla del todo con cualquier excusa. Por otra parte, con arreglo a las reformas legislativas aprobadas en 2021, las autoridades pueden ‘retirar’ permisos con pretextos ambiguos e injustificados como la ‘amenaza real’ de ‘una emergencia o un ataque terrorista’”, ha manifestado Oleg Kozlovsky.

Detención administrativa, fuertes multas y causas penales contra manifestantes pacíficos

El Código de Infracciones Administrativas y el Código Penal se han ampliado drásticamente a lo largo de los años, con disposiciones que restringen el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y la imposición de sanciones más duras por varios “delitos”.

Desde 2011, el número de infracciones concretas tipificadas en la Ley sobre Reuniones ha aumentado de 3 a 17. La cuantía máxima de las multas ha subido de 2.000 rublos (60 dólares estadounidenses) en 2012 a 300.000 rublos (4.000 dólares) en 2021, y se ha introducido la detención administrativa por periodos de hasta 30 días para castigar 12 de estas 17 infracciones.

La más represiva de las medidas fue la introducción de la responsabilidad penal en 2014, con penas de hasta cinco años de prisión por la infracción reiterada de la Ley sobre Reuniones en virtud del artículo 212.1 del Código Penal, el infame “artículo de Dadin”.

“Además de ser penalizadas por ejercer su derecho de protesta pacífica, las personas detenidas por manifestarse en Rusia son sometidas a juicios injustos que prácticamente son parodias de la justicia, ya que a veces las actuaciones sólo duran cinco minutos, no son llamados a declarar testigos clave y se admiten los informes policiales sin cuestionarse su veracidad”, ha dicho Oleg Kozlovsky.

Uso excesivo de la fuerza

En el informe también se explica con detalle el uso excesivo de la fuerza por los agentes de policía: según ha podido documentar Amnistía, usan técnicas de artes marciales contra manifestantes y los golpean sin piedad con porras; este año, además, han añadido la práctica de aturdirlos con armas de electrochoque.

A pesar del estallido general de indignación pública por los casos de fuerza policial excesiva, como el de Margarita Yudina —manifestante pacífica que terminó en una unidad de cuidados intensivos por las patadas en el estómago que le había propinado un agente antidisturbios— en enero de 2021, las autoridades no toman medidas para investigar y llevar a los presuntos autores ante la justicia o entorpecen manifiestamente las investigaciones, lo que refuerza el clima de impunidad.

“Transmite a la fuerza policial el mensaje inequívoco de que todo exceso es aceptable, la anima a usar la violencia y le garantiza impunidad absoluta”, ha afirmado Oleg Kozlovsky.

Llamamientos a una reforma completa de la legislación sobre reuniones

Amnistía pide a las autoridades rusas que reformen la legislación y las prácticas nacionales para ponerlas en consonancia con la Constitución del país y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las autoridades deben prohibir toda medida dirigida a cambiar los objetivos o el lugar de una reunión pública, así como el número de participantes permitido, a menos que tales decisiones se adopten en actuaciones judiciales.

Asimismo, las autoridades deben respetar las reuniones pacíficas de carácter espontáneo, que se considerarán legítimas, cuando resulte imposible o inviable notificarlas en el plazo legalmente establecido.

“Con las elecciones parlamentarias que se celebran el próximo mes, Rusia tiene la oportunidad de cambiar su enfoque del compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión pacífica. Queremos recordar a quienes se presentan a estas elecciones y a los futuros legisladores que el derecho de protesta pacífica no se puede conceder ni arrebatar. Todas las personas tienen este derecho, y el gobierno debe respetarlo, protegerlo y promoverlo, y poner todo el empeño en garantizarlo en lugar de socavarlo”, ha afirmado Oleg Kozlovsky.

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