El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, ha afirmado hoy que la Iglesia "pagará" el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) si así lo establece la ley, pero ello "irá en detrimento de otras acciones". Preguntado por los periodistas, tras ofrecer una conferencia en Cádiz, Rouco Varela ha explicado que "la Iglesia está dentro de la legislación general" por lo que no "tendrá ningún problema en pagar si así lo establece la ley". Ha recordado la norma que exime de pagar el IBI a "toda entidad que trabaja o actúa sin ánimo de lucro", y en referencia a la Iglesia ha subrayado que se debe a un "principio previo" que afecta solo "a los edificios de culto donde se practica la actividad pastoral de forma estricta y a las catedrales". Antonio Rouco Varela ha destacado que lo que se entiende como "actividad pastoral estricta" se recoge en el acuerdo que alcanzaron "España y la Santa Sede sobre asuntos económicos en 1979".
El cardenal ha dicho que "si hay que pagar, se pagará" el IBI aunque ello pueda afectar a otras acciones de la Iglesia como la que desarrolla Cáritas, aunque en este punto ha confiado en la "generosidad de los fieles". Cáritas también se financia con los impuestos de todos los españoles y se beneficia (entre las que más) del reparto de los fondos de la casilla social del IRPF para su extensa actividad social.
La Iglesia vive prácticamente en un paraíso fiscal, porque no solo no pagan IBI por los templos de culto, tampoco por las casas donde viven los religiosos, por ejemplo la de Rouco. Ni por edificios que tienen alquilados, ni por las tierras que tienen en propiedad. Si pagaran por todo ello, la organización Europa Laica ha calculado que el Estado podría ingresar entre 2.500 y 3.000 millones. En Italia rompieron recientemente esta barrera y les han exigido pagar el IBI. Los Ayuntamientos, que son quienes recaudan este impuesto, han ido manifestándose en las últimas semanas respecto a este asunto, buscando cómo poder cobrar por este concepto a la Iglesia, pero, a decir de los expertos, poco puede hacerse si el Gobierno no deshace los famosos acuerdos económicos llamados de la Santa Sede. Capitales como Zamora han optado por desgajar del IBI la tasa de basura, que se cobraba conjuntamente, para poder, al menos, pasar esa factura a la Iglesia, porque nada dicen los acuerdos sobre los residuos urbanos.
En otros consistorios están peinando su caserío para ver, edificio a edificio, por cuáles se debería abonar el IBI y no se hace. La inercia de años atrás no sirve para tiempos de crisis aguda. León o Valladolid anunciaron hace unos días su intención de encargar estudios para ver qué posibilidades jurídicas tienen de recaudar este impuesto a las organizaciones religiosas.
Y no son pocas las iniciativas políticas al respecto. Por ejemplo, IU ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para tratar este asunto. Recogiendo propuestas de Europa Laica, piden que se rebaje en un 20% la asignación que recibe la Iglesia por el IRPF y que a 31 de diciembre de 2014 esta organización se autofinancie, como se comprometieron en los acuerdos de 1979.
