Una revisión de las cuentas de 32 centros, la mayoría de la denominada “nueva concertada”, la que aparece tras el año 2000, muestra un sector económicamente asentado, en el que la mayoría de los ingresos provienen de los fondos públicos y que reparte beneficios.
Entramados de empresas, grandes grupos, sociedades mercantiles, reparto de dividendos, altos salarios, inversiones en fondos o carteras… La conocida como nueva escuela concertada madrileña, que vive principalmente de las subvenciones públicas y las cuotas voluntarias que cobra a las familias (las primeras están consignadas en sus cuentas públicas, las segundas no), presenta unos balances saneados y en general beneficios, según un análisis de las cuentas de una muestra de 32 centros con un único requisito a cumplir (aparte de tener un concierto educativo): tener las cuentas depositadas en el registro.
Los centros analizados pertenecen en su práctica totalidad a la conocida como nueva escuela concertada madrileña, la que ha crecido al calor de las políticas educativas del PP desde que la Comunidad de Madrid recibiera las competencias en Educación en 1999. Centros que han recibido el concierto en estas últimas dos décadas, existieran antes como privados o no, muchos de ellos construidos sobre suelo público cedido en condiciones ventajosas (hay pagos por parcelas de menos de 700 euros mensuales) y con el concierto garantizado desde antes de su construcción, una práctica que estuvo prohibida hasta que se aprobó en la Lomce en 2013. Todos los datos que aparecen en este artículo provienen de las propias memorias de los centros de algún año entre 2015 y 2019.
Y esto es una de las primeras cuestiones que saltan a la vista: la alta presencia de sociedades mercantiles en el sector educativo concertado. De los 32 centros estudiados, 14 son sociedades de responsabilidad limitada, dos tienen la forma de sociedad limitada laboral, cuatro son sociedades anónimas, tres son fundaciones y dos son sociedades cooperativas. En total suman 25 porque entre los 32 centros hay algunos que pertenecen al mismo grupo, con lo cual tienen la misma forma societaria.
Uno de los ejemplos más claros de esta nueva concertada es el grupo Educare Inversión en Centros Educativos, S.L. Educare es propietaria de seis centros privados con concierto construidos sobre parcelas públicas cedidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid (Colegio Peñalvento, Colegios Peñalar, Colegio Valdefuentes, Colegio Torrevilano, Colegio Montesclaros y Colegio Atanes School) y tiene el 78,34% del Colegio Antamira, también sobre suelo público. Este gigante, creado como Educare Torrevilano, S.L., en 2008, manejaba en 2019 un saldo contable de 30,2 millones de euros para el largo plazo y otros 8,8 para “inversiones en empresas del grupo”, clasificadas como corto plazo, además de otros 4,9 millones de euros para “inversiones financieras a corto plazo”. Este grupo declaró en 2018 un resultado del ejercicio de 11,5 millones de euros tras impuestos.
Entramados societarios
La segunda derivada de este análisis es que los colegios concertados no son un adalid de la transparencia. A pesar de tener la obligación legal de hacerlo por su forma empresarial, muchos centros no presentan sus cuentas o la última vez que lo hicieron fue antes de 2015. Aún así, casi la mitad de las empresas analizadas (44%) presentan estructuras societarias complejas con las que explotan varios centros educativos, pero también invierten en distintas sociedades, carteras de valores o inmobiliarias.
Un ejemplo de estas prácticas es la empresa Escuela para el Futuro, S.A., que gestiona el colegio Greenwich School, de Alcobendas. Esta empresa posee además el 50% de otras dos, Centros Docentes Asturianos S.A. y LMJ, S.A., además de participaciones en Sociedades Anónimas de Inversión o Sicavs. El accionista mayoritario de esta empresa es un habitual del sector. Jesús Núñez Velázquez vendió hace unos meses la Universidad Privada Alfonso X el Sabio por varios cientos de millones de euros y posee colegios privados en Asturias y Madrid. Escuela para el Futuro consigna que recibió 4,1 millones de euros en 2019 en concepto de subvenciones y su centro está levantado sobre una parcela pública cedida a 75 años.
Otro ejemplo es San Jaime, S.L., que explota un colegio del mismo nombre. Esta empresa pertenece en un 99,99% a otra mercantil, Centro Cultural Liceo Sorolla, S.A. y tiene a su vez participaciones mayoritarias en dos inmobiliarias, una compañía de urbanización y otra cinegética.
De inversiones y dividendos
Una de las quejas recurrentes de los colegios concertados, y que utilizan para justificar el cobro de cuotas a las familias, es la infrafinanciación que dicen recibir. Las patronales de la escuela concertada llevan años exigiendo la actualización del módulo que les paga el Estado por unidad concertada, bajo el argumento de que no cubren gastos con él. No parece este un problema específico que sufran los centros analizados. La mayoría de las empresas tienen ratios de solvencia y liquidez por encima de los mínimos, presentan posiciones de liquidez en el corto plazo favorables y equilibrio patrimonial: las cuentas cuadran. Y, como hay dinero, se puede invertir en otras cosas.
De nuevo, hay ejemplos: el colegio Punta Galea, que gestiona una S.A. del mismo nombre, presentó en 2019 un excedente de tesorería de 3,1 millones de euros invertidos, bajo el epígrafe “inversiones financieras a corto plazo”, en la Cartera de valores Pictet (1,8 millones de euros), en la cartera de inversión Lombard Odier (un millón) o en acciones de Telefónica, Iberdrola, BSCH y BBVA (291.000 euros). Mientras, con la otra mano recibía una subvención ese mismo año de 1,7 millones de euros de un total de 2,2 millones de euros de “otros ingresos de explotación”.
Este centro es uno de los que distribuye dividendos. En concreto, Punta Galea distribuyó dividendo en 2019 por 240.000 euros, cantidad a sumar a los 772.000 euros repartidos desde 2015 (incluido), según sus propias cuentas. El registro no incluye el destino de esos dividendos.
Otro grupo que ha distribuido dividendo recientemente es Valrisco S.L.L., que gestiona los tres colegios El Valle. Esta empresa recibió 3,9 millones de euros de subvenciones públicas en 2019, año en el que distribuyó un dividendo de 1,3 millones de euros.
La Fundación Arenales también tiene registradas algunas inversiones inmobiliarias. En este caso es por parcelas adquiridas cuando se fundió con la Fundación Cristo de la Paz y presentan un valor contable de 2,3 millones de euros.
Beneficios y sueldos
De los 32 analizados, solo cuatro presentaron pérdidas en el año analizado (los colegios Mengual, Agora y Minerva, de menos de 10.000 euros; el Humanitas Bilingual School de Torrejón perdió más de 100.000). Otros, como el Greenwich School, tuvieron un resultado del ejercicio de 4,5 millones de euros positivos tras haber ingresado 4,1 en concepto de subvenciones y otros ingresos de explotación.
Otro elemento que se detecta analizando las cuentas son las retribuciones de las direcciones de algunos centros. El Colegio Punta Galea, que percibe 1,7 millones de euros en subvenciones en el ejercicio analizado, pagó a los miembros del Consejo de Administración 200.000 euros de sueldo. Un poco más percibió el Consejo Rector del Colegio El Catón: 235.000 euros anuales tras una subvención de 2,1 millones de euros. En el Estudiantes Las Tablas, la alta dirección ganó 147.000 euros y los miembros del órgano de administración, 171.000. La palma en este apartado se la llevan los miembros de la alta dirección de la Cooperativa Gredos San Diego, que percibieron 338.000 euros de salario en 2017, mientras los del Consejo Rector alcanzaron los 649.000 euros en un año.
Este es el modelo que el PP ha impulsado en los últimos 20 años, los que han pasado desde que Madrid adquiriera las competencias en Educación. El sector que se manifestó contra la Lomloe en torno a la plataforma Más Plurales porque se ponía en riesgo casi su propia existencia y la “libertad de elección” de las familias. El modelo que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quiere blindar con una ley educativa ad hoc, la Ley Maestra, que va directamente contra los postulados en la materia de la Lomloe y que será de las primeras, si no la primera, que apruebe el nuevo Gobierno.
