El cardenal propone a los padres que recurran a la objeción de conciencia El purpurado rechaza las “actitudes pragmáticas” ante un “problema grave”
El jueves por la noche no hubo misa de ocho en la parroquia madrileña de la Concepción, en el corazón del barrio de Salamanca, como ocurre a diario. En su lugar, la iglesia se llenó para escuchar una arenga del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, que la solemnidad del templo y los modos suaves del orador lograron vestir de conferencia. Rouco había ido a hablar de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, "un problema grave que se nos presenta", dijo, frente al que "no hay que adoptar actitudes pragmáticas". ¿Qué propone, pues, el purpurado? Solo prescribió una fórmula: acogerse a la objeción de conciencia para sortear la materia. "Responder con la ética, la propia de España", finalizó al filo de las nueve.
José Raga, exrector de la Universidad San Pablo-CEU, privada y católica, y alto cargo universitario del Gobierno de Aznar, actuó de introductor. En los prolegómenos del acto, describió al conferenciante como "lo máximo" a la que una diócesis como Madrid "podía aspirar". Recordó que Juan Pablo II le nombró cardenal hace casi 10 años, "lo extraño hubiera sido que el Papa no hubiera depositado una especial confianza en él", remachó. Eso sucedió antes de que los obispos decidieran "confiar en su buen criterio y mejor hacer" encumbrándole a la cúpula del episcopado del que, aunque ya no es presidente, sigue encaramado.
La obsequiosa introducción –"cuanto purgatorio has de pasar amigo", le correspondió el cardenal con la mejor de sus sonrisas– dio paso a un análisis del purpurado, experto en derecho canónico, sobre la incompatibilidad de la materia con los principios fundamentales de la Iglesia y la Constitucional española.
Para Rouco, la obligatoriedad de cursar Educación para la Ciudadanía en todos los centros educativos, públicos y privados, deja a la asignatura de Religión "en precario". "Implícitamente se admite que lo que se enseña en clase de Religión no sirve para proporcionar una formación moral satisfactoria", se quejó. "La devaluación es plena", insistió. Además, que "el Estado imponga una asignatura relega los derechos de los padres", que, según él, pueden aceptarla o no.
MANDAMIENTO DE LA CARIDAD A estas alturas de la disertación, a la feligresía no le había pasado por alto que había que hacer algo. Aun así, Rouco creyó necesario advertir de que "todo esto tiene una enorme importancia para el bien y el futuro de los hijos". Y previno que ello "obliga a todos muy seriamente".
"En los colegios concertados pueden arreglarse para que la asignatura no sea un desastre del todo, pero el 80% de los colegios del Estado son públicos y sus alumnos no tienen elección". Nadie se libra de "los efectos nocivos" de la nueva propuesta educativa. Y ahí echó mano del mandamiento de la caridad: "La solidaridad se impone".
Fue entonces cuando propuso usar "todos los procedimientos ético legales posibles". ¿Cuáles? La objeción de conciencia, opción que "está éticamente bien consolidada" en los estados democráticos. "Es un deber de todos los católicos apoyarles a los objetores", precisó. Dijo que había otras fórmulas para oponerse a lo que viene, que hay que buscarlas, pero no mencionó ninguna. "La protesta constituye un enorme servicio al Estado democrático", una lección de ciudadanía, aseguró. Aplausos.
