El AMPA del Centro Salesiano Santo Domingo Savio de Úbeda ha editado recientemente un folleto que contiene, entre otras cosas, un manifiesto ante la reducción de conciertos educativos promovida por la Junta de Andalucía.
El primer punto de este manifiesto recoge la necesidad de defender el derecho de las madres y padres a elegir libremente la educación que quieren para sus hijos, apelando al artículo 27 de la Constitución. Realmente, el punto 3 de este artículo señala que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Sin embargo, esta formación no tiene que tener lugar necesariamente en centros educativos financiados públicamente. Las madres y padres que deseen formar a sus hijos e hijas dentro de la moral católica tienen todo el derecho a hacerlo, pero en sus propios hogares (igual que le enseñan normas de comportamiento, valores, etc.) o en la parroquia correspondiente. De otra manera, tal y como ocurre actualmente con la impartición de la asignatura de religión, el disfrute de este derecho por una parte de la sociedad, por mayoritaria que pueda parecer (en Bachillerato ya es mayoría el alumnado que no se matricula en esta asignatura), conculca el derecho de otra parte a que sus hijos e hijas sean educados en el marco de una moral laica, incluso
atea.
A continuación, el manifiesto señala “la obligación de garantizar el derecho de la iniciativa social de ofertar centros educativos con un ideario y un proyecto educativo acorde a los valores constitucionales” y que estos centros sean sostenidos con fondos públicos, ya que estos fondos también salen de las aportaciones de los que eligen la enseñanza concertada. En primer lugar, las aportaciones de todos los contribuyentes, sean cuales sean sus creencias, deberían de dirigirse a la creación de centros públicos por parte de la Administración competente, y no a fomentar centros con determinados idearios que satisfagan las necesidades religiosas de nadie. Los conciertos educativos son más una “externalización” de servicios educativos que la propia Administración, en este caso la Junta de Andalucía, debería proporcionar por sí misma, más que una oferta de “tipos de educación”. Es más, a juzgar por el manifiesto, podría parecer que la enseñanza concertada es elegida siempre por eso del “ideario”, cuando mayoritariamente los padres y madres demandan plazas en los colegios que se emplazan cerca de sus domicilios o sus centros de trabajo, sean públicos o concertados, no en los colegios con un ideario determinado. Por otro lado, aunque la idea de un centro educativo con un ideario parece poco acorde a los valores constitucionales (¿se tratará por igual a todo el alumnado independientemente de sus creencias?), estaríamos de acuerdo con el derecho de que se oferten “centros con ideario” siempre y cuando estos centros no se financien con dinero público. Es de sentido común: ¿por qué debemos pagar entre todos el personal que imparte la asignatura de religión? ¿Debemos pagar entre todos al monitor de baloncesto de las actividades extraescolares, o es más razonable que lo hagan aquellos que inscriben a sus hijos e hijas en este deporte?
Por último, y en negrita, el manifiesto exige a la Administración pública andaluza el mantenimiento de los conciertos educativos en Andalucía, “conforme requiere la demanda de plazas”. Precisamente la demanda de plazas en centros concertados lo que indica es que la Junta de Andalucía no dispone de plazas suficientes en centros públicos y, en lugar de ampliar estas plazas públicas, recurre a los conciertos educativos. En ningún caso se trata de demandas de plazas concertadas específicamente. Por ello, aunque nos tememos que se trata sobre todo de una medida más de recorte presupuestario, desde Jaén Laico celebramos la reducción de los conciertos educativos, especialmente si se trata de centros con un ideario religioso, en los que la aconfesionalidad, que también está en la Constitución, tiene poca cabida, y la animamos a que la demanda de plazas escolares sea cubierta progresivamente con la creación de centros de titularidad pública que nos lleve a una verdadera ESCUELA PÚBLICA Y LAICA.
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