Round entre Iglesia y PSOE

El enfrentamiento entre el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y la Iglesia católica ha reabierto el debate sobre el carácter aconfesional del Estado.

España es un Estado aconfesional desde la aprobación, en 1978, de la Constitución democrática. Pero su población sigue considerándose mayoritariamente católica y la Carta Magna contiene una mención expresa a esta confesión. Ahora, el duro enfrentamiento entre el gobierno socialista y la jerarquía católica ha hecho surgir voces que piden la revisión de las relaciones entre el Estado y la Iglesia.

Los obispos “no aceptan la distinción público-privado que está en el artículo 27 de la Constitución y, en el fondo, siguen pensando como en el siglo XIX, cuando decían que la libertad de conciencia era un pestilente error”, asegura Gregorio Peces-Barba, socialista, rector de la Universidad pública Carlos III y uno de los llamados padres de la Constitución de 1978.

La concentración del pasado 30 de diciembre en Madrid, celebrada bajo el lema “Por la familia cristiana” y convocada por el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha levantado ampollas en la izquierda española y en los sectores laicos, después de que destacados miembros de la Conferencia Episcopal Española como el propio Rouco Varela y el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, acusasen al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de conducir hacia la “disolución de la democracia” con su “laicismo radical” y de dar “marcha atrás respecto a la Declaración de Derechos Humanos”, en referencia a leyes aprobadas esta legislatura como la que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la que acelera los trámites del divorcio.

“Cría obispos y te sacarán los ojos”, manifestó al respecto el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares. Como él, una parte de la izquierda española se encuentra desconcertada con la política del gobierno socialista hacia la Iglesia católica, que en su opinión goza de amplios privilegios en España que el Ejecutivo no sólo ha mantenido en esta legislatura, sino que, pese a los continuos ataques de la Conferencia Episcopal a su política, ha ampliado.

En sectores políticos, culturales, mediáticos e intelectuales se escuchan voces que piden una revisión de las relaciones Iglesia- Estado. “El gobierno tendría que salir al paso de una forma seria y contundente”, dijo el escritor José Manuel Caballero Bonald al diario El País. “Hace falta otra política con la Iglesia, y contundente”.

Para Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), “la jerarquía eclesiástica se aprovecha de un Estado que aún está lejos de ser aconfesional y encima muerde la mano que le da de comer”. Por ello, aboga por que en la próxima legislatura, que comenzará tras las elecciones generales del 9 de marzo en España, se revisen “tanto los acuerdos con la Santa Sede como las subvenciones públicas que (la Iglesia católica) recibe del Estado”. Que “se cumpla de una vez por todas la separación Iglesia-Estado”, indica.

Al contrario, por ejemplo, que Francia, que es un Estado laico que no establece tratados de cooperación con los distintos credos e impide la influencia religiosa en la esfera pública, España es un Estado aconfesional: no reconoce religión oficial, pero coopera con los distintos credos. Y de esta cooperación, la confesión que tradicionalmente más se ha beneficiado es la Iglesia católica, en cuya jerarquía, según observadores, los sectores conservadores han ido desbancando a los moderados en esta legislatura, en la que la Iglesia se ha erigido en un actor político, deslegitimando la acción del Ejecutivo contraria a su moral y coincidiendo muchas veces con los presupuestos defendidos por el opositor Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.

El 18 junio de 2005, por primera vez en la democracia, una veintena de obispos marchó en manifestación por las calles de Madrid defendiendo, junto al PP, el modelo cristiano de matrimonio puesto en peligro, en su opinión, por el matrimonio homosexual.

“Las manifestaciones de algunos de ellos”, dijo el filósofo Fernando Savater a El País refiriéndose a los obispos que hablaron el 30 de diciembre en la multitudinaria concentración de Madrid, “son una prueba de que debemos ser racionalmente anticlericales”.

La actuación del Ejecutivo de Zapatero en temas como el divorcio, el matrimonio gay y la educación y la reacción a la misma de la Iglesia católica, que se considera “perseguida” por una ofensiva laicista gubernamental, convirtieron la que está a punto de concluir en la legislatura más difícil en las relaciones Iglesia-Estado.

El gobierno socialista inició una política apaciguadora para atajar una guerra abierta con los prelados que finalmente no ha logrado evitar. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, ha llevado personalmente en estos cuatro años las relaciones con los obispos españoles y el Vaticano.

El gobierno trató de aplacarlos renunciando a revisar los acuerdos con la Santa Sede de 1979, a legislar la eutanasia y a ampliar a un cuarto supuesto la ley del aborto. Y no sólo no redujo la financiación de la Iglesia católica, como había avanzado que haría, sino que convirtió en definitivo un sistema de asignación tributaria que nació en 1988 como transitorio por tres años en los que la Iglesia debía alcanzar la autofinanciación.

Estos días, la izquierda laica se lo reprocha. La democracia se fortalecería con una separación efectiva entre Estado e Iglesia y una ley que hiciera que España dejara de ser un Estado aconfesional para ser un Estado laico “zanjaría el problema católico en España”, manifestó ayer el diputado de Los Verdes Francisco Garrido, adscrito al Grupo Parlamentario Socialista.

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