La España laica, republicana y federal, la de las fraternidades obreras, los círculos esperantistas y los ateneos populares murió en 1939 a manos del fascismo, pero los valores republicanos, por su carácter universal, perviven a día de hoy y renacen con vigorosas raíces. Por eso, la conmemoración de la II República el 14 de Abril no es un acto nostálgico de recuerdo del pasado, sino que nos invita a una reflexión renovadora sobre los problemas que todavía permanecen sin resolver en el Estado español.
La II República trajo numerosas innovaciones de gran calado. Pretendían superar, en sentido modernizador, los principales factores de atraso social y político que arrastraba el país desde los inicios del siglo XIX: en lo político, el establecimiento de una auténtica democracia representativa; en lo social, la reforma agraria y una legislación laboral acorde con los tiempos; en lo religioso, la instauración de un Estado laico, mediante la separación de Estado e Iglesia, y en lo militar, con la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil.
Este segundo intento republicano fue el primer régimen realmente democrático en nuestra Historia. Desarrolló medidas tan decisivas como la implantación del sufragio verdaderamente universal, con reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. La Constitución de 1931 fue también la primera que abordó el desarrollo de los derechos sociales y económicos, y las bases de lo que hoy conocemos como Estado del bienestar. Asimismo, trató de resolver propositivamente la articulación territorial de España mediante el sistema de estatutos de autonomía, elaborados por iniciativa de los territorios que aspiraban a su autogobierno. El Estado español se adelantó en proclamar la renuncia a la guerra como instrumento de política internacional.
En definitiva, la Carta Magna instauró un Estado moderno, laico y democrático. Introdujo el principio de laicidad del Estado y medidas como el divorcio, el matrimonio civil y la enseñanza laica.
El Gobierno republicano era heredero del pensamiento progresista del siglo XIX, que vinculaba el laicismo al progreso de la nación. Para modernizar la sociedad española se hacía necesario, a su entender, una regulación que garantizara el control de la enseñanza pública, separándola de toda influencia de las órdenes religiosas. Dicho proyecto encontró una decidida oposición desde una Iglesia, aferrada ya entonces al principio de confesionalidad del Estado. La Constitución republicana afirmaba, en su artículo 3º, que “el Estado español no tiene religión oficial”.
Ninguna de las medidas del Gobierno republicano causó tanta polémica como la decisión de instaurar una escuela laica y, más concretamente, la no obligatoriedad de la asignatura de religión, primero, y la supresión, después, de dicha asignatura en las escuelas públicas. El ideario republicano, que recogía las principales corrientes de innovación pedagógica, se resumía en una escuela laica, unificada y coeducativa de alumnos y alumnas. No en vano, se conoce a la II República como “la República de los maestros”. “Laica, obligatoria y gratuita”, así defendía la enseñanza la Constitución de 1931, que atribuía al Estado el servicio público de la Cultura.
La construcción de una propuesta política republicana debe ir más allá del cambio en la jefatura del Estado. Ha de ser una propuesta que desarrolle un marco común de valores, de derechos y de libertades con los que los republicanos nos sintamos identificados.
En la España actual del Gobierno del Partido Popular más que nunca existen razones para reivindicar los valores republicanos y la necesaria defensa de la democracia. Estamos en un momento de ataque furibundo a los derechos laborales, de recortes en el Estado del bienestar y de represión política y judicial inimaginable, como la que han sufridos dos jóvenes estudiantes de Barcelona, Isma y Dani, por el solo hecho de participar en un piquete informativo con motivo de la huelga general del 25-M, que nada tuvo que ver con los disturbios sucedidos en la tarde de ese día.
Hoy ser republicano es ser un demócrata consecuente. Significa ser una persona que exige que los ciudadanos y ciudadanas no sean meros consumidores en manos de los mercados, sino sujetos cívicos que accionan sobre todos los momentos y decisiones que tienen que ver con sus vidas. De esa actuación no se deben escapar esos momentos y acciones de nuestra memoria histórica colectiva para recordar que el franquismo permitió morir al dictador en la cama pero que seguiremos, aunque les pese a los jueces del Tribunal Supremo, exigiendo ‘Memoria, Justicia y Reparación’ ante los crímenes de la dictadura.
Ser republicano o republicana hoy en España es, por suerte, una seña de futuro, de propuesta ilusionada en una sociedad más justa y en una política distinta que abra nuevas alamedas a las carcomidas renuncias del pasado.
*Joan Josep Nuet, diputado de IU por Barcelona y portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados
