Rosa Aguilar pedirá al Ministerio de Justicia la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia en Andalucía

Entre tales inmatriculaciones está «la de la Mezquita-Catedral, en 2006», cuando «la Diócesis de Córdoba la inmatriculó admitiendo que no tenía título inscrito de dominio, utilizando en su lugar un mero certificado del obispo de Córdoba».

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles en el Parlamento andaluz que va a solicitar a la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, la relación de los bienes inmatriculados a su nombre por la Iglesia Católica en Andalucía. 

Así lo ha destacado Aguilar, durante su comparecencia, a petición de Podemos, ante la Comisión de Cultura de la Cámara andaluza, a fin de que informase sobre las actuaciones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para avanzar en el objetivo de lograr la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba, según ha señalado la parlamentaria andaluza de Podemos Lucía Alaya. 

Ante ello, la consejera de Cultura ha empezado recordando que fue el Gobierno del PP presidido por José María Aznar el que modificó en 1998 la legislación para permitir que la Iglesia Católica inmatriculara como propios multitud de bienes, la mayoría de carácter religioso, que hasta entonces tenían la consideración de «bienes públicos», y «cuando se tuvo conocimiento de esta situación, hubo una contestación ciudadana», con su reflejo en las Cortes, que llevó al «Gobierno del PP, con mayoría absoluta, a tener derogar en 2015» la citada reforma legal, si bien, «según los datos que se han publicado, la Iglesia ya había hecho unas 4.500 inmatriculaciones en toda España». 

Entre tales inmatriculaciones está «la de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que se llevó a cabo el 2 de marzo de 2006», cuando «la Diócesis de Córdoba la inmatriculó con la denominación de Santa Iglesia Catedral de Córdoba, y lo hizo admitiendo que no tenía título inscrito de dominio, utilizando en su lugar un mero certificado del obispo de Córdoba», y ello se llevó a cabo, según ha subrayado Rosa Aguilar, «sin que nadie tuviera conocimiento» entonces, habiéndose tenido noticia de ello «en torno a 2014». 

A pesar de ello, para la consejera «la ciudadanía cordobesa ha seguido sintiendo como propio» a este «monumento, que no tiene par en el mundo entero» y que, según ha recordado, está declarado por la Unesco, junto al casco histórico de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, de ahí que la Junta defienda la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, al entender «que es de Córdoba, de la ciudadanía». 

Por esta razón, aunque no solo por el caso del monumento cordobés, es por la que la Junta de Andalucía va a solicitar a la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, la relación de los bienes inmatriculados a su nombre por la Iglesia Católica en Andalucía, pues, según ha argumentado, «es esa Dirección General la que debe tener esos datos y la que debe facilitarlos, al respecto de las inmatriculaciones, y no solo de la Mezquita-Catedral, sino de todas las realizadas» en Andalucía. 

Junto a ello, la consejera ha indicado que su consejería «viene trabajando, desde hace mucho tiempo y desde el diálogo, en todo lo concerniente a la Mezquita-Catedral», con el fin de «acercar posturas», pues ello puede permitir «llegar a acuerdos», en este caso con la Iglesia Católica, de ahí que, por parte de la Consejería de Cultura, «la vía del diálogo siempre permanecerá abierta», para «la búsqueda productiva de soluciones en positivo», lo cual ha llevado a que en toda la información sobre el monumento se haga desde ahora siempre referencia a Mezquita-Catedral y no solo a Catedral. 

Por otro lado, la Junta también seguirá «recabando opiniones desde el punto de vista jurídico, porque en estos momentos» los expertos defienden «posicionamientos muy distintos» entre sí, llegando a ser «contradictorios», de ahí que sea preciso «seguir realizando consultas», para que, «de verdad, podamos conocer si se pueden llevar a cabo otras actuaciones». 

Finalmente, Rosa Auguilar ha subrayado que también se están haciendo «las tareas necesarias para dar cumplimiento a los mandatos» del Parlamento andaluz, en referencia a la proposición no de Ley (PNL) «que se aprobó en el Pleno del 11 de febrero de este año», relativa a la titularidad de dominios o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia Católica en Andalucía, habiendo ya iniciado la Consejería de Cultura un estudio para, en primer lugar, identificar «aquellos bienes incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz que son titularidad de la Iglesia Católica». 

Por su parte, la diputada regional de Podemos Lucia Ayala ha dicho alegrarse «bastante» que se esté actuando en base a lo acordado por el Parlamento andaluz, a pesar de las «contradicciones» en las que, a su juicio, ha incurrido el PSOE-A en este asunto, añadiendo que la postura de su partido es la de que, una vez se sepa cuáles son los bienes «de dominio público» y, por tanto, que fueron «indebidamente inmatriculados» por la Iglesia Católica, hay que «proceder a reclamar la titularidad de los mismos» por el Gobierno andaluz. 

Por eso, Ayala ha dicho celebrar que Rosa Aguilar vaya a «solicitar a la Dirección General de los Registros y del Notariado la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia», añadiendo, respecto a la Mezquita-Catedral de Córdoba, que esta es «una seña de identidad de Andalucía» y que el hecho de que sea un bien público «no es una cuestión de sentimiento, sino una cuestión de Derecho que hay que solventar», teniendo en cuenta que, en su opinión, la inmatriculación de este monumento «no se desarrolló de manera adecuada, ni pertinente». 

Además, según ha defendido Ayala, «la consagración» en el siglo XIII de la entonces Mezquita de Córdoba como la Catedral de dicha ciudad «no es una vía de adquisición de bienes que son susceptibles» de constituirse en «propiedad privada», sobre todo cuando «la Mezquita ha sido un bien público, propiedad del Estado, propiedad de todos los cordobeses y andaluces, como mínimo».

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