En atención a una demanda insistentemente planteada por las organizaciones liberales y democráticas de México, el Constituyente Permanente acordó que la República, además de representativa, democrática y federal, debía de ser laica.
No obstante que la laicidad del Estado mexicano se encuentra implícita en varios de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: tercero, 24 y 130, los legisladores federales consideraron conveniente afianzar esa cualidad, añadiéndola explícitamente al artículo 40 de dicho ordenamiento.
Si la adición es aprobada por al menos la mitad más uno de las legislaturas estatales, se habrá acreditado, una vez más, la profunda vocación libertaria y democrática del pueblo mexicano.
Ello es así porque el Estado laico es un Estado tolerante, que no impone ni prohíbe al individuo creencias filosóficas, ideológicas o religiosas, pues considera que creer o no creer es una decisión sólo concerniente a la persona humana, en la cual no tienen porque tratar de influir ni el legislador ni la autoridad política.
La vida interna de la persona, que la hace creyente o no creyente, afirmaba don Jesús Reyes Heroles, “…es inalcanzable para cualquier intento de dirección u orientación externo a la persona misma”.
Muchos años tuvieron que luchar los mexicanos para obtener la libertad de conciencia y la batalla decisiva habría de librarse en la asamblea constituyente de 1856-57. Mientras que los conservadores bregaban por impedir la libertad de cultos, los liberales se afanaban por consagrarla como un derecho humano protegido por la Constitución. Apenas el diputado Castañeda había lanzado la interrogante provocadora: “¿en un pueblo en que hay unidad religiosa, puede la autoridad pública introducir la tolerancia de cultos?”, cuando ya José María Mata replicaba: “… El legislador… no tiene derecho a mezclarse en un asunto que no está bajo su dominio, se abstiene de injerirse… en lo que se refiere a las relaciones entre el hombre y Dios… La libertad de conciencia es, pues, un principio que bajo ningún aspecto puede ser atacado legítimamente, y la libertad de cultos, consecuencia de ese mismo principio, no puede negarse sin negar aquél…”
De aquel célebre debate, finalmente ganado por el partido progresista, surgió la inclinación hacia la laicidad del Estado mexicano: separación de las funciones concernientes a las iglesias con respecto de las inherentes al Estado; supremacía del poder civil sobre el poder religioso; libertad de conciencia, de religión y de culto; educación ajena a toda injerencia religiosa; prohibición legal de sustentar el quehacer de la política en credos o símbolos de carácter religioso.
Las razones de tal inclinación presentes están en todas las etapas de la historia nacional.
Sobre los demás, el deber fundamental del Estado laico consiste en instituir, legitimar, proteger y hacer respetar la libertad de conciencia imbíbita en el ser humano; en salvaguardar ese preciado bien espiritual de toda amenaza o intento de limitación, pues en su vigencia radica una de las claves más vigorosas de la sana convivencia colectiva: de la tolerancia y el respeto al próximo, nacen las raíces de la fraternidad.
El Estado laico deviene, por su propia naturaleza, en el Estado democrático y, como bien preconizaba don Benito Juárez: “la democracia es el destino de la humanidad futura”, hoy, a 161 años de su declaración, 126 países han adoptado la forma de gobierno laica y democrática y algunos más están por decidirlo.
Por eso sorprenden y perturban los intentos trasnochados de ciertos jerarcas de alto rango, que pretenden dar marcha atrás a las manecillas del reloj de la historia y en actitud por demás irresponsable quieren resucitar conflictos que se dirimieron hace siglo y medio. Ahora batallan por reformar el artículo 24 de la Constitución para inseminar ideas que no buscan instaurar un principio que ya se encuentra debidamente consagrado en nuestra Carta Magna, sino torcer su generoso espíritu, su ánimo de conciliación y de concordia, para tratar de restaurar, lo cual es imposible, fueros y privilegios antañones que los propios mexicanos cancelaron por ser nocivos a la convivencia en libertad.
Bien por los legisladores zacatecanos que, como los de otras entidades federativas, han puesto freno a la ambición de clérigos con clara intencionalidad política. Que los representantes populares pendientes de emitir su voto asuman su responsabilidad histórica, que den ejemplo de vocación federalista, despejen equívocos, deshagan entuertos y restituyan en su plena majestad el legado juarista: la República Mexicana es, en esencia, democrática y laica.
