Los Estados confesionales, como el nuestro, son un anacronismo y así lo comprenden el Gobierno y la Santa Sede La religión y el Gobierno deben andar por caminos separados para respetar las decisiones y libertades individuales
El 73% de los costarricenses se identifica como católico, pero solo el 27% exige mantener la religión oficial del Estado. La estadística puede leerse como una lección de tolerancia. El 41% apoya un Estado laico y un 32% permanece indiferente.
Nada de eso significa que la relación con Dios dejó de tener importancia. Un 90% le concede un lugar “muy importante” en su vida y ocho de cada diez dice profesar alguna religión.
La presencia de la religión es firme en la sociedad costarricense, pero la hora del Estado laico parece haber llegado. El cambio es una exigencia de la sociedad democrática, reacia a discriminar a las minorías o privilegiar a las mayorías, especialmente en temas de conciencia y libertades individuales.
Los Estados confesionales, como el nuestro, son un anacronismo y así lo comprenden el Gobierno y la Santa Sede, empeñados desde la semana pasada en negociar un nuevo acuerdo bilateral para “modernizar” las relaciones entre Costa Rica y el Vaticano. El proceso, dice el canciller Enrique Castillo, será muy pausado y sereno, pero tiene la finalidad de “adecuar las relaciones a los tiempos actuales”.
Las conversaciones no desembocarán en la instauración del Estado laico, porque el carácter oficial de la religión católica figura en el artículo 75 de la Constitución Política y un acuerdo con otro Estado no puede reformar la Carta Magna. Sin embargo, el convenio con el Vaticano podría incluir una cláusula de reafirmación de la soberanía costarricense y el derecho de nuestro país a decidir sin interferencias sobre la laicidad del Estado.
En sentido estricto, Costa Rica no necesita un acuerdo previo para acabar con el Estado confesional. La soberanía del país está fuera de toda duda y no es necesario un reconocimiento extranjero para ejercerla a plenitud.
Hay, sin embargo, una larga tradición, de profundas raíces históricas, y esas tres cuartas partes de la ciudadanía, identificadas con el catolicismo, no pueden ser vistas con indiferencia.
Firmado el acuerdo y definidas en él las características de las nuevas relaciones, los diputados deberán ratificarlo y, luego, podrán completar la labor mediante el trámite usual de las reformas constitucionales, sin trauma para ningún sector de la población salvo, quizá, los más recalcitrantes.
Es hora de hacerlo, para bien de la sociedad costarricense y, también, del catolicismo. La religión y el Gobierno deben andar por caminos separados para respetar las decisiones y libertades individuales. La confusión entre ambos, a lo largo de la historia, con demasiada frecuencia produjo daño a una de las partes, en muchas ocasiones al cuerpo político y en oportunidades a la religión.
Quizá por eso el papa Benedicto XVI declaró, en diciembre del 2008, que la distinción entre Iglesia y Estado constituye “un progreso de la humanidad y una condición fundamental para su libertad”.
Citando la encíclica Deus caritas est, el Santo Padre observó: “es propia de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios; es decir, entre el Estado y la Iglesia (')”. En igual sentido, agregó: “(') la Iglesia no solo reconoce y respeta esta distinción y autonomía, sino que también se alegra de ella (')”.
Es seguro que el convenio o concordato con la Santa Sede preservará algunos beneficios de la Iglesia, como el derecho de los sacerdotes a entrar en hospitales y cárceles y algunas ventajas tributarias. Otros privilegios que probablemente encuentren expresión en el documento están establecidos en nuestro país para los ministros de todas las confesiones, como el secreto profesional y el derecho a impartir educación religiosa.
El camino emprendido por Costa Rica no es un hecho extraordinario. No hace mucho, Brasil negoció un concordato, con fines similares, donde ratificó la enseñanza religiosa, las exenciones fiscales y el secreto confesional. Los beneficios acordados a la Iglesia católica, es cierto, la distinguen de otras denominaciones religiosas, pero también lo hacen la tradición histórica, el número de fieles y el impacto cultural.
Enrumbarnos hacia el Estado laico sin reconocer esos factores, es arriesgar el fracaso de la iniciativa de modernización.
